Después, siempre después
A raíz de la discusión planteada respecto al traspaso de la aviación civil (ver artículo "A las pruebas me remito" y comentarios posteriores), me pareció interesante el plantearnos una característica de todos los gobiernos: actuar frente a un problema siempre después de que se hace público un escándalo, una denuncia o un reclamo. Con el agravante, en ciertos casos, de que las respuestas parecen concebidas a los apurones para salir del paso, y que su implementación se olvida una vez que el problema deja de estar en los titulares.
Sólo después de que apareció en la opinión pública la preocupación por el estado del Riachuelo, el Gobierno de aquel entonces salió a "tratar el problema". La solución propuesta fueron los delirantes 1000 días de María Julia Alsogaray.
Para que el servicio militar obligatorio fuera finalmente reemplazado, tuvo que ocurrir el lamentable asesinato del soldado Omar Carrasco. No alcanzó con la experiencia de la Guerra de Malvinas, en la que quedó probada la mayor efectividad del soldado profesional frente al conscripto para encarar su reemplazo.
Tuvo que morir una chica aplastada por una estatua de una exposición no habilitada para que "alguien" se planteara qué pasaba con las habilitaciones de espectáculos culturales emitidas por el Gobierno de la Ciudad.
Debieron aparecer en los canales de televisión las imágenes horrendas de los hambrientos de Tucumán para que desde el Gobierno de Duhalde se encarara un "operativo rescate", que pareció querer rescatar más la imagen de benefactora de Hilda "Chiche" Duhalde.
La primera marcha de Blumberg, allá por 2004, encontró al Gobierno bastante desprevenido después de los gritos pegados por el Presidente en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. De inmediato, el entonces Ministro de Justicia, Gustavo "Nido de Víboras" Béliz, lanzó un poderoso "megaplan" de lucha contra el delito: reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, reforma policial e incorporación de civiles a los cargos directivos, reforma del Código Penal, creación de una "Fuerza Nacional de Paz", juicio por jurados y el establecimiento de una "Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior", conocida en los medios como "el FBI argentino". El megaplan, promocionado como "Política de Estado", duró lo que duró Beliz en el ministerio: cuando Zapatitos Blancos fue eyectado luego del affaire Stiuso, el megaplan pasó a la baulera de los archivados y quedaron sólo los folletos explicativos, acumulados en alguno de los sótanos del Ministerio de Justicia.
Dieciocho mineros tuvieron que morir aplastados en una mina de Río Turbio para que quedara planteado el problema de las condiciones laborales en trabajos de riesgo.
República Cromagnon: 194 muertos en un incendio ocurrido en un boliche mal habilitado y en el que las inspecciones habían fracasado. A partir de esa tragedia, comenzó a descubrirse una red de corrupción y de amiguismo político en todo el Gobierno de la Ciudad, entonces a cargo de un Jefe de Gobierno que había prometido "no engordar su trasero en un sillón" mientras estaba en el cargo y que había "reformado" con bombos y platillos el área de seguridad de la Ciudad. Recién ahí se "actuó" para eliminar la corrupción en el área de habilitaciones. Eso parece.
Tuvo que descubrirse el narcoducto de valijas de Ezeiza para que el Gobierno se planteara la "reforma de la seguridad aeroportuaria". La reforma tuvo los condimentos típicos de toda acción K: Transferencia hecha a los apurones, gritos desde el atril y purgas a los uniformados de turno, en este caso la Fuerza Aérea, mientras se olvida la responsabilidad de otros. No importa que del narcoducto también hubieran estado enterados la SIDE, la SEDRONAR, el Ministerio del Interior, la Gendarmería y la Aduana. Para prueba de lo precario de la respuesta, la tan mentada y civil Policía de Seguridad Aeroportuaria de Marcelo Saín está en pañales e incubadora a pesar del año y medio desde su creación, sin uniformes propios, con personal prestado, con poco equipamiento, peleada con el Ministerio del Interior y con sus propios papelones, como el incidente del norteamericano que viajó con dinamita desde Ezeiza.
Y ahora... sólo después del estreno de un documental crítico (condimentado en exceso con la retórica antimilitar que tanto le gusta al Gobierno - especialmente olvidándose del refrán "la culpa no es del chancho sino del que le da de comer"), surge en la opinión pública la preocupación por el estado de la aviación civil en la Argentina y se ordena una transferencia apurada a otra área del Gobierno. Resulta por lo menos sorprendente el desconocimiento de las actividades de la Fuerza Aérea por parte de un Gobierno que se enorgullece de "aumentar el control civil" sobre los militares.
En mi opinión, no sé a qué atribuir esta constante de esperar a que el problema tome estado público para arriesgar una respuesta. A esta altura, todas las respuestas tienen algo de posibilidad; genuina imprevisión, poco deseo de arriesgar capital político, distracción en otros asuntos o incluso incompetencia. Y que quede claro que no hablo solamente de este gobierno, sino de los anteriores.
Si bien es algo positivo que el Gobierno responda a las demandas de la opinión pública, sería algo mucho más positivo para todos que los Gobiernos demuestren alguna capacidad para adelantarse a los problemas y actuar preventivamente, en lugar de esperar a que los problemas figuren en los medios. Cualquier reforma de la administración pública debería tener en cuenta no sólo la eficiencia (cuco de los sindicalistas y burócratas) sino también la capacidad de previsión y solución rápida.
Muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad tuvieron origen en asuntos aparentemente menores o que escapaban al ojo de la opinión pública y que fueron creciendo al amparo del desinterés de los gobiernos, firmes creyentes en la frase "No hagan olas".
¿Qué soluciones podemos esperar de un Estado que actúa solamente cuando los medios destapan la olla? La respuesta es: muy pocas. Especialmente porque los medios no siempre están como para destapar todas las ollas.
Sólo después de que apareció en la opinión pública la preocupación por el estado del Riachuelo, el Gobierno de aquel entonces salió a "tratar el problema". La solución propuesta fueron los delirantes 1000 días de María Julia Alsogaray.
Para que el servicio militar obligatorio fuera finalmente reemplazado, tuvo que ocurrir el lamentable asesinato del soldado Omar Carrasco. No alcanzó con la experiencia de la Guerra de Malvinas, en la que quedó probada la mayor efectividad del soldado profesional frente al conscripto para encarar su reemplazo.
Tuvo que morir una chica aplastada por una estatua de una exposición no habilitada para que "alguien" se planteara qué pasaba con las habilitaciones de espectáculos culturales emitidas por el Gobierno de la Ciudad.
Debieron aparecer en los canales de televisión las imágenes horrendas de los hambrientos de Tucumán para que desde el Gobierno de Duhalde se encarara un "operativo rescate", que pareció querer rescatar más la imagen de benefactora de Hilda "Chiche" Duhalde.
La primera marcha de Blumberg, allá por 2004, encontró al Gobierno bastante desprevenido después de los gritos pegados por el Presidente en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. De inmediato, el entonces Ministro de Justicia, Gustavo "Nido de Víboras" Béliz, lanzó un poderoso "megaplan" de lucha contra el delito: reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, reforma policial e incorporación de civiles a los cargos directivos, reforma del Código Penal, creación de una "Fuerza Nacional de Paz", juicio por jurados y el establecimiento de una "Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior", conocida en los medios como "el FBI argentino". El megaplan, promocionado como "Política de Estado", duró lo que duró Beliz en el ministerio: cuando Zapatitos Blancos fue eyectado luego del affaire Stiuso, el megaplan pasó a la baulera de los archivados y quedaron sólo los folletos explicativos, acumulados en alguno de los sótanos del Ministerio de Justicia.
Dieciocho mineros tuvieron que morir aplastados en una mina de Río Turbio para que quedara planteado el problema de las condiciones laborales en trabajos de riesgo.
República Cromagnon: 194 muertos en un incendio ocurrido en un boliche mal habilitado y en el que las inspecciones habían fracasado. A partir de esa tragedia, comenzó a descubrirse una red de corrupción y de amiguismo político en todo el Gobierno de la Ciudad, entonces a cargo de un Jefe de Gobierno que había prometido "no engordar su trasero en un sillón" mientras estaba en el cargo y que había "reformado" con bombos y platillos el área de seguridad de la Ciudad. Recién ahí se "actuó" para eliminar la corrupción en el área de habilitaciones. Eso parece.
Tuvo que descubrirse el narcoducto de valijas de Ezeiza para que el Gobierno se planteara la "reforma de la seguridad aeroportuaria". La reforma tuvo los condimentos típicos de toda acción K: Transferencia hecha a los apurones, gritos desde el atril y purgas a los uniformados de turno, en este caso la Fuerza Aérea, mientras se olvida la responsabilidad de otros. No importa que del narcoducto también hubieran estado enterados la SIDE, la SEDRONAR, el Ministerio del Interior, la Gendarmería y la Aduana. Para prueba de lo precario de la respuesta, la tan mentada y civil Policía de Seguridad Aeroportuaria de Marcelo Saín está en pañales e incubadora a pesar del año y medio desde su creación, sin uniformes propios, con personal prestado, con poco equipamiento, peleada con el Ministerio del Interior y con sus propios papelones, como el incidente del norteamericano que viajó con dinamita desde Ezeiza.
Y ahora... sólo después del estreno de un documental crítico (condimentado en exceso con la retórica antimilitar que tanto le gusta al Gobierno - especialmente olvidándose del refrán "la culpa no es del chancho sino del que le da de comer"), surge en la opinión pública la preocupación por el estado de la aviación civil en la Argentina y se ordena una transferencia apurada a otra área del Gobierno. Resulta por lo menos sorprendente el desconocimiento de las actividades de la Fuerza Aérea por parte de un Gobierno que se enorgullece de "aumentar el control civil" sobre los militares.
En mi opinión, no sé a qué atribuir esta constante de esperar a que el problema tome estado público para arriesgar una respuesta. A esta altura, todas las respuestas tienen algo de posibilidad; genuina imprevisión, poco deseo de arriesgar capital político, distracción en otros asuntos o incluso incompetencia. Y que quede claro que no hablo solamente de este gobierno, sino de los anteriores.
Si bien es algo positivo que el Gobierno responda a las demandas de la opinión pública, sería algo mucho más positivo para todos que los Gobiernos demuestren alguna capacidad para adelantarse a los problemas y actuar preventivamente, en lugar de esperar a que los problemas figuren en los medios. Cualquier reforma de la administración pública debería tener en cuenta no sólo la eficiencia (cuco de los sindicalistas y burócratas) sino también la capacidad de previsión y solución rápida.
Muchos de los problemas que enfrentamos como sociedad tuvieron origen en asuntos aparentemente menores o que escapaban al ojo de la opinión pública y que fueron creciendo al amparo del desinterés de los gobiernos, firmes creyentes en la frase "No hagan olas".
¿Qué soluciones podemos esperar de un Estado que actúa solamente cuando los medios destapan la olla? La respuesta es: muy pocas. Especialmente porque los medios no siempre están como para destapar todas las ollas.
1 Comentarios:
Agrego el tema de los talleres clandestinos y el trabajo esclavo.
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal