Una historia paralela de la Argentina (Parte 18)

Una historia paralela de la Argentina (1806 - 2010)

18. Los años de emergencia (1974-1978)

El asesinato del presidente Héctor Cámpora terminó por arrastrar a todas las instituciones del país a una crisis potencialmente terminal. Apenas tres días después del funeral de Cámpora en Rosario, ambas cámaras del Parlamento se reunieron en una sesión de emergencia para encontrar una salida a la compleja situación que había surgido a partir del magnicidio del Presidente.

El 29 de diciembre de 1973 el Senado se reunió para decidir sobre la sucesión extraordinaria de Cámpora, en una sesión que concentró la atención del público como no lo había hecho desde los eventos de 1956 que propiciaron la salida de Perón del poder.

El asesinato del Presidente había desatado una pequeña crisis constitucional, ya que la legislación vigente no preveía una sucesión de emergencia para aquel cargo considerado como puramente ceremonial. Sin embargo, se tornaba indispensable designar a un nuevo Presidente dado que sólo éste podía ordenar la disolución formal del Parlamento en caso de ser necesarias nuevas elecciones; por más que en la práctica fuera el Primer Ministro el que tomara la decisión, la misma carecía de fuerza legal sin el asentimiento del Presidente de la República.

Tras nueve horas de tenso debate en las aguas turbias de la incertidumbre constitucional el presidente del Senado, Nicholas Maitland, anunció que asumiría de manera provisional la Presidencia de la República hasta tanto el Parlamento determinara los pasos a seguir, amparándose en la costumbre constitucional de solicitar al Senado la nominación de un candidato a Presidente.

A pesar de las objeciones que la movida suscitó entre los bloques socialdemócrata y conservador del Senado (Maitland pertenecía al Partido Nacional), el voto mayoritario de la Cámara otorgó su consentimiento a la decisión y Nicholas Maitland se convirtió en Presidente Provisional de la República hasta que la Cámara de Representantes y el Senado decidieran sobre su continuidad o remoción.

La atención pública se concentró cuatro días después en la Cámara de Representantes, en donde parecía inevitable la aprobación de una moción de censura contra el primer ministro Ricardo Balbín. El propio Primer Ministro dijo estar dispuesto a abandonar el cargo si lo pedía la Cámara, pero a pesar de este aparente consenso sobre la necesidad de cambiar el liderazgo, el debate sobre la convocatoria a nuevas elecciones o la formación de un nuevo gobierno se estancó y demoró la decisión de la Cámara hasta la madrugada del 3 de enero.

Aunque estaba prácticamente decidida la censura contra el gobierno de Balbín, no había mayorías para respaldar un pedido para convocar a nuevas elecciones, que era respaldado por los socialdemócratas, o para consagrar a un nuevo gabinete como querían los nacionales ya que su líder, Juan María Bordaberry, era el “candidato natural” para presidir un nuevo gobierno. El fiel de la balanza estaba en manos del Partido Conservador, que había hecho saber que no prestaría su consentimiento para la formación de un gobierno si no había un compromiso formal de plantear la restauración de la monarquía.

A las cinco de la mañana del 3 de enero se produjo un vuelco formidable en el debate. Después de un intercambio de palabras extraordinariamente agrio entre Bordaberry y su contraparte conservadora, Lawrence Helmsford, un disidente de este último partido, Michael Crowe, se levantó de su escaño y se sentó junto a la bancada del Partido Nacional en medio de fuertes críticas a la conducta de su propio partido. Crowe fue sólo el primero de los miembros conservadores de la Cámara que en ese momento abandonaron en tropel la bancada partidaria hasta dejar sólo menos de la tercera parte de los representantes junto a Helmsford. El Partido Conservador tal como había sido conocido nunca pudo recuperarse de la “revuelta de Crowe” y su decadencia acabaría con su virtual disolución a mediados de la década siguiente.

Con el apoyo repentino de los rebeldes conservadores, Bordaberry obtuvo los números suficientes para aceptar la dimisión de Balbín y constituir un nuevo gobierno, el cual fue juramentado a las seis de la mañana por el presidente Maitland ante las cámaras de la ARBC.

Juan María Bordaberry era un veterano político formado en el Partido Nacional de la Provincia del Uruguay y que había llegado a la conducción nacional con la promesa de poner en orden al Partido tras las desastrosas experiencias de Moore y Sabbatini, lo que cumplió con una determinación que sus rivales tildaron de “mano de hierro”. Esa misma determinación sería puesta en marcha desde el primer momento, ya que luego de un breve mensaje en el que urgía al país a permanecer en calma, el flamante Primer Ministro se encerró en la residencia oficial de Fisherton Road a conferenciar con el presidente Maitland, los premieres provinciales y territoriales y los principales dirigentes del nuevo oficialismo y de la oposición socialdemócrata.

No hubo ninguna otra noticia o declaración de Bordaberry durante el resto de la jornada, pero en la madrugada del 4 de enero de 1974 los argentinos tendrían amplia evidencia de lo que se había decidido en Fisherton Road. Empezando a las tres de la mañana y durante buena parte de la jornada, importantes contingentes de tropas y de vehículos militares tomaron posiciones en las principales ciudades del país. Ante la falta de información oficial, cundieron rumores de que había ocurrido un golpe militar y que los comandantes de las fuerzas armadas se harían cargo del poder nacional.

Bordaberry habló al país cerca del mediodía. En un discurso transmitido en cadena nacional, el nuevo Primer Ministro desmintió los rumores de golpe de Estado y anunció que había invocado la Ley de Poderes de Emergencia en todo el territorio nacional para “eliminar” a los grupos terroristas. La disposición suspendía la vigencia de las garantías civiles, fijaba un toque de queda y extendía los poderes policiales de arresto y allanamiento, todas ellas medidas calificadas de “indispensables” para terminar con el accionar violento que estarían en vigencia durante “el tiempo estrictamente necesario” para la eliminación del terrorismo.

El Primer Ministro explicó además que el despliegue militar tenía la misión de custodiar potenciales objetivos terroristas tales como edificios gubernamentales federales, provinciales y territoriales, centrales eléctricas y nucleares, estaciones ferroviarias, puertos y aeropuertos, permitiendo reasignar personal de las fuerzas policiales y las agencias de seguridad a las operaciones antiterroristas, aunque advirtió que podía disponer la intervención militar en tareas de combate contra focos guerrilleros como el de la provincia del Paraguay.

La última parte del mensaje de Bordaberry versó sobre el futuro del proceso político. El Parlamento había optado por no convocar a elecciones generales en atención a la violencia imperante, y posponerlos hasta una fecha “inmediatamente más propicia”, además de confirmar oficialmente a Nicholas Maitland como Presidente de la República por un mandato completo hasta 1978. De todas maneras, Bordaberry también anunció que había incorporado en su gabinete a miembros del Partido Socialdemócrata y de los disidentes conservadores como gesto de unidad y consenso ante la imposibilidad de llamar a elecciones.

Aunque la mayoría abrumadora de la población argentina recibió con alivio todas estas noticias, varios grupos hicieron evidente su descontento e iniciaron una campaña de manifestaciones en las mayores ciudades del país con la esperanza de demostrar que la declaración de una virtual ley marcial fuera apenas una amenaza. Por instrucciones expresas de Bordaberry, las manifestaciones fueron disueltas de manera pacífica o, si no se acataban las directivas policiales o se las resistía violentamente, por la fuerza. Después de los tres primeros días de manifestaciones, que estuvieron acompañados por ocasionales ataques de las organizaciones terroristas, un mínimo orden fue reestablecido en las grandes ciudades argentinas.

Las disposiciones del estado de emergencia entraron en vigor inmediatamente. Al final de la primera semana del gobierno de Bordaberry, más de doscientos sospechosos de actividades terroristas habían sido puestos bajo arresto y esperaban una decisión por parte de los tribunales correspondientes. En contrapartida, la actividad terrorista recrudeció y se produjo una serie de atentados explosivos en todo el país, siendo el más grave el ataque contra el cuartel general de la policía de la provincia de Río Grande en Santa Ana.

La reacción oficial no se hizo esperar, y fue en esos primeros meses cuando el gobierno tomó algunas de sus decisiones más controvertidas. La más notoria ocurrió cuando el gobierno federal dispuso la intervención de la sede de Buenos Aires de la Universidad Nacional del Plata, que estaba ocupada por estudiantes radicalizados desde comienzos del año. El ingreso de los efectivos policiales al campus el 21 de marzo de 1974 provocó incidentes que se saldaron con nueve heridos y ciento cincuenta y ocho detenidos.

Otros incidentes que enfrentaron al gobierno con las universidades ocurrieron cuando se libraron órdenes de arresto contra tres profesores de la Universidad de Córdoba acusados de mantener lazos con el FLH y de hacer proselitismo en sus clases a favor de las organizaciones terroristas. Se produjeron protestas en dicha casa de estudios que sólo se saldaron cuando el gobierno federal aceptó llevar a los profesores en cuestión ante un tribunal que los encontraría culpables en 1977 de apología del delito e incitación a la violencia.

Para coordinar el accionar gubernamental contra el terrorismo, se creó un Consejo Nacional de Seguridad (NSC por sus siglas en inglés) conformado por funcionarios civiles y policiales del nivel federal y provincial, y también por oficiales militares, que tendría a su cargo la dirección de los esfuerzos nacionales contra el terrorismo y la distribución de inteligencia a todas las agencias y organismos involucrados. Además, el gobierno logró que el Parlamento aprobara normas para ilegalizar a los partidos y organizaciones “tapaderas” de los grupos terroristas y para penalizar la tenencia ilegítima de armamento de guerra.

En otro frente y cumpliendo con lo que había anunciado en su discurso, Bordaberry ordenó al Ejército que interviniera con fuerzas de combate para enfrentar al foco guerrillero en la provincia del Paraguay. A las pocas semanas de iniciadas las operaciones militares, Bordaberry logró que el Parlamento aprobara una extensión de los poderes de emergencia que declaraba a toda la provincia del Paraguay como “zona de operaciones”, lo que confería atribuciones especiales a las autoridades militares y establecía un virtual control federal por sobre todas las instituciones del gobierno provincial.

Mientras la policía combatía al terrorismo y las fuerzas armadas se ocupaban de la vigilancia y de las operaciones antiguerrilleras, el gobierno de Bordaberry se ocupaba de poner orden en la desquiciada economía nacional. Tras identificar a la alta inflación como el principal objetivo a vencer, el gobierno dispuso medidas tendientes a contener el aumento de precios y disminuir la progresiva devaluación del dólar argentino; la más dramática de esas medidas fue la suspensión de la flotación monetaria por un período de un año.

El plan económico también promovió la liberalización de las actividades comerciales del sector agropecuario, basándose la decisión en la expectativa de que una vez libre de las restricciones fiscales y aduaneras más distorsivas, se potenciarían las exportaciones y el ingreso de divisas; en tal sentido, la política tuvo éxito, ya que las exportaciones agropecuarias aumentaron casi un 40% entre 1974 y 1976. Aunque el gobierno de Bordaberry estuvo a punto de aplicar esas medidas al sector industrial, la oposición de los grupos empresariales y el temor a un posible incremento en el desempleo disuadieron a la administración.

Otra área en la que Bordaberry debió moderar sus ambiciones fue en lo concerniente a las grandes empresas estatales. Si bien el Primer Ministro era un declarado partidario del ingreso de capitales privados a dichas empresas, la reacción negativa de buena parte del Parlamento y de la dirigencia empresarial lo obligó a contentarse con reorganizar administrativamente las empresas estatales para que pudieran funcionar como corporaciones de pleno derecho por más que la totalidad de sus acciones pertenecieran al Estado.

El frente sindical estuvo agitado durante los comienzos del gobierno de Bordaberry, pero gracias a negociaciones mantenidas por intermedio de dirigentes del Partido Socialdemócrata, se pudo negociar una tregua con las principales centrales sindicales y evitar la realización de nuevos planes de lucha.

Para octubre de 1974 las duras medidas antiterroristas y el accionar coordinado de todas las agencias y fuerzas uniformadas del Estado habían logrado desarticular a los grupos revolucionarios y capturar o poner en fuga a sus principales elencos dirigentes. Lo que quedaba de estas organizaciones debió limitar sus acciones a ocasionales ataques menores a policías o blancos oficiales menos defendidos antes de ser completamente erradicadas, cosa que sólo podría darse por finalizada a comienzos de la década de 1980.

Sin embargo, la situación estaba lo bastante controlada como para que Bordaberry y sus ministros consintieran en suspender la vigencia de las disposiciones más duras de la Ley de Poderes de Emergencia. Fue así que se restauraron las garantías civiles y se dispuso una retirada parcial de los efectivos militares excepto en la custodia de algunos objetivos sensibles, aunque el toque de queda continuó de forma morigerada, entre otras medidas de emergencia que continuaron aplicándose durante los años siguientes.

Aunque casi todas las restricciones de emergencia fueron levantadas a finales de 1975, persistió la prohibición oficial contra los brazos políticos de los grupos terroristas e incluso contra los partidos que proponían el separatismo de cualquier tipo. Esta decisión se vio fortalecida por una controvertida sentencia de la Corte Suprema argentina de mediados de 1976, que consideraba al separatismo “en cualquier especie que se presentara” como un acto “que por su naturaleza intrínseca atentaba contra la nación”.

El primer semestre de 1976 fue el momento propicio para que se llevaran a cabo los juicios contra los terroristas y simpatizantes que habían sido arrestados. Ante las quejas internacionales, el gobierno argentino aceptó que veedores extranjeros presenciaran los procesos que se llevaban a cabo en todo el país. Durante cuatro meses se realizaron casi doscientos juicios contra acusados de actividades terroristas que, de acuerdo con los observadores extranjeros, cumplieron con las garantías civiles esperadas. Aquellos acusados a quienes se los encontró culpables fueron enviados a cumplir sus sentencias en una serie de prisiones de máxima seguridad construidas en las provincias de Tehuelchia y Magellania y en las islas Falkland.

En 1977, mientras el gobierno se ocupaba de consolidar la paz interior, restañar las heridas de los desórdenes previos y apuntalar la recuperación de la economía, Bordaberry impulsó una vasta reforma del sistema militar argentino. Las operaciones militares en el Paraguay contra los grupos guerrilleros dejaron en evidencia problemas de coordinación y cooperación entre las tres fuerzas armadas, como así dificultades en el control político de la defensa nacional. Luego de consultar a un consejo asesor de expertos que estudiaron el sistema de defensa argentino durante casi un año, el gobierno presentó al Parlamento una amplia Ley de Defensa Nacional.

Mediante esta ley el antiguo Ministerio de Guerra y Marina y los departamentos administrativos de las tres fuerzas fueron fusionados en un único Ministerio de Defensa Nacional, que tendría a su cargo la ejecución de la política defensiva de la Argentina y el control político sobre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estas fuerzas, a su vez, fueron amalgamadas en una nueva organización central de la que formarían parte como elementos complementarios y coordinados: las Fuerzas de Defensa Argentinas. Se propiciaron también medidas para estandarizar el equipamiento y la capacitación de uso común entre las tres instituciones armadas y se tendió a una separación estricta de roles y a la minimización de cualquier superposición funcional a lo indispensable.

Las Fuerzas de Defensa Argentinas protagonizarían en 1978 la crisis más seria entre la Argentina y uno de sus vecinos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante las operaciones contra los focos guerrilleros en el Paraguay, las fuerzas argentinas descubrieron que los movimientos revolucionarios tenían bases del otro lado de la frontera con Atacama que abastecían a sus grupos y servían como puntos de preparación para sus incursiones.

Durante dos semanas, el continente vivió con aliento entrecortado las furiosas negociaciones entre Rosario y Salta que siguieron al anuncio de Bordaberry de que si Atacama no emprendía acciones contra las bases guerrilleras en su territorio, la propia Argentina se ocuparía de hacerlo. Finalmente, la crisis se resolvería con un acuerdo entre ambos gobiernos para realizar una operación conjunta para erradicar la presencia revolucionaria en territorio atacameño.

A mediados de 1978 Bordaberry decidió finalmente que era momento de dar un paso al costado y anunció su renuncia como líder del Partido Nacional y posterior retiro de la política, así como la convocatoria a elecciones generales para la Cámara de Representantes. En dichos comicios, que se celebraron en un clima de inusual paz dada la experiencia del pasado reciente, el Partido Socialdemócrata obtuvo una mayoría de escaños que le permitió formar el primer gobierno mayoritario desde la renuncia de Martin Ashley diez años antes.

Y mientras Bordaberry abandonaba la vida pública luego de una gestión tan difícil como controvertida, el nuevo Primer Ministro de la Argentina, William Snowden, asumía el gobierno con intenciones de dar una solución definitiva a la inestabilidad política que había dominado la década anterior.

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