Sobre venganzas encubiertas

Durante los actos del Día Nacional de la Memoria Tuerta, el presidente se dió el gusto de apurar a la Justicia porque, en su soberana opinión, los juicios por la década del '70 no marchan con la velocidad que tendrían que tener. Incluso se permitió amenazar a los jueces con un juicio político a través del Consejo de la Magistratura (¿y todavía se preguntan que para qué cambió K su composición?). Pero una de las cosas más preocupantes es que Kirchner haya adoptado el mantra "juicio y castigo", hasta entonces perteneciente a la izquierda más troglodita de la Argentina.

"Juicio y castigo" es una expresión reveladora. Son sólo tres palabras, pero esas tres palabras permiten descubrir la mentalidad de quienes las emiten y las proclaman como una obviedad, exponiendo ante todos sus verdaderas intenciones. Quien pide "juicio y castigo" está más interesado en la parte del castigo que en la del juicio. El juicio pasa a ser una formalidad, una parodia sin valor ya que existe para esta mentalidad un único final aceptable: el del castigo. El propósito del juicio es descubrir la verdad y esclarecer las responsabilidades, si es que las hay. El juicio lleva en sí ambas posibilidades: la de la condena si se comprueba la culpabilidad, pero también la de la absolución si no puede probarse. No le cabe a nadie, salvo a los jueces (y sólo luego de haber escuchado y considerado la evidencia) el determinar cuál de las dos posibilidades encontrará lugar en la sentencia.

Si en un juicio no se aceptara otro veredicto que el de culpabilidad, más nos valdría volver a la época de las vendettas y de la justicia por mano propia, porque sería suicida invertir nuestra confianza en un sistema judicial al que no se exige justicia, sino castigo. Nuestros tribunales serían parodias de tales, como aquellos que en la década del '30 del siglo pasado juzgaban a los enemigos de Stalin en lo que correctamente se dió en llamar "juicios espectáculo".

Parecerá tonto tener que decir cosas que a esta altura de nuestra vida deberían ser obviedades. Pero justamente porque muchos parecen no entender (o no quieren hacerlo), tenemos que reafirmar, una y otra vez, el verdadero significado de las cosas. El juicio es justamente eso: juzgar sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, de acuerdo a las evidencias presentadas. Si empezamos a aceptar la definición que nos llega desde los gangsters con cargo público y de las autoproclamadas "organizaciones populares", según la cual el juicio es una sesión prolija de linchamiento, estamos perdidos como sociedad.

Hay que decir las cosas con claridad: quien pide "juicio y castigo" es un falso, un rencoroso que desea camuflar su sed de venganza con una parodia de proceso judicial que calme su conciencia y acalle las críticas que puedan llegarle. Quieren ejecuciones y linchamientos, pero son tan cobardes que lo niegan públicamente.

Esto motiva a una reflexión. Los que demandan "juicio y castigo" son los mismos que se rasgan las vestiduras y afirman que los militares tendrían que haber juzgado a los terroristas que eran arrestados, con todas las garantías constitucionales y legales. Estando ellos ahora en el poder, podrían comportarse en la manera que le exigían a sus contrincantes. Tienen la oportunidad de demostrar que son mejores que ellos. La comparación no es algo banal. Porque, a fin de cuentas, si no hay diferencia entre la justicia aplicada por las dictaduras y la practicada por las democracias, si no existen las garantías legales que tanto reclamaban antes, si los juicios pasan a ser vendettas encubiertas contra los rivales ¿qué diferencia hay entre nuestros demócratas y los tan aborrecidos militares? Ninguna. ¿Qué distingue a las dictaduras de las democracias? Nada. No habría ninguna diferencia entre Néstor Kirchner y Jorge Rafael Videla, o Juan Manuel de Rosas. O cualquier otro tiranuelo.

¿Es alarmista afirmar esto? Creo que no. Me parece que no es alarmista, sino bastante realista, cuando una diputada de la nación, Diana Conti, propone alegremente privar a una categoría selectiva de personas (los "represores") de la posibilidad que tienen todos los argentinos de usar defensores públicos en juicio, argumentándose en brumosas "cuestiones éticas".

No creo que sea alarmista cuando esa misma diputada nacional, al referirse a esos jueces que andan demorando la tan deseada venganza, dice suelta de cuerpo que sería mejor que renuncien, así les ahorran trabajo. Como si estuvieran trabajando.

Creo que es bastante realista cuando un personaje como el ministro del Interior, quien debería estar preocupado por la ola de inseguridad y los asaltos cada vez más violentos y descarados, sale a exigir la renuncia de un juez que tuvo el tupé de criticar al Presidente de la Nación por sus inaceptables presiones sobre la justicia, y todavía afirma que al renunciar ese juez le estaría haciendo un bien a la Patria. Sería un verdadero bien para la Patria si Aníbal Fernández abandona el cargo y deja de darnos a todos la vergüenza e indignación que sentimos cada vez que abre esa cloaca a la que llama boca.

Podría haber basado mis críticas en la Constitución, como hacen muchos tímidos. Pero después de la desmesura de estos días, me di cuenta que la Constitución tiene para nuestros gobernantes y para nuestra clase política el valor del papel higiénico. Lo que queda por hacer es, primero, no perder el sentido común que nos queda, y luego, hacer todo lo que uno pueda para que algún día, no muy lejano, el sentido común, la decencia, y el respeto por las leyes vuelvan a la Argentina.