Tenemos que hacernos cargo

Con motivo de las recientes elecciones para gobernador en Entre Ríos, noté varios comentarios que hacían referencia a que los dos principales candidatos, Sergio Urribarri (quien ganó la elección) y Julio Solanas, manifestaban ambos estar a favor del Gobierno nacional. Confundido (¿cómo puede ser que tanto el candidato oficialista como el opositor tengan al mismo jefe político?), consulté los diarios del día domingo para resolver mis dudas.

Oh sorpresa, el diario confirmaba mis sospechas. Ambos candidatos hacían manifestaciones constantes de fe en el Gobierno nacional. Incluso el candidato oficialista (o debería decir "más oficialista") Urribarri tuvo unas expresiones hacia el gobierno nacional que rayaban en el chupamedismo: "Kirchner sabe que acá se gobierna bien y según los preceptos del gobierno nacional" ¿¿El Gobierno nacional da preceptos sobre cómo gobernar y las provincias tienen que acatarlos?? A este caradura no le tendría que importar lo que piense el Presidente, sino la ciudadanía de Entre Ríos (la cual, dado que ganó, parecería estar de acuerdo con él). Su opositor Solanas, para no ser menos, cantó las loas de cómo él había creído siempre en Kirchner, desde que el actual Pingüino Emperador era solamente un matón feudal entre tantos otros que poblaban el pejotismo.

Acá viene la dura verdad: si en una elección los candidatos tienen que jugar a ver cuál de los dos es más kirchnerista, pareciera que no tenemos entonces un presidente, sino un monarca por cuyo favor se compite. Sumemos esto a los incidentes recientes en La Rioja, donde tanto el gobernador destituído como el vicegobernador que lo destituyó proclamaban su kirchnerismo a voz en cuello para bendecir sus acciones. Lo que nos lleva a preguntarnos si realmente tenemos una democracia o una monarquía encubierta, en donde la supervivencia política depende de humillarse para no perder el favor del rey.

Siguiente mito a demoler: "La Argentina es un país federal". Las expresiones de chupamedismo de Urribarri (y las de su jefe político cercano, el impresentable Jorge Busti) y su orgullo por seguir los "preceptos" del gobierno nacional terminan por confirmar que no existe la tan cacareada autonomía provincial. Lo último que cae es el mito, y si los propios gobernadores ya no lo creen, esa es la confirmación de que está muerto. Si Francisco Ramírez o Justo José de Urquiza se levantaran de sus tumbas, Busti y Urribarri (y Solanas, por si las moscas) terminarían con sus cabezas clavadas en picas por su obsecuencia hacia los "porteños", siguiendo la tradición nacional y popular de los federales.

Lo que está pasando con el sistema de seguridad del tránsito aéreo es una verdadera vergüenza nacional. Primero por parte de Nilda "todo bien" Garré, quien reconoce que los controladores deben manejar los vuelos "en forma manual" (sin radar y consultando individualmente los datos con cada avión) pero afirma que el sistema es seguro, y segundo por parte del propio Néstor, quien en una muestra de mediocridad vergonzante afirma que la solución pasa por alquilar radares, como si el Estado fuera un mendigo que no puede pagar los diez millones de dólares que cuesta un radar. Cuando ese mismo Estado intenta camuflar un pago de 587 millones de pesos (ver abajo), la tesis de la falta de fondos cae en pedazos y muestra la realidad desnuda: el sistema está colapsado por falta de presupuesto (frente a lo cual la Fuerza Aérea, corruptos dentro al margen, hace lo que puede) y al Gobierno no le importa el tema de la seguridad aérea, excepto cuando aparece en los medios. El cuentito de los radares del INVAP viene desde hace tres años y hasta ahora sólo está el prototipo.

No hablemos de la honestidad: el papelón del caso Greco demuestra que los manejos sucios no son patrimonio exclusivo del menemato. Recordemos de qué estamos hablando: el ministerio de Economía trató de colar en un proyecto de ley de pago de deudas a jubilados, ex empleados de YPF y las sempiternas "víctimas de la dictadura", un formidable pago de 587 millones de pesos a un grupo empresario con el que el Estado mantenía una deuda desde la administración Alfonsín. De no haber sido porque la oposición destapó el asunto, la bancada oficialista de la Escribanía Nacional (ex Congreso) lo hubiera aprobado a ojos cerrados. Igual que hacen con todos los proyectos que vienen de la Rosada.

Como sociedad, si queremos resolver algunos de los problemas que nos azotan, tenemos que reconocer que esos problemas existen. Seamos sinceros y digamos la verdad: No tenemos democracia cuando todos los candidatos tienen que hacer profesión de fe en Kirchner para seguir en carrera. No tenemos federalismo cuando los gobernadores consideran como motivo de orgullo que siguen los preceptos del gobierno nacional. No tenemos seguridad cuando la infraestructura se cae a pedazos y las autoridades no sólo muestran desinterés sino negación de la realidad. No tenemos honestidad cuando se intenta colar un pago irregular de casi 600 millones de pesos en una ley.

Cuanto antes nos demos cuenta, mejor. Porque no podemos resolver problemas si al mismo tiempo nos autoconvencemos de que no existen.