La constitución real

Después de leer cómo los barrabravas exigieron que se los incorporara a los clubes como "acomodadores de estadios", me acordé de algo que en su momento estudié en la facultad.

Ferdinand Lassalle fue un político socialista de la Prusia del siglo XIX que en uno de sus trabajos se decidió a investigar la relación entre lo que aparece en las normas constitucionales y la realidad política que se vivía entonces. De ese trabajo, llamado "¿Qué es una Constitución?" sale el siguiente pasaje:

"Los problemas constitucionales no son, primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y las Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social; (...)"

Lassalle no hizo más que formular claramente lo que hoy nos parece obvio y evidente: que por debajo de todas las constituciones y leyes que pueda haber, las sociedades son gobernadas en realidad por las relaciones de poder que existen entre sus diversos grupos y corporaciones. De eso, Lassalle deriva que cuando un sistema político tiene problemas institucionales no se trata necesariamente de que esas instituciones estén mal diseñadas o que se trate de una cuestión legislativa, sino de que las instituciones no reflejan los factores de poder que existen en una sociedad.

Algún incauto que quiera estudiar el sistema político argentino comenzará agarrando una copia de la Constitución. Dicho incauto verá que nuestra Ley Fundamental tiene un preámbulo, ciento treinta artículos (incluyendo dos que tienen el mismo número) y diecisiete disposiciones transitorias; que de ella se deriva que la Argentina tiene un sistema "republicano, representativo y federal" de gobierno, en el que el Estado central tiene una esfera de competencias y los sujetos de la federación (las provincias y la Ciudad Autónoma) tienen autonomía y competencias propias; que se trata de un sistema político presidencialista con un Congreso bicameral y un Poder Judicial compuesto por una Corte Suprema y los tribunales inferiores que el Congreso establezca, bla, bla, bla.

Los que estamos acá sabemos que lo que dice la Constitución es el verso más hermoso de la historia argentina. El "federalismo argento" consiste en que los gobernadores reciban una tajada de la rapiña mientras les dan instrucciones desde la Rosada hasta sobre el color que tienen que tener los buzones; el presidente es un dictador por tiempo limitado y eso cuando se lo puede limitar en el tiempo; el Congreso no tiene más poder que el que el presidente quiere dejarle... ya conocen cómo sigue todo esto.

El poder territorial del país ya no es el de las provincias sino el de los caciques que pueden aportar votos cautivos. Nuestros "representantes del pueblo" no tienen nada que hacer frente a los capangas de toda especie, en particular la sindical. Nuestro "monopolio de la fuerza legítima" está más en manos de las bandas de matones (llámense piqueteros, barrabravas, mano de obra desocupada, etc) que en las fuerzas policiales y militares. La Justicia se limita a vender su conocimiento del derecho al mejor postor y a fallar de acuerdo al soplo del viento. El sistema institucional de la Argentina es una farsa que ya no guarda ninguna relación con la forma verdadera en que el país se gobierna.

En términos de Lassalle, ¿el pésimo funcionamiento de nuestras instituciones es un "problema de derecho" o se trata de que no dan "expresión fiel" de los factores de poder reales de nuestra sociedad? Me inclino a creer que es la segunda opción.

Si tuviéramos que hacer un ejercicio de imaginación para seguir el consejo de Lassalle y adaptar la constitución "formal" del país a la "real", ¿qué tendríamos que hacer?

En este vuelo de fantasía, haría que el Senado represente a los distintos patrones territoriales del país de acuerdo con la cantidad de votos que puedan arrear. Digamos que los 72 caciques que más votos consigan digitar se convertirían en senadores o podrían nombrar testaferros si no quieren largar sus sedes comunales... en fin, la idea sería que nuestra Cámara Alta se convierta en la expresión política de los verdaderos dirigentes territoriales del país según el único criterio que cuenta: el poder clientelista.

Con la Cámara de Diputados haría algo parecido a lo que hizo Mussolini y la convertiría en una "Cámara de las Corporaciones". Por ejemplo, la tercera parte de las bancas sería para los sindicatos y se distribuiría entre ellos de acuerdo a la cantidad de afiliados registrados en el censo, otra tercera parte sería para los partidos políticos a ser distribuida según los votos cosechados por los patrones del Senado y agrupados de acuerdo al "espacio político" del que formen parte, y la tercera parte restante iría para nuestros "capitanes de la industria nacional" a ser repartida según el valor neto de sus empresas.

La elección del Presidente puede bien ser dejada a una especie de "colegio electoral" de cada una de las corporaciones antes mencionadas, que elegirán en alguna reunión secreta y bien turbia. A la Justicia la podemos convertir formalmente en una subasta de sentencias en donde las partes ofrezcan mayores cantidades de dinero o, si la solución de la plata da asquito, podemos dar el paso superador de convertir a las organizaciones de derechos humanos en el nuevo Poder Judicial.

Por último, reemplacemos los impuestos por la formalización de las coimas, comisiones, peajes y demás mecanismos de recaudación actualmente ilegales, y convirtamos a las barrabravas en las policías locales y a los piqueteros en las Fuerzas Armadas. De cualquier manera, va a ser mucho más genuino que lo que mantenemos hoy en día.

En fin, delirios al margen, creo que lo más sano para nuestro país sería sincerarnos.