Presupuestando

Entre gallos y medianoche descubrimos que hay un pequeño proyecto de ley dando vueltas: se trata de darle al Jefe de Gabinete la facultad permanente de reasignar partidas del presupuesto, siempre y cuando no modifique el monto total de gastos y recursos (de todas formas, para esto último ya se usan los decretos de necesidad y urgencia). Para hacerla simple: todos los años el Congreso va a votar un presupuesto, pero después el Jefe de Gabinete va a poder redibujarlo como le plazca. Para esto ni siquiera deberían molestarse en votarlo en primer lugar.

En rigor de verdad, el Jefe de Gabinete ya tiene estos "superpoderes", pero fueron aprobados por una ley especial antes de la sanción de este presupuesto y por tanto expiran este año. El nuevo proyecto piensa convertir a estos "superpoderes" en permanentes.

Consultado sobre esta polémica, Alberto Fernández la defendió diciendo que los cambios que él hace al presupuesto siempre son mínimos, para después despacharse con otra frasecita digna de los libros de historia: "De lo que se trata es de administrar y el Poder Legislativo dicta normas, pero no está llamado a administrar"

Fernández tiene razón. El Poder Legislativo debe sancionar leyes, pero no administra.

Lo que sí debe hacer es controlar la capacidad del Ejecutivo para administrar los fondos públicos y supervisar el ejercicio de esa administración. El Presupuesto no es solamente un cálculo de gastos e inversión prevista: es el principal instrumento con el que se asegura el control del Ejecutivo:
* En la medida en que enumera los fondos disponibles, previene que se otorgue un "cheque en blanco" para gastar.
* En la medida en que asigna fondos a distintas áreas y programas, evita que el Ejecutivo use los fondos públicos de forma totalmente discrecional, facilitando además la posibilidad de controlar el uso dado a los ingresos del Estado.
* En la medida en que distribuye los recursos, marca las prioridades en la agenda pública que el Poder Ejecutivo, en su carácter de administrador y ejecutor, debe atender con los fondos permitidos.
* En la medida en que se debe sancionar anualmente, asegura que el Legislativo esté obligado a reunirse al menos una vez al año para votar el Presupuesto, garantizándole institucionalmente un papel de control del Ejecutivo.

Por supuesto, podemos creer que el Poder Ejecutivo necesita, para gobernar bien, tener la capacidad de adaptarse a las situaciones encontradas y modificar las prioridades de gasto fijadas por ley, para lo cual las disposiciones fijas del Presupuesto son rigideces que obstruyen. Podemos también creer que es necesario "ajustar" las estipulaciones del Presupuesto para "corregir" asignaciones que pudieran haber surgido de negociados políticos. Podemos también creer en la honestidad personal de Alberto Fernández y en su moderación a la hora de usar sus superpoderes.

Pero las instituciones no pueden dar un cheque en blanco como la facultad de reasignar partidas en forma permanente y confiar en que tengamos siempre Albertos Fernández a cargo de esa facultad. Y el Poder Ejecutivo, para cumplir correctamente con sus funciones, necesita y debe ser controlado en su capacidad de emplear los ingresos del Estado (que son nuestros).

Si el Congreso llegara a votar esto, sería su suicidio como institución de la República. Pasaría a convertirse en una formalidad, en una "escribanía" del Poder Ejecutivo.

¿O ya lo es ahora?