Dolores fiscales

La ciudad está que arde desde que se conoció la noticia de un aumento proyectado del impuesto municipal de alumbrado, barrido y limpieza (conocido más comúnmente como "ABL") con tasas que irían incluso por encima de un 175% de la actual. Esta medida ha provocado numerosas acciones judiciales y críticas políticas hacia la administración de Jorge Telerman, que transita sus últimos meses al frente de la Ciudad de Buenos Aires, así como hacia la futura administración de Mauricio Macri, éste último por considerar que Telerman le estaría haciendo el "trabajo sucio" de cargar un gigantesco impuestazo para evitar que el nuevo gobierno lo haga.

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Partamos de una base: a nadie le gusta pagar impuestos, y mucho menos que se los aumente, especialmente si no hay una mejora perceptible de la calidad de los servicios que con nuestros aportes pagamos. En consecuencia, toda acción impositiva que no sea un recorte de impuestos va a acarrear un malhumor social inmediatamente traducible a un costo político.

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Si, como afirma Telerman, las tasas de ABL están desactualizadas y se hace urgente una revaluación de las mismas, entonces dicha medida debe ser considerada cuidadosamente antes de lanzarla, procurando que sea lo más justa posible y que el impacto sobre el consumo y ahorro de la población sea lo más limitado posible.

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Pero de ninguna manera puede aceptarse que los aumentos estén determinados por algo tan arbitrario como la parte de la ciudad en la que se tiene domicilio. Sin discrepar con el diagnóstico de que el Sur de la Capital Federal es una zona postergada en comparación con el resto de la ciudad, no hay que perder de vista que el lugar de residencia es un criterio bastante injusto para fijar aumentos impositivos.

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Todos somos ciudadanos y habitantes de la misma ciudad, vivamos en el Norte, en el Centro o en el Sur.

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Si de veras se desea que el aumento del ABL sea "redistributivo" (palabrita demasiado trillada que se usa para justificar demasiadas cosas en este país), el mismo debería estar determinado por la propiedad en la que se reside, gravándose más a aquellas pertenecientes a un nivel económico superior. Propiedades caras hay en toda Buenos Aires, sea en Recoleta y Barrio Norte como en Lugano y Soldati, y viviendas humildes pueden encontrarse en todos los barrios de la Ciudad, ¿así que por qué debería aceptarse que, a brocha gorda, se determine que una zona de la Ciudad debe pagar más basándose en una generalización demasiado simplista?

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Más aún, si realmente el Estado porteño está en una situación deficitaria tal que se hace indispensable un aumento impositivo como éste, debería buscarse (por una vez en la vida) apuntar a las causas de este déficit: el gasto público. Si el aumento del ABL estuviera acompañado por una reducción en gastos del Estado porteño que no sean eficientes para las tareas a cumplir o completamente innecesarios, no sólo se estaría mejorando el empleo de los fondos públicos sino que también se estaría enviando un doble mensaje a la ciudadanía: que la administración eficaz y honesta de los dineros recaudados es una prioridad, y que el Estado está dispuesto por una vez en la vida a hacer sacrificios.

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Resulta poco promisorio para el nuevo gobierno de la Ciudad que comience su gestión con una medida como ésta a sus espaldas, y más si tenemos en cuenta el ejemplo de la Historia, que entre otras cosas nos muestra cómo Fernando De la Rúa evaporó buena parte de su apoyo social con un inoportuno impuestazo al comienzo de su administración. Diciembre de 2001 comenzó, entre otras cosas, en diciembre de 1999.

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Esperemos que Macri entienda la lección de la Historia y que esta suspensión judicial del aumento del ABL sirva para recapacitar y buscar formas de aplicación que sean menos brutales, más justas y que estén acompañadas por un esfuerzo simultáneo del Estado de mejorar la calidad de sus gastos.

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Esperemos.