Una historia paralela de la Argentina (Parte 15)

UNA HISTORIA PARALELA DE LA ARGENTINA (1806-2010)

15. La crisis de 1956 y el camino a la República (1956-1960)

La crisis política y económica en la que había caído la Argentina alcanzaría su punto crítico en mayo de 1956 cuando el Gobierno presentó su proyecto de presupuesto al Parlamento. Estalló entonces una revuelta que enfrentó a Perón no sólo con sus socios del Partido Cívico sino también contra los miembros laboristas más reacios a su conducción como líder del Partido. Sin embargo y a pesar de esta oposición interna y del renovado fervor con el que los nacionales y conservadores se conducían, Perón hizo uno de los despliegues de disciplina partidaria más feroces en la historia nacional y logró la aprobación del presupuesto en la Cámara.

La crisis no había terminado en la Cámara de Representantes, pues le esperaba una etapa completamente diferente en el Senado. Este cuerpo, en el que no sólo había un mayor balance de fuerzas a causa del mayor peso de los distritos rurales sino que por tradición era más conservador que la Cámara de Representantes, fue escenario de una feroz lucha legislativa montada por los bloques opositores y a la que se sumarían los senadores del Partido Cívico, que a estas alturas se debatía en una abierta rebelión lanzada por los parlamentarios contra el liderazgo partidario afín a Perón. De nada sirvieron las presiones abiertas y disimuladas del Gobierno, ya que por primera vez en la historia nacional el Senado rechazó el proyecto de presupuesto que le había sido presentado y lo devolvió a la Cámara de Representantes para “reconsideración”.

La Argentina cayó entonces en una crisis constitucional: mientras Perón y el laborismo argumentaban que según la tradición parlamentaria sólo la Cámara de Representantes podía decidir en materia impositiva y fiscal, la oposición sostenía que el Senado tenía poderes bajo las normas constitucionales vigentes para negar el uso de fondos públicos al Gobierno y por tanto precipitar su remoción del poder o la eventual disolución de la Cámara de Representantes. Si bien hubo intentos de negociación, las posiciones eran demasiado extremas como para llegar a algún compromiso aceptable.

Esta crisis se prolongó durante todo el mes de mayo y principios de junio sin que ninguna de las partes pudiera hacer valer su punto de vista, hasta que el 9 de junio de 1956 Perón declaró en un mensaje a la nación que las negociaciones estaban oficialmente rotas y que iba a hacer uso de una facultad constitucional nunca antes ejercida para solicitar al gobernador general Raymond Clarence la disolución del Senado y la convocatoria a elecciones para dicha cámara.

La reunión que Perón celebró con Clarence en Mandeville Hall el 10 de junio, empero, tuvo un resultado inimaginable. Amparándose en una opinión consultiva pedida a la Corte Suprema, el gobernador general informó a Perón que había decidido hacer uso de sus poderes de reserva para destituirlo del cargo de Primer Ministro de manera inmediata y nombrar a Peter Leonard al frente de un gobierno interino hasta tanto se celebraran nuevas elecciones en un plazo de sesenta días.

Aunque ninguno de los protagonistas las confirmó jamás, circularon versiones de que el Gobernador General había contactado previamente y por canales oficiosos a los comandantes de las Fuerzas Armadas, recibiendo de éstos su disposición a intervenir si Perón no acataba la decisión. De cualquier modo, tal recurso fue innecesario, ya que el acorralado Perón accedió a cumplir con la disposición de Clarence a la brevedad y sin mayores objeciones.

El mandato interino de Leonard estuvo enteramente dedicado a las elecciones de emergencia, en las que él mismo se encontró disputando el cargo con el hombre al que había reemplazado de manera tan abrupta, contando para ello con el pleno respaldo del Partido Nacional. Luego de una feroz pelea interna contra los dirigentes que más lo cuestionaban, Perón fue reafirmado como líder del Partido Laborista y como opción de dicha fuerza para formar gobierno. Los otros grandes partidos llegaron a las elecciones embrollados en sus propias crisis, a pesar de que estuviera claro para todo el mundo que independientemente de sus resultados, el grueso de los cívicos apoyaría a Perón y los conservadores a Leonard.

El resultado de las elecciones de 1956 fue tan atronador como el de los comicios de 1953, sólo que en el sentido opuesto: el malestar económico, los escándalos de corrupción y la tensión política que marcaron los años de Perón se tradujeron en un fulminante voto castigo que privó al laborismo de su mayoría propia y lo condenó a tener menos del diez por ciento de los escaños, muy por debajo del Partido Cívico. En cambio, el Partido Nacional recibió un respaldo inesperado del electorado que se tradujo en una mayoría sólida y en la consagración de Peter Leonard como Primer Ministro por derecho propio.

La derrota electoral selló la suerte de Perón en el liderazgo laborista. Menos de dos semanas después de la derrota, una coalición de dirigentes partidarios reclamó a Perón que llamara a elecciones internas. Sabedor de que ya no contaba con el suficiente respaldo del consejo partidario como para mantenerse al frente del laborismo, Perón optó por evitar una nueva humillación y dejó la conducción del Partido.

Si bien con su renuncia a la conducción del laborismo Perón había desaparecido como riesgo político, la situación del país estaba lejos de calmarse por completo y los cimbronazos de lo que ya se conocía como “la Destitución de Clarence” todavía sacudían a las instituciones argentinas.

Aunque las opiniones sobre Perón y la necesidad o conveniencia de su destitución estuvieran naturalmente divididas, había dos cosas en las que todos coincidían independientemente de su posición política. Primero, que el Gobernador General había actuado conforme a sus prerrogativas constitucionales al remover al Primer Ministro, y segundo, que conferirle a un funcionario no electo el poder de remover a un gobierno elegido representaba un riesgo significativo para la estabilidad democrática.

Ante las críticas que llegaron de todos los ámbitos de la política y sintiendo que su continuidad “ponía en riesgo la pacificación y la concordia de los espíritus”, como lo dijo en su anuncio oficial, Raymond Clarence presentó su renuncia como Gobernador General de la Argentina el 30 de septiembre de 1956, menos de un mes después de las elecciones especiales que él mismo había propiciado.

A pesar de que debía nombrar a un sucesor para Clarence, la magnitud de la crisis desatada convenció al primer ministro Leonard de que la mejor opción pasaba por “prorrogar” la designación de un nuevo Gobernador General hasta que “las circunstancias fueran más propicias” y dejar al decano de los gobernadores provinciales, Teodoro Mosca de la Mesopotamia, como “Funcionario Administrador del Gobierno”, quedando técnicamente vacante por tiempo indefinido la jefatura formal del Estado. Esta decisión de Leonard provocó un serio entredicho con Londres; si bien el Reino Unido ya no intervenía en los asuntos internos argentinos, al estar representada la Corona en la Argentina a través de la Gobernación General quedaba afectada la propia investidura de la reina Isabel II y su status constitucional como soberana de la Argentina.

Leonard no cejó ante las presiones británicas o a las críticas de los segmentos más conservadores de su partido y la Gobernación General siguió vacante, pero los desacuerdos entre Londres y Rosario sólo acentuaron los cuestionamientos públicos a la institución del Gobernador General y por ende a la de la monarquía en la Argentina. La cuestión que Perón había tratado de instalar para distraer a la opinión pública de la agonía de su gobierno se tornó en una controversia nacional genuina tras su salida del poder.

El debate entre quienes proponían la instauración de una república y los que defendían la continuidad monárquica cobró fuerzas y se convirtió en el tema prioritario de la agenda política por el resto de 1956 y el comienzo de 1957. Mientras que cívicos y laboristas promovían la creación de una institución presidencial que podía ser un simple jefe de Estado ceremonial al estilo europeo o un gobernante ejecutivo como en los Estados Unidos (lo que era un punto de debate entre ambos partidos), los nacionales y los conservadores asumían una postura de defensa de la monarquía.

Pero conforme transcurría el año, comenzaron a surgir grietas en el frente monárquico del Partido Nacional y varios de los parlamentarios más moderados, particularmente los que provenían de circunscripciones urbanas o de mayorías hispanoparlantes, se sumaron a las posturas republicanas de la oposición. Este disenso creció hasta tal punto que no se descartaba una revuelta partidaria o por lo menos una ruptura con el liderazgo que pusiera en riesgo la continuidad del gobierno de Leonard.

Estas circunstancias se exacerbaron para el momento en que Leonard presentó su proyecto de presupuesto al Parlamento, amenazando con hacer caer su gobierno ante el posible voto contrario no sólo de la oposición cívica y laborista sino también de sus disidentes. Acorralado y sin la menor intención de someter al país a una nueva crisis de gobierno apenas un año después de una gran crisis constitucional, Leonard optó por una salida inusual y propuso al Parlamento que se llamara a un referéndum nacional para que fuera la propia ciudadanía la que optara o no por convertir a la Argentina en una república.

La propuesta de Leonard fue aprobada y el Parlamento convocó a un referéndum nacional para el 27 de diciembre de 1957, aunque en el mismo acto fue aprobada una moción de la oposición para pedir el reemplazo del conjunto de normas británicas que organizaban al país por una verdadera constitución nacional, dado que al tratarse en rigor de leyes aprobadas por Westminster, su modificación o reemplazo quedaban exclusivamente en manos del Parlamento del Reino Unido.

Fue esta propuesta adicional la que empeoró las controversias entre el Reino Unido y la Argentina. En un mensaje entregado a Leonard por el alto comisionado británico en la Argentina, el primer ministro Harold Macmillan declaró oficialmente que pedirle a Westminster que debatiera una reforma de tal magnitud era “embrollar al Parlamento y al gobierno de Su Majestad en el centro de una disputa política eminentemente argentina”, por lo que declinaba de plano cualquier propuesta en tal sentido y limitaba el alcance de cualquier reforma a transferir los poderes existentes de la Gobernación General a la nueva institución presidencial. Sin embargo y como oferta para limar asperezas, Macmillan comunicó a Leonard que la reina Isabel estaba dispuesta a encontrarse con él para conferenciar sobre la situación argentina.

La cumbre entre la Reina y el Primer Ministro argentino tuvo lugar en el Palacio de Buckingham el 25 de noviembre, y de ella saldría Leonard con una declaración oficial de la monarca británica en la que expresaba “su plena y absoluta confianza en que el pueblo del Dominio de la Argentina estaría a la altura de las circunstancias y que sabría escoger con inteligencia el camino más conveniente para la prosperidad de su país” y que “los lazos de fraterna amistad entre el Reino Unido y la Argentina siempre estarán por encima de cualquier debate sobre la forma material en que esas relaciones se conduzcan”. Aunque la lectura oficial de la “Declaración de Buckingham” fue una de estudiada neutralidad, muchos entrevieron una aceptación, o incluso resignación, ante la transformación de la Argentina en una república.

El referéndum se llevó a cabo tal cual estaba previsto. Las condiciones establecidas para una victoria del “sí” a la creación de una república incluían una mayoría absoluta a nivel nacional y a su vez una mayoría absoluta en al menos siete de las once provincias del país. Dichas condiciones fueron superadas con creces: 63% de los electores del país votaron en favor de la república, alzándose con la victoria en todas las provincias a excepción de Tehuelchia y Magellania. Cabe destacar que aunque hubo fluctuaciones comprensibles, el respaldo a la república fue notoriamente similar en los electorados angloparlantes e hispanoparlantes.

La Argentina había decidido romper sus vínculos con la Corona británica; sólo restaba decidir cómo se romperían. Con el bloqueo infranqueable que Londres había puesto a cualquier modificación sustancial de la South America Constitution Act de 1885 (excepto en lo relativo al poder de la Corona, que se presumiría derogado en cuanto entrara en vigencia la República), el gobierno de Leonard se encontró incapacitado de promover cambios en los poderes y mecanismos de designación que la Presidencia heredaría de la Gobernación General.

Una vez más Leonard debió apelar a su ingenio. En la ley que presentó al Parlamento para implementar la decisión tomada durante el referéndum, el Primer Ministro propuso aceptar que el cargo presidencial conservase los mismos poderes, prerrogativas y limitaciones que el de Gobernador General, aunque insinuó la posibilidad de dejar esta cuestión (y la necesidad implícita de revisar el esquema constitucional vigente) para “un momento futuro más propicio”.

En cuanto a la modalidad de elección del titular de la Presidencia, Leonard también reconoció ante el Parlamento que excepto en lo que hacía al asentimiento real para la designación, no se podía modificar el mecanismo impuesto en la ley vigente, que en la práctica dejaba la cuestión en las manos exclusivas del Primer Ministro. Sin embargo, Leonard anunció que solicitaría al Senado que “recomendara” a los posibles candidatos a Presidente; en la práctica, lo que el Primer Ministro buscaba era transferir la elección del Presidente al Senado mediante un precedente que sentara una tradición constitucional.

La jugada tuvo éxito y recibió una clamorosa aprobación por parte del Parlamento, aunque para conseguir el respaldo del Partido Conservador, innecesario desde el punto de vista parlamentario pero deseable para dotar de un consenso amplio a la nueva institución republicana, Leonard debió consentir en un “período de adaptación” que se extendería hasta el 1 de enero de 1960, en el que se acomodaría el sistema institucional y legal del país (con excepción de las normas que sólo Londres podía alterar) a la nueva condición de ser una república.

Zanjado el debate entre monarquía y república, el gobierno argentino dedicó los años de 1958 y 1959 a recomponer la precaria situación económica nacional. Se puso en marcha un plan de control de la inflación que pronto reduciría a la mitad la tasa de aumento de precios y se redujeron los impuestos al comercio exterior, aunque el Gobierno no pudo avanzar tanto como hubiera deseado en la liberalización de las normas económicas o en la reversión de algunas de las medidas adoptadas por Perón, por temor a crear un mayor grado de tensión social.

A pesar de estas limitaciones, la Argentina fue capaz de avanzar en una modesta pero sostenida recuperación económica que mejoró las expectativas de la sociedad y brindó un muy necesario oxígeno al Gobierno tras unos años difíciles y complejos.

La adaptación al inminente sistema republicano consistió fundamentalmente de la modificación de las normas y estatutos vigentes para remover cualquier referencia a la Corona británica, aunque también tuvo aspectos tan prosaicos como la eliminación de las referencias monárquicas de los nombres oficiales de las instituciones públicas (con excepción de los regimientos del Ejército, en honor a su historial militar), la modificación de la bandera y del escudo de armas para quitar cualquier elemento monárquico, la emisión de una nueva serie de billetes y monedas de dólares argentinos desprovistos de efigies de la Reina y el reemplazo del “God Save The Queen” por “Hail Argentina” como himno nacional en sus versiones en inglés y castellano. Una modificación curiosa dentro de las emprendidas fue el cambio de nombre de la radiodifusora pública, que pasaría a llamarse “Argentine Republic Broadcasting Corporation” (ARBC) para conservar las iniciales y a la vez proclamar la nueva situación del país.

El último paso que quedaba fue la designación del primer Presidente de la República, que el Gobierno puso en marcha en septiembre de 1959. Cumpliendo con su promesa, Leonard pidió al Senado que propusiera candidatos para que él los designara, aunque dio a entender a los senadores que designaría al candidato con más respaldo de la cámara independientemente de sus preferencias personales. Sin embargo, como líder del Partido Nacional, Leonard tenía influencia directa para elegir al candidato de su propio partido, una posibilidad que no dudó en aprovechar en una jugada que hasta sus opositores calificaron de magistral.

La elección de Leonard como candidato del Partido Nacional a la Presidencia de la República era ni más ni menos que Christopher Glover, el hombre que como Primer Ministro había conducido los destinos de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. La candidatura del histórico líder nacional obtuvo un apoyo estruendoso en el Senado, incluso entre los senadores conservadores, quienes con su voto permitieron que a sus 74 años de edad Christopher Glover fuera elegido por virtual unanimidad para cumplir un mandato de cinco años al frente del Estado.

Con todos los preparativos y pasos previos cumplidos, entre ellos un llamado a elecciones para el 1 de marzo de 1960, el primer ministro Peter Leonard pudo presidir en la noche del 31 de diciembre de 1959 al 1 de enero de 1960 una fastuosa ceremonia en la explanada del Palacio del Parlamento en Rosario, en la que se juramentó a Christopher Glover como el primer Presidente de la República de Argentina, mientras se interpretaba por última vez a “God Save the Queen” como himno nacional y se arriaba el viejo pabellón del Dominio con su Union Jack para izar la nueva bandera nacional acompañada de una salva de 21 cañonazos.

Tras 153 años de sujeción formal a la Corona británica y 73 de existencia como Estado unificado, nacía la República de Argentina.

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Continúa el próximo martes... hasta entonces y espero que les esté resultando de interés.