Qué hacer si Cristina renuncia

Si es cierto que la razón detrás de esta embestida absurda y anticonstitucional de la Presidenta contra el Congreso y la Justicia es porque en el fondo quiere que la saquen a patadas así pasa a la historia como mártir y no como vergüenza, al tiempo que le deja a otros la labor de limpiar el desastre que están dejando, hay una forma muy sencilla y muy limpia de escupirle el asado.

¿Cuál es? Que la oposición, haciendo uso de la mayoría con que cuenta en ambas cámaras, rechace la eventual renuncia de Cristina y le impida abandonar el cargo. Siendo que la única razón para una renuncia de Cristina es cagar a toda la oposición obligándola a hacerse cargo del balurdo antes del 2011, cosa que ningún antikirchnerista quiere, imagino que tratar una posible dimisión presidencial no ha de ser uno de esos temas que pueda partir a los bloques opositores.

¿Pero puede hacerse esto? Me remito a la Constitución Nacional:

Artículo 75- Corresponde al Congreso:
(...)
21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República; y declarar el caso de proceder a nueva elección.

Cristina puede renunciar cuantas veces quiera, pero si el Congreso no le acepta la renuncia, tiene que quedarse. Imagino lo que ha de ser un debate de ese estilo en el Congreso, con Pichetto y Rossi en sus respectivas cámaras acusando a la oposición de "golpista" por no aceptar la facultad de la Presidenta de dejar su cargo. Casi como para alquilar balcones.

Claro, con el estado actual de la relación entre los tres poderes, podrán decir que en caso de que se le niegue prolija y legalmente la renuncia, a ella le importará tres belines y dejará la Rosada y Olivos para atrincherarse en El Calafate o algún otro pozo K mientras acá le gritan hasta en arameo.

En dicho caso, una lectura del Código Penal nos permite salir del atolladero:

Art. 77.- (...) Por los términos "funcionario público " y "empleado público" respectivamente, usados en este Código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Art. 252.- Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500 e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

Sencillito: se le envía la Policía Federal a El Calafate y se la arresta por abandono del cargo con daño del servicio público y se la trae de vuelta a Buenos Aires. Imagino que el resto de las insanables nulidades que ocupan el gabinete obedecerán cual títeres y abandonarán sus cargos, por lo que Aníbal no podría bloquear una orden de la Justicia a la Policía para arrestar a la Presidenta fugitiva.

En todo caso y una vez que se la traiga de regreso a Buenos Aires, no deja de ser un vueltito el que tendría que pagar, algo mínimo e ínfimo en comparación con todo lo que robó y destruyó, y darle la inhabilitación que manda el Código sería hacerle el favor que quiere, pero la sola imagen de que se la ponga bajo arresto por abandonar un cargo sin que se le aceptara su renuncia previa sería la humillación final.

Sólo imagínenlo: una maniobra destinada a darle a la Presidenta el sueño de un final épico y zelayista en el que es derrocada por un complot legislativo-judicial-neoliberal-agrogarca para partir a un exilio de lucha y peregrinaje por las capitales del ladriprogresismo latinoamericano, finaliza con la patética imagen de una orden de captura librada en su contra por "abandono del cargo sin previa aceptación de renuncia", seguida de su arresto por efectivos policiales y su transporte de regreso a Buenos Aires para ser sentenciada a una multa y continuar en el ejercicio del cargo para el que, como no se cansa de decirnos, fue "elegida por una mayoría popular".

Sería un digno final para estos años de desquicio y desmesura argenta.

Soñar no cuesta nada, después de todo.