Una historia paralela de la Argentina (1806 - 2010)
20. Hacia el Siglo XXI (1983-2010)
El momento cumbre del proceso que el gobierno de William Snowden había motorizado casi contra la opinión general en 1978 llegó el 25 de mayo de 1983 con las primeras elecciones generales para la Presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes bajo los auspicios de la nueva Constitución. En reconocimiento tanto a la calma que reinó durante los cinco años anteriores como al gran logro que representó la Constitución y al consenso que la misma tenía en toda la sociedad, el Partido Socialdemócrata recibió un fuerte mandato del electorado para continuar en el gobierno, mientras que el Partido Nacional se alzaba con la victoria en la primera elección que los argentinos hacían de su jefe de Estado.
En un acto solemne en el Palacio del Parlamento, el socialdemócrata Bernard Sanguinetti juraba como Primer Ministro ante el también flamante Presidente de la República, el nacional Ernest Carney. Las prioridades de los nuevos Presidente y Primer Ministro pasaban por poner en marcha el nuevo armado institucional, probar su funcionamiento y asegurarse de que el arduo proceso constitucional rindiera frutos y le diera a la Argentina la estabilidad política que la había eludido durante el cuarto de siglo anterior.
El contexto económico que vivió el gobierno de Sanguinetti no fue particularmente favorable, pero tampoco acarreó los problemas que habían complicado a muchos de sus predecesores. Si bien la inflación no pudo ser eliminada de cuajo, se mantuvo dentro de márgenes controlables que evitaron una mayor conflictividad social.
Durante este período comenzaron los reclamos para promover una reforma del gran sistema de empresas públicas, que para comienzos de la década de 1980 ya estaban empezando a mostrar problemas de sustentabilidad y de déficits crónicos. Sin embargo y fiel a las tradiciones partidarias, Sanguinetti rechazó cualquier intento de privatización de las empresas públicas, aunque dio algunos pasos tentativos en la misma línea que Bordaberry siguió unos cuantos años antes e instrumentó medidas para permitir la participación accionaria minoritaria en ciertas corporaciones de propiedad estatal.
Sanguinetti debió además enfrentar dos temas que desataron una fuerte polémica en la sociedad argentina. El legado de la lucha contra el terrorismo y de las fuertes medidas que tomó en su momento el gobierno de Juan María Bordaberry adquirió notoriedad pública a través de los esfuerzos de varias organizaciones para que se investigara la comisión de posibles abusos en la aplicación de las disposiciones de emergencia.
Aunque buena parte del Partido Socialdemócrata apoyaba una iniciativa de investigación pública, la oposición del Partido Nacional la rechazó de plano y algunos de sus dirigentes (aunque no los del elenco principal del partido) acusaron a los impulsores de estas propuestas de albergar simpatías con el nacionalismo hispanoparlante y con la izquierda revolucionaria.
La decisión del Primer Ministro fue conformar una comisión parlamentaria con representantes de todos los partidos que se dedicaría a la investigación de esas acusaciones. A lo largo de un año y medio de trabajo, la comisión recabó no sólo los testimonios de los denunciantes sino también los de funcionarios, militares y policías involucrados en las operaciones antiterroristas, en medio de un intenso escrutinio público y periodístico.
El informe fue publicado el 4 de junio de 1985 ante el presidente Carney y el Parlamento en pleno. En sus páginas se pudo dar constancia de numerosos incidentes de “abusos” y “excesos” en la lucha contra el terrorismo, aunque las acusaciones de que se debían a un presunto “plan sistemático” no pudieron ser verificadas. Durante los años siguientes se celebrarían procesos judiciales para los casos más prominentes, algunos de los cuales terminarían en condenas. Sin embargo, los temores sobre una posible inquietud militar demostraron ser infundados, ya que los altos mandos de las Fuerzas de Defensa anunciaron públicamente su respaldo a la investigación y sus conclusiones, y su disposición a colaborar en lo posible.
El segundo tema polémico de este período comenzó en la apertura del período de sesiones del Parlamento del año 1986 cuando Sanguinetti, sin haber dado ningún indicio previo, solicitó la palabra luego del discurso del presidente Carney para ofrecer una disculpa pública a las comunidades aborígenes de la Argentina por las políticas de asimilación cultural y social que el gobierno argentino había puesto en marcha desde la Federación hasta mediados de siglo.
El pedido de disculpas provocó una conmoción en la sociedad argentina y desató un fuerte debate sobre el pasado histórico de la nación, como así sobre la posibilidad de indemnizar a las comunidades aborígenes, tal como algunos de sus dirigentes habían solicitado. De este debate surgiría una ley que reconocería a las comunidades la propiedad de algunas de sus tierras históricas y la protección de sus instituciones culturales tradicionales. A la larga, este debate no perjudicó como muchos temieron las posibilidades electorales del oficialismo, que se vio respaldado en las elecciones parlamentarias de 1987.
Sanguinetti también mantuvo una activa política en los asuntos internacionales, aunque su foco principal se posó en Sudamérica. En un esfuerzo para superar la larga tensión y rivalidad con Brasil, tanto el presidente Carney como el primer ministro Sanguinetti hicieron en 1987 una histórica visita oficial a Brasilia y mantuvieron reuniones de alto nivel con el presidente brasileño Tancredo Neves y su gobierno. De esas reuniones surgirían iniciativas para disminuir las tensiones políticas, comerciales y militares entre Argentina y Brasil y avanzar en una relación más constructiva, ejemplificadas por la participación de unidades militares brasileñas en el imponente desfile militar que se celebró en Rosario como parte de los festejos oficiales por el centenario de la Federación argentina.
Esto permitió además reavivar el proceso de integración económica de Sudamérica, que había quedado casi congelado después de los prometedores inicios de la década de 1960 y 1970. Años de negociaciones de alto nivel, algunas públicas y otras reservadas, concluyeron con la firma del Tratado de Salta el 1 de abril de 1987, para constituir un Mercado Común Sudamericano (Mercosud) entre la Argentina, Brasil, Chile y Atacama. Con sus instituciones permanentes asentadas en la ciudad de Salta, el Mercosud promovería la reducción de barreras arancelarias, la creación de instituciones comunes y la promoción de la integración económica y política entre los países de la región, con el objetivo eventual de constituir una unión continental al estilo de la Comunidad Europea.
La Argentina llegó así a las elecciones generales de 1989, en las que el electorado nacional brindó un fuerte respaldo al Partido Socialdemócrata, lo que resultó en la elección del senador Gerardo Russo como Presidente de la República y en la llegada de Quentin Dellarue, ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Sanguinetti y sucesor suyo en el liderazgo socialdemócrata, a la conducción de la administración nacional.
Como Ministro de Asuntos Exteriores, Quentin Dellarue había sido el hombre que tradujo las iniciativas de Carney y de Sanguinetti en política exterior a los resultados concretos del acercamiento con Brasil y de la constitución del Mercosud. Su reputación de diplomático firme pero razonable le había permitido ascender al tope del Partido Socialdemócrata sin apelar a la ferocidad de las luchas intestinas de poder, y posteriormente le permitió llevar a los socialdemócratas a la victoria electoral de 1989.
La experiencia diplomática de Dellarue probó ser esencial para que la Argentina pudiera afrontar los vertiginosos cambios en el escenario internacional que resultaron del colapso del bloque soviético. En parte por el impulso argentino, los países del incipiente Mercosud se aprestaron en la línea de largada para posicionarse en los nuevos mercados de Europa Oriental.
Esto no impidió que la Argentina abandonara su clara alineación con Occidente. Cuando Irak lanzó su invasión de Kuwait en 1990, la Argentina fue uno de los primeros países en comprometer efectivos militares para las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto. En la Guerra del Golfo participarían un total de tres mil militares argentinos, tanto en los dos batallones de las tropas de tierra y en los efectivos de apoyo de combate y asistencia de emergencias como en el escuadrón de aviones de combate y los cinco buques de guerra con que el país contribuyó al esfuerzo de la Coalición contra Saddam Hussein.
Dellarue también buscó darle más ímpetu a la construcción del Mercosud y promover la integración política de Sudamérica. Se inició así un proceso multinacional para el establecimiento de un Parlamento Sudamericano y para la creación de un sistema de defensa y seguridad colectiva en el subcontinente, que en este período se manifestó a través de la multiplicación de ejercicios militares combinados y el fomento de medidas de confianza entre los países sudamericanos.
Pero fue la economía la que trajo los mayores dolores de cabeza a Dellarue. Luego de varios años de relativa calma, la combinación del creciente déficit fiscal y un aceleramiento de la inflación fueron poderosas señales de alerta respecto de los problemas de fondo de la economía argentina: un sector público sobredimensionado, una industria protegida más allá de lo recomendable y una preocupante pérdida de la competitividad general del país.
El pico inflacionario de diciembre de 1991, en el que la tasa de aumento de precios se disparó del 2% mensual al 6%, no pudo venir en peor momento para un gobierno que ya empezaba a hacer planes para las elecciones del año siguiente. Las políticas que Dellarue tímidamente puso en marcha no darían resultados sino hasta dentro de un tiempo, que claramente no sería el suficiente como para que esos resultados ayudaran al Partido Socialdemócrata a vencer una elección que se tornaba cada vez más complicada.
A pesar de los esfuerzos de Dellarue y del oficialismo, no pudo evitarse la derrota en los comicios parlamentarios de 1992, que llevaron al Partido Nacional a su primer gobierno de mayoría propia desde que Peter Leonard ganara las elecciones de emergencia de 1956. La Argentina se aprestaba así a experimentar un período de cohabitación entre la presidencia socialdemócrata de Russo y el nuevo gabinete que encabezaría el nacional Carlos Mannheim como Primer Ministro.
Mannheim era decididamente uno de los líderes más insólitos que alguna vez había tenido el Partido Nacional, tradicionalmente dominado por los angloparlantes y por el sector más acomodado de la comunidad hispanoparlante. Antes de dar el salto a la política federal, Mannheim había sido premier de su provincia natal de Misiones, desde donde había tenido una activa participación en el aumento de las relaciones con Brasil. Como descendiente de inmigrantes alemanes afincados en la ciudad de Blumenau, el nuevo Primer Ministro no sólo hablaba los dos idiomas oficiales sino también el alemán y el portugués, este último gracias a sus vínculos con la pequeña pero pujante comunidad lusoparlante del noreste argentino.
La agenda que Mannheim llevó a Rosario tras ganar los comicios de 1992 estaba centrada en la necesidad de recuperar la fortaleza económica del país, sanear un sector público aquejado por déficits crónicos y servicios de calidad cada vez más perjudicada, y potenciar a la integración sudamericana como plataforma para el relanzamiento argentino en la economía internacional. Aunque muchos ya identificaban a Mannheim como un exponente del ala más liberal en lo económico que tenía para ofrecer el Partido Nacional, nadie pudo siquiera imaginar la rapidez y contundencia con que el nuevo Primer Ministro impondría su programa.
Sin dar el menor respiro, Mannheim impulsó un vasto proceso de privatización de las grandes corporaciones públicas de la Argentina. Este proceso comenzó con la venta de la mayor parte del paquete accionario de Argentine Airways a un consorcio británico y español, y siguió con la introducción de capitales privados nacionales y extranjeros en las empresas proveedoras de energía, en Argentine Petroleum, Argentine Telecom y en la administración de los servicios de pasajeros y de carga de Argentine Railways, que continuaría su existencia como una entidad de desarrollo y supervisión del sistema ferroviario nacional.
A pesar de la infructuosa oposición de los socialdemócratas, el gobierno de Mannheim prosiguió con las privatizaciones hasta finales de 1993, cuando se produjo la venta del paquete accionario que el Estado tenía en los canales de televisión y emisoras radiales que no pertenecían formalmente a ARBC.
Mannheim también se ocupó de enfrentar la inflación. Para ello, el gobierno redujo las trabas arancelarias, relajó los controles de precios y las restricciones comerciales que todavía quedaban en pie, e implementó una política de reducciones impositivas para las nuevas empresas y para el desarrollo de capacidades productivas. Aunque estas medidas no tuvieron un éxito inmediato y todavía se deberían enfrentar algunos picos inflacionarios, para comienzos de 1994 la inflación había descendido a una tasa inferior al 1% por primera vez en décadas.
Hubo fuerte resistencia a las políticas que el gobierno aplicó para reducir el déficit fiscal que desde hacía años que agobiaba a la economía nacional. Además de la gran reducción de gastos que se pudo emprender gracias a las privatizaciones, Mannheim y su ministro de Finanzas, David Corbin, dispusieron grandes reducciones en el gasto público, particularmente en los sectores de salud, subsidios económicos y servicios, operando con la expectativa de que el incremento en la actividad privada permitiría reemplazar la participación estatal. En gran medida éste fue el caso, aunque el costo que el gobierno debió pagar incluyó una fuerte campaña de protestas sindicales y de otros sectores afectados por los recortes, que pusieron a Mannheim ante el riesgo certero de que el Parlamento rechazara su proyecto de presupuesto para 1994 y precipitara su caída del poder.
Para comienzos de 1995 las medidas económicas puestas en práctica por Mannheim en los años anteriores empezaban a rendir resultados. La baja de la inflación y el crecimiento de la actividad privada derivaron en una sorprendente reactivación de una economía que, gracias a la consolidación del Mercosud y a la liberalización del comercio internacional, encontraba nuevos mercados y oportunidades para expandirse. La economía argentina, que en 1992 parecía encaminada a una crisis prolongada y quizás terminal, ofrecía tres años después un panorama de pujanza y desarrollo que ni los más optimistas habían imaginado.
En este clima positivo, a pocos pudo sorprender la contundente victoria electoral del Partido Nacional en las elecciones generales de 1995. No sólo Mannheim pudo permanecer en el poder y ampliar la ventaja de su partido en la Cámara de Representantes y en el Senado, sino que también se impuso la candidata nacional a la Presidencia de la República, la por entonces premier provincial de Tehuelchia, Andrea Heersfeld.
Concluidas las reformas económicas del período anterior, Mannheim quiso darle a su segundo período una impronta más internacional, por lo que se dedicó en gran medida a trabajar junto con sus pares de la región en la consolidación del Mercosud. Esta organización supranacional había entrado en plena vigencia el 1 de enero de 1994 y a pesar de su desempeño satisfactorio, todavía persistían desacuerdos y controversias entre Argentina y Brasil por ciertas políticas internas de fomento a la industria nacional. Estas controversias pudieron ser resueltas en la llamada Conferencia de Iguassu, una reunión cumbre entre Mannheim y el presidente brasileño Fernando Collor de Melo que culminó años de arduas negociaciones para lograr que el bloque supranacional pudiera funcionar efectivamente.
La Argentina también reafirmó su política de participación en misiones de paz en el marco de las Naciones Unidas, en particular con el envío de contingentes militares a la ex Yugoslavia y a Haití. Durante este período se trabajó en una política de reequipamiento y modernización de las Fuerzas de Defensa Argentinas para adaptar a la institución militar del país a los desafíos del mundo posterior a la Guerra Fría.
De la mano de las empresas concesionarias de los respectivos servicios públicos, el gobierno de Mannheim puso en marcha a partir de 1996 un amplio plan de modernización de la infraestructura nacional. El énfasis estuvo puesto en la actualización de los servicios ferroviarios, aeroportuarios y marítimos, de forma tal de abaratar los costos de transporte y beneficiar así las capacidades de producción y exportación de la economía nacional.
El 18 de mayo de 1996 el terrorismo internacional hizo su primer golpe en la Argentina. Un coche bomba destruyó la sede de la Federación Nacional de Entidades Israelitas en Buenos Aires, matando a 72 personas e hiriendo a 224. La investigación montada por el gobierno con la colaboración de agencias de inteligencia extranjeras descubrió que el atentado era obra de grupos extremistas islámicos que para alarma del gobierno, habían ganado influencia en segmentos discretos y minoritarios de la comunidad musulmana argentina.
El atentado en Buenos Aires influiría en un problema al que la Argentina empezaba a enfrentarse. Como consecuencia del importante crecimiento económico vivido en los años anteriores, se produjo un súbito aumento de la inmigración de los países vecinos. Al igual que en otros países que se enfrentaron a esta situación, la Argentina se debatió entre los que postulaban la recepción irrestricta de los inmigrantes y los que miraban con reservas el fenómeno e insistían en una política de asimilación cultural.
Como consecuencia de la violencia de los años ’70 provocada por el nacionalismo hispanoparlante y el ejemplo demasiado presente de la brutal disolución de Yugoslavia, que habían provocado en la sociedad argentina una perdurable desconfianza hacia la división de la sociedad en líneas culturales, la Argentina no siguió el camino multiculturalista de otros países y optó por continuar con la “argentinización” de los inmigrantes a través del sistema educativo y legal, y de la enseñanza obligatoria del inglés y del castellano.
Aunque para 1998 los logros económicos de las reformas de Mannheim eran innegables, el trauma que representaron estas transformaciones en la sociedad argentina, junto con el surgimiento en el Partido Socialdemócrata de una poderosa tendencia centrista que aceptaba la realidad económica al estilo de la Tercera Vía del primer ministro británico Tony Blair, más el comprensible cansancio de la sociedad hacia el gobierno de turno, pusieron al Partido Nacional en una posición defensiva. De cualquier manera, el resultado de las elecciones que tuvieron lugar en septiembre de ese año sorprendió a los que creían como inevitable una nueva victoria de los nacionales y consagró por una respetable mayoría al Partido Socialdemócrata como nueva fuerza de gobierno.
Para mayor sorpresa, el hombre que se convirtió en Primer Ministro fue el mismo a quien Mannheim había vencido en 1992: Quentin Dellarue. En la campaña electoral, Dellarue había prometido mantener las políticas que la administración de Mannheim había puesto en marcha, aunque aseguró que haría lo posible por darle “un rostro humano” a la gestión gubernamental.
En su segundo mandato, Dellarue mantuvo su promesa: a pesar de las quejas de algunos de los sectores más dogmáticos del Partido Socialdemócrata, el gobierno no revirtió las políticas de privatización y de apertura comercial, e incluso continuó con una iniciativa de la administración anterior para reestructurar la deuda pública del país. Estas fueron decisiones acertadas que demostrarían su validez, ya que para fines de 1998 comenzaba a percibirse un enfriamiento de la economía que podía desembocar en una recesión en el futuro cercano.
Aún en este contexto, se revirtieron algunos de los recortes de políticas sociales y sanitarias que Mannheim había dispuesto como parte de un plan de reforma de la asistencia social que debía mejorar el servicio sin representar una carga onerosa para el sector público nacional.
La mayor iniciativa que impulsó el gobierno de Dellarue fue el llamado “Plan 50”, presentado a comienzos del año 2000: un conjunto de políticas que, fijando el cincuentenario de la República que se celebraría en 2010, preveía metas a cumplir en términos que incluían la evolución de los indicadores sociales, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento económico, con miras a mantener a la Argentina como la economía más diversificada y avanzada del continente aún cuando la de Brasil empezaba a perfilarse como superior en términos absolutos. Este plan recibió un fuerte respaldo tanto del oficialismo como de la oposición, lo que lo convertiría en la agenda oficial del país durante los siguientes 10 años.
Dellarue volvió a destacarse en el campo diplomático, siendo particularmente notoria la mediación que tanto él como la presidente Heersfeld hicieron cuando a comienzos de 1999 Colombia y Perú libraron una breve guerra a causa de una disputa limítrofe. El Primer Ministro logró además movilizar a los países del Mercosud en el esfuerzo diplomático, que culminaría con un cese al fuego y una retirada escalonada de ambos países, seguida por el despliegue de una fuerza de paz integrada por tropas de los países pertenecientes al Mercosud.
Sin embargo, la salud empezó a traerle problemas a Dellarue. Las tensiones del gobierno y una constitución que ya no era tan fuerte como antes tuvieron al Primer Ministro aquejado por enfermedades y malestares en forma casi constante. Un episodio de neumotórax en noviembre de 2000 y un principio de infarto en febrero de 2001 fueron una señal de alerta que sólo podría ser ignorada a riesgo de la vida del Primer Ministro.
Siguiendo la recomendación de sus médicos, Dellarue anunció que no iba a presentarse para las elecciones legislativas de 2001 y que iba a abandonar la política. Su sucesora iba a ser su ministra de Justicia, Elisa Iglesias, una dirigente en ascenso dentro del Partido Socialdemócrata conocida por su capacidad de trabajo y también por un temperamento explosivo que le había dado una gran notoriedad en el mundo político argentino.
Por otro lado y para suceder a Andrea Heersfeld en la Presidencia, los socialdemócratas postularon al ex primer ministro William Snowden, quien gozaba de un consenso favorable aún entre los que simpatizaban con otros partidos políticos. Las elecciones de 2001 representaron una fuerte victoria para los socialdemócratas, quienes volvieron a conseguir tanto la Presidencia como el gabinete. En estas elecciones se dio además un hecho que representó un notable cambio con el esquema bipartidista que se había impuesto desde la reforma constitucional: una nueva fuerza política, el Partido Liberal, pudo formar un bloque nada despreciable de 18 parlamentarios en la Cámara de Representantes.
Los desafíos de esta etapa no tardaron en llegar. Aquella recesión que se había insinuado a comienzos del segundo gobierno de Dellarue llegó con fuerza a mediados de 2001, que sería un año que terminó sin crecimiento económico por primera vez en una década y con un perceptible aumento del desempleo. Aunque la economía no viviría los momentos de gloria que supo alcanzar durante los años de Mannheim, la administración juiciosa y frugal de Iglesias ayudó a que el país sobrellevara el mal momento económico con solvencia y que pudiera encaminarse más rápidamente a la recuperación que muchos de sus vecinos.
En el campo internacional, el período de Iglesias estuvo marcado por las secuelas del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Fiel a la alianza con los norteamericanos, el gobierno argentino no dudó en colaborar con el envío de tropas a las misiones internacionales en Afganistán, aunque la campaña que los Estados Unidos emprendieron contra Irak en 2003 fue objeto de grandes protestas en Argentina, lo que hizo que la Primera Ministra redujera la magnitud de la colaboración prevista a algunos cuantos efectivos de apoyo de combate y un par de buques de guerra.
El gobierno de Iglesias también dio un fuerte impulso al desarrollo de las nuevas tecnologías en el país. Con la plena intención de convertir a la Argentina en la meca digital de Sudamérica, o incluso del hemisferio sur, el gobierno argentino promovió con exenciones impositivas y otros incentivos la radicación de industrias dedicadas a la electrónica avanzada, al desarrollo tecnológico y a las telecomunicaciones en “polos tecnológicos” distribuidos por todo el territorio nacional, lo que contribuyó a encontrar salidas creativas para el estancamiento económico.
El interés por las nuevas tecnologías también llegó al campo y a la industria. En busca de nuevos caminos que permitieran superar el incómodo momento económico, ambos sectores hicieron una fuerte apuesta a la innovación tecnológica, tanto con la introducción de modernas técnicas de ingeniería genética en el campo como en el desarrollo de nuevos procesos en el sector industrial.
A pesar del complejo estado de la economía, el Partido Socialdemócrata obtuvo un respaldo a su gestión en los comicios parlamentarios de 2004. Fortalecida en su cargo, Iglesias pudo encarar medidas económicas que ayudaron a revertir el curso de la recesión, encarrilar a la Argentina en una modesta recuperación beneficiada por los altos precios de los productos agropecuarios que exportaba el país y continuar con la puesta en marcha del Plan 50.
Un paso importante que ayudó a la recuperación económica fue la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos, el cual fue ratificado por el Parlamento en febrero de 2005. Según los términos del TLC, la Argentina podía exportar sus productos a los Estados Unidos sin enfrentarse a las barreras arancelarias de dicho país. De esa forma, la Argentina pudo consolidar su posición en un mercado en el que tradicionalmente había tenido problemas. Aunque el TLC también facilitaba el ingreso de productos norteamericanos a la Argentina, por lo general se trataba de bienes y servicios de alta tecnología que ayudaron a incrementar la productividad y la calidad de los propios bienes y servicios del país.
2005 fue también el año en que el Mercosud, con apenas una década de vida, dio un paso vital para transformarse en una poderosa instancia de integración sudamericana. En una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en la capital peruana de Lima, los países de toda Sudamérica acordaron constituir la Unión Sudamericana (Unisud) a partir tanto del Mercosud como de su contraparte regional, la Comunidad Económica Andina, integrada por Colombia, Venezuela, Perú, Surinam y Mirandia. La Unisud sería una organización supranacional de integración y cooperación política destinada a darle a Sudamérica una voz propia y común en los asuntos mundiales, encabezada por un Consejo Sudamericano de mandatarios asesorados por un Consejo Económico, un Consejo de Relaciones Exteriores y un Consejo de Defensa, y en el que el Parlamento Sudamericano, convertido en un brazo legislativo electo, tendría facultades para establecer normativas comunes a todos los países miembros.
A pesar de este buen clima regional, había algunos nubarrones en la relación de la Argentina con el resto de los países sudamericanos, que todavía conservaban una desconfianza atávica hacia aquel “pueblo hermano” que había crecido bajo la tutela británica. Ningún dirigente sudamericano expresaba mejor esta desconfianza que el presidente venezolano Hugo Chávez, cuya prédica nacionalista no dudaba en sindicar a la Argentina como un cuerpo ajeno a la “verdadera Sudamérica” que operaba como “títere” del imperialismo norteamericano y europeo, cuya población hispanoparlante debía “unirse a sus hermanos continentales” en la tarea de transformación que el líder venezolano creía encarnar.
La conflictiva relación entre Caracas y Buenos Aires experimentó momentos de alta tensión, como el que se desató a mediados de 2006 cuando los servicios de inteligencia argentinos descubrieron que el gobierno venezolano estaba prestando financiamiento a partidos políticos, organizaciones sociales afines y algunas líneas intransigentes de la propia socialdemocracia, o el sonoro escándalo que se produjo en una cumbre regional en Bogotá cuando Chávez interrumpió el discurso del presidente Snowden para insultarlo y tratarlo de “fascista”.
Estos escándalos no sólo marcaron las relaciones entre Argentina y Venezuela e imprimieron una dinámica conflictiva en el seno de la incipiente Unisud, sino que también se trasladaron a la contienda electoral que tendría lugar en 2007. Mientras la socialdemocracia se defendía y emprendía purgas internas de los dirigentes sospechados de recibir dinero venezolano, el Partido Nacional incrementaba sus ataques hacia el chavismo y acusaba al gobierno de Iglesias de mantener una línea demasiado blanda hacia Caracas.
A la luz de estos entredichos regionales, y sumado al desgaste de nueve años de gobierno socialdemócrata, el Partido Nacional ganó una imagen de fortaleza que le ayudaría a hacerse con una mayoría en las elecciones generales de 2007. En estas elecciones, el Partido Liberal incrementó su incipiente caudal electoral y su bancada en la Cámara de Representantes, afianzando la tendencia que lo colocaba como tercer partido en el sistema argentino.
La nueva administración argentina, encabezada por Bryce Hammond como Primer Ministro y por Michael Benegas como Presidente, no dudó en adoptar una política más proclive a la confrontación con Venezuela, aunque intentó preservar el proceso de integración por encima de las disputas ocasionales con Chávez. Sin embargo, ambos países protagonizaron sonoros entredichos, muchos de ellos vinculados con el apoyo militar y de inteligencia que la Argentina brindaba a Colombia en su lucha contra las guerrillas que Chávez financiaba y amparaba de manera encubierta.
La crisis económica mundial de 2008 tuvo un alto impacto en la Argentina, aunque la reacción del gobierno y del robusto sector financiero del país ayudó a suavizar, el efecto de la recesión global en la economía nacional. En ese contexto, el gobierno de Hammond debió implementar difíciles medidas de austeridad fiscal y económica que tuvieron una difícil acogida por parte de la población pero que en el corto plazo estabilizaron la situación económica y colaboraron para que a mediados de 2009 se produjera una incipiente recuperación.
Los esfuerzos de la administración Hammond dieron suficientes frutos como para que en los comicios generales de 2010 la ciudadanía aceptara renovar al Partido Nacional en el gobierno por los siguientes tres años. En dichas elecciones también se verificó el crecimiento sostenido del Partido Liberal, que si bien no pudo arrebatarles a los socialdemócratas la condición de principal fuerza de oposición, sí fueron capaces de consolidar grandes logros a nivel municipal y provincial, en particular su victoria y formación de su primera administración provincial en la Mesopotamia.
El 1 de enero de 2010, la Argentina celebró los cincuenta años de su república con una serie de imponentes desfiles y eventos en todo el territorio nacional. En medio de las celebraciones que tenían lugar en todo el país, la Argentina se encontraba con su nueva identidad de ser una república independiente y soberana cuya sociedad había surgido del encuentro entre las culturas hispánica y británica junto al aporte de inmigrantes de todos los rincones del planeta.
Atrás habían quedado aquellos tiempos en que la Argentina era una simple posesión del Imperio Británico; y las épocas en las que sus tensiones internas marcaban su vida política y social con la amenaza de un enfrentamiento ya parecen consignadas a los libros de historia. Hacía mucho tiempo que la Argentina había dejado de ser un país pastoril y agrícola, para convertirse en una potencia industrial y de servicios que era la meca económica de su continente y uno de los países más desarrollados de la Tierra.
Del legado de sus pueblos nativos, de su herencia colonial española, de la impronta legada por la conquista británica y del aporte de millones de inmigrantes, la Argentina pudo forjar una nación que era más fuerte que la suma de sus partes y que se alza única y distintiva en el mundo, como un puente entre diversas culturas que logró reunir lo mejor de ellas.
Ante un siglo XXI que recién empieza y que la encuentra firme en su identidad nacional y en su lugar en el mundo, la Argentina emerge como un actor relevante y sólido en el contexto regional y mundial cuyo futuro, aunque difícil, se muestra prometedor.
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Bueno, con esta entrega que llega hasta el año 2010 concluye la narración propiamente dicha de esta historia alternativa, la cual espero que hayan disfrutado o que por lo menos no los haya hartado.
Lo que va a seguir durante algunos martes y jueves más son pequeñas secciones "enciclopédicas" sobre esta Argentina alternativa, acerca de datos generales, de su sistema político y principales partidos, una semblanza de sus provincias y territorios, una descripción de sus fuerzas armadas (no soy loco de la guerra por nada) y, si se me llega a ocurrir, algo más.
En fin, iremos viendo. De momento, me despido dejándolos con esta entrega, agradeciéndoles por la atención brindada hasta ahora y saludándolos hasta la próxima.
