De policías e hipocresías

El gran tema de debate político de la semana que está terminando es el relacionado con el posible traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Las autoridades electas de la Ciudad están pidiendo la modificación de la Ley Cafiero y el traspaso de la Policía con sus fondos a la Ciudad, mientras que el Gobierno nacional (que en un primer momento había estado de acuerdo con la idea) ahora dice que no transferirá los fondos "por miedo a que las provincias se le tiren al cuello".
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Vamos por partes. ¿La Ciudad tiene que tener su propia policía? Absolutamente sí. Es inconcebible que un distrito de tres millones de habitantes, perteneciente a un país en teoría federal, no tenga posibilidades de controlar su propia política de seguridad o de contar con las herramientas para poder implementar una. Si provincias como Tierra del Fuego (100.000 habitantes) pueden contar con su propia policía, ¿por qué Buenos Aires no? La época de Buenos Aires como dependencia del Presidente a través del intendente ya terminó en 1994.
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¿En caso de traspasarse la Policía, debe recibir los fondos que actualmente le asigna el gobierno federal? Absolutamente sí. Existe una pequeña cláusula de la Constitución, que seguramente Kirchner y Alberto Fernández no la leen cuando se llevan la Ley Fundamental al baño para ayudarse, que exige que no puede haber transferencia de funciones sin la correspondiente transferencia de partidas y fondos: "No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso" Artículo 75, inciso 2, para los interesados.
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Menciono ese inciso constitucional porque uno de los muchos cargos que desde el kakismo y la progresía se le lanzan a los militares y al gobierno de Menem ("¡malo, malo, milico malo! ¡Turco fuchila!", como reza el discurso político kakista) es que se les transfirieron numerosas facultades a las provincias, tales como las escuelas y los hospitales, sin que esas transferencias estuvieran acompañadas por los fondos que usaba el Estado federal para financiarlos. Claro, nos dice el progresista preocupado: en esa época se hacía para instalar un modelo neoliberal de ajuste del Estado, concentración de riquezas y promoción del Johnnie Walker de Galtieri y la pizza con champagne de Victor Alderete, así que es malo... no como ahora, que se hace con el laudable objetivo de evitar que "la derecha" pueda gobernar.
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¿Las provincias se pueden quejar de esto? Mi respuesta, y lo digo con todo respeto, es: ¿qué cuernos les tiene que importar a las provincias? Primero y principal: ya están solventando los gastos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Policía Federal, así que no es como si vinieran los "salvages unitarios" a sacarles plata de sus pobres arcones para pagar la policía de los porteños. Segundo, yo quisiera saber cuánto de lo que los ciudadanos de la Capital pagan en impuestos acaba solventando los gastos corrientes de las provincias, no solamente los policiales. Si se irrita el prurito de las provincias por esta cuestión, sería justo que Buenos Aires también haga lo propio.
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Si las autoridades provinciales tuvieran algo de sentido común, aprovecharían la oportunidad para presionar por una nueva ley de coparticipación que defina de una vez por todas cómo se repartiría el dinero recaudado a través de los impuestos. Pero supongo que no lo van a hacer, tal vez por miedo al psicópata de la Casa Rosada o porque toda esa sanata del federalismo y las autonomías provinciales con la que se llenan la boca desaparece en cuanto les muestran los billetes de la caja que pueden ir para ellos o sus amigotes.
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Último argumento: el Estado necesita tener una Policía Federal para combatir los delitos federales. Absolutamente de acuerdo. Es más, quisiera que Mamerto o Anímal Fernández se tomaran el trabajo de revisar un organigrama de la Policía Federal Argentina; verían que la PFA se organiza en doce superintendencias de las cuales SÓLO UNA, la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, está afectada al mantenimiento de la seguridad y el orden en la Capital. Bueno, dos si contamos la Superintendencia Federal de Bomberos. Dos superintendencias serían susceptibles de ser transferidas de doce que existen. Las otras diez (Administración, Bienestar, Interior y Delitos Federales Complejos, Investigaciones Federales, Planificación y Desarrollo, Personal Instrucciòn y Derechos Humanos, Comunicaciones Federales, Policía Cientifica, Drogas Peligrosas, y Federal de Transporte, para los interesados) podrían perfectamente permanecer en manos del Ministerio del Interior de la Nación, formando una Policía Federal que realmente sea federal, y que no sea además municipal como es ahora.
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Que los Fernández se ocupen de sus trabajos; la Policía Federal va a seguir existiendo.

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Pero en fin, de nada sirve que se digan estas cosas. Como siempre en la República Argentina (que no es república sino monarquía matrimonial), que es federal (de la boca pa'fuera) y respetuosa de las instituciones (siempre que éstas respeten la voluntad del monarca), se hará lo que el Pingüino Emperador diga.
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¡Salve Kirchner!