Desparasitación

La existencia de una clase política es una amenaza permanente contra la libertad y la propiedad individual.

Mientras exista una clase de personas que por su condición de "políticos" esté protegida de las depredaciones que el Estado realiza sobre los ciudadanos comunes y corrientes, mientras existan personas que hagan de la política y de la función pública un modo de vida y que por lo tanto dependan del Estado para su subsistencia, existirá la tentación de aumentar el poder de ese Estado sobre la sociedad y de eternizarse en el control del mismo.

Tal vez peque de ingenuo, pero si les fuera imposible a los miembros de la "clase política" vivir del Estado y tuvieran que reacostumbrarse al hábito de trabajar después de cumplir sus mandatos, ya no les sería tan redituable apoderarse de todo lo que pueden tocar. Después de todo, si cuando se les acaban los períodos tienen que volver al llano...

¿Pero cómo extirpamos una clase política, o evitamos que surja?

Inevitablemente existirá en la sociedad un estrato más cercano a la función pública y a la dirigencia; eso es algo que no puede impedirse por nada del mundo, a menos que se padezca de la enfermedad mental conocida como "progresismo" y se crea que el mundo debe adaptarse a las fantasías.

Con esto en mente, la opción pasa por asegurarse que les sea imposible a los "políticos" eternizarse en los cargos, o siquiera permanecer en ellos por demasiado tiempo. Y a la par de esa limitación, asegurarse de darle al sistema mecanismos eficaces para expulsar a quienes hayan "cumplido su ciclo" y para prevenir los esfuerzos de algunos por estar siempre encaramados en el cargo.

El primer punto se resuelve de una manera sencilla: prohibición absoluta de la reelección y de cualquier mandato por tiempo indefinido.

Que los presidentes se vayan a sus casas después de cuatro (o seis años, si volvemos a la sabiduría de 1853) y que después no puedan volver ni para atender el teléfono.

Que los legisladores tengan que buscarse un nuevo trabajo después de uno o dos mandatos (si vamos de moderados y les dejamos que se queden ocho años como mucho en la Cámara de Diputados) y que no puedan ni siquiera pensar en colarse en alguna lista sábana.

Y que los jueces, desde los ministros de la Corte hasta el último juez provincial, limpien sus oficinas después de diez años, así vuelven a la práctica privada del derecho en lugar de pasar el resto de sus vidas con exención impositiva "para garantizar la intangibilidad del salario y la independencia judicial".

El segundo punto pasa por establecer en donde sea factible la imposibilidad de volver a ejercer cargos públicos para aquellos que ya los hubieran desempeñado. Así, a un diputado que terminó su mandato (o mandatos si les damos la chance de una sola reelección) sólo le quedaría arriesgarse al Senado, a una gobernación o a la Presidencia, en lugar de poder contar con la chance de vivir de su banca de por vida.

Ni hablemos de erradicar las jubilaciones de privilegio: quizás así sean un poquitín más respetuosos de las jubilaciones y pensiones de las ovejas de este gran rebaño argento.

Por último: ¿cómo prevenimos que se intente la eternización en el poder?

Estableciendo para empezar prohibiciones contra esos esfuerzos en la Constitución, incluso con "cláusulas pétreas" que fulminen como anticonstitucionales cualquier clase de reformas que establezcan la reelección indefinida, y resguardar esas cláusulas (y a la Constitución en general) con requisitos exageradamente difíciles de cumplir para que se la pueda reformar.

Pero debemos reconocer que el ingenio político aplicado a la causa de quedarse para siempre en el cargo puede eventualmente rendir frutos para algún tránsfuga potencial.

En ese caso, dado que los políticos son inmunes a la vergüenza, al derecho y a cualquier otra cosa que se interponga entre ellos y el poder, y ya entrando en el terreno de la imaginación, tal vez haya que legalizar el tiranicidio y establecer que cualquier funcionario electo que manifieste su intención de quedarse en el cargo luego del final de su mandato, buscar una reelección que le está vedada o cambiar la Constitución y las leyes para facilitar su reelección, puede ser muerto por cualquier ciudadano en ejercicio de su deber de defender a la Patria y a la Constitución.

No lo llamo "magnicidio" porque está lejos de ser "magno" el que quiera quedarse para siempre en el cargo. Y ya que cualquier otro obstáculo tiene a los miembros de nuestra "clase política" sin cuidado, quizás una buena dosis de temor por la vida propia los haga recapacitar.

Qué les puedo decir, ando de mal humor esta madrugada.