sábado, 29 de noviembre de 2008

Una Nueva Constitución (13): De reformas y lo que queda.

La última parte (sí, ya nos estamos acercando al fin de este proyecto) de la propuesta de una nueva Constitución versa sobre los procedimientos de reforma constitucional y las disposiciones generales de la misma.
Para el proyecto incluí dos procedimientos de modificación constitucional: un proceso de enmienda (adición de artículos) y un proceso de reforma (reescritura completa de una sección o de la totalidad del documento), cada uno de los cuales deberá cumplir con una serie determinada y estricta de pasos y requisitos, con el fin de evitar que un gobernante inescrupuloso pueda modificar la Constitución a su antojo y pervertir sus fines y mecanismos... como ya nos ha pasado. Dos veces.
Procedimiento de Enmienda
Una enmienda constitucional es un artículo adicional o una aclaración que se incluye en el texto de la Constitución sin modificar el resto del articulado. La utilidad de este sistema es la de promover un mecanismo de actualización de la Constitución que no necesariamente involucre la reescritura total del documento.
De cualquier manera, y siendo que es indispensable evitar que la reforma constitucional o incluso la enmienda sean procedimientos sencillos que dependen únicamente de una mayoría circunstancial en el Legislativo, el proceso que propongo para enmendar la Constitución consta de los siguientes pasos:
  1. Toda enmienda deberá ser propuesta por una mayoría especial calificada en ambas cámaras del Parlamento Federal. De igual manera, cada Provincia y Ciudad Autónoma podrá proponer un proyecto propio de enmienda ante el Parlamento, que deberá seguir los mismos pasos.
  2. Si la propuesta recibe aprobación en ambas cámaras del Parlamento, entonces serán sometidas al voto respectivo de la Legislatura de cada Provincia y Ciudad Autónoma; en esta etapa, se requerirá la aprobación de dos tercios de todas las legislaturas para pasar a la siguiente.
  3. Una vez aprobada por dos de cada tres Legislaturas, la enmienda es sometida a un referéndum nacional de ratificación que deberá tener lugar en un plazo no mayor a sesenta días desde la aprobación de la última Legislatura. La ratificación se logrará si la propuesta obtiene el "sí" en al menos dos de cada tres Provincias y Ciudades Autónomas.
  4. Por último, la enmienda propuesta pasa al plenario de la Corte Suprema, que tiene sesenta días para manifestarse sobre la validez y constitucionalidad de la enmienda. La enmienda será rechazada si la Corte manifiesta en un fallo firmado por al menos dos terceras partes de sus miembros que el contenido de la propuesta es contrario a alguno de los siguientes principios: gobierno republicano, federalismo, independencia de los poderes e igualdad ante la ley. Si no se observan objeciones de este tipo, la enmienda entra en vigor y se convierte en parte de la Constitución.
Procedimiento de Reforma General
Este procedimiento es el que nosotros ya conocemos para reformar a la Constitución "en el todo o en cualquiera de sus partes": se trata de una transformación y modificación general de sus artículos y disposiciones a través de una Convención Constituyente, en el hipotético caso de que hiciera falta una reforma masiva del sistema de gobierno establecido por la Constitución.
El procedimiento en este caso es más complejo y requiere más pasos a seguir que en el anterior. Si alguno piensa que un procedimiento cargado de pasos y de requisitos de mayorías especiales haría más difícil la reforma constitucional, esa es la idea. La Constitución tiene que ser la ley suprema del país, y a ella debe ajustarse el Gobierno, no viceversa. También hay que rechazar por completo el ideal latinoamericano de "una Constitución por cada Presidente", que a lo único que lleva es a la arbitrariedad y a la corrupción absoluta.

Los pasos para la reforma son los siguientes:
  1. La necesidad de convocar a una Convención Constituyente para tratar la reforma de la Constitución debe ser declarada de manera conjunta por al menos dos terceras partes de las Legislaturas provinciales y de las Ciudades Autónomas, y en cada una de las Legislaturas que se expresen a favor, la propuesta debe ser aprobada por una mayoría especial de dos tercios del total de sus miembros. Entre el tratamiento de la propuesta en la primera Legislatura y su aprobación en la última Legislatura necesaria, no podrán pasar más de tres años.
  2. Una vez que la cantidad de aprobaciones necesaria es lograda, el Parlamento Federal deberá aprobar por mayoría especial calificada una ley para llamar a elecciones para delegados constituyentes.
  3. Se elegirá por voto ciudadano a un delegado constituyente por cada circunscripción electoral, y ningún integrante de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, sea del nivel federal o del provincial, podrá ser delegado constituyente sin antes renunciar a su cargo.
  4. Las decisiones que se tomen en la Convención Constituyente requerirán una mayoría especial calificada para ser aprobadas.
  5. Una vez aprobado, el proyecto final de Constitución deberá ser sometido a referéndum nacional antes de su consagración como nueva Constitución.
Prohibiciones a las Reformas Constitucionales:
No se permitirá la entrada en vigor de ninguna enmienda, adición o reforma constitucional que:
  • Denigre la igualdad de todos los argentinos ante la ley o sus derechos fundamentales.
  • Amenace las libertades fundamentales consagradas en la Constitución.
  • Subvierta la separación y autonomía de los poderes públicos.

Salvo por los procedimientos de enmienda y reforma, no se podrá ignorar, abandonar, suspender, modificar, alterar, subvertir o dejar de lado ninguna parte de la Constitución, sin importar las razones que se esgriman para ello e independientemente de la legalidad circunstancial y aparente del mecanismo.

Cualquier modificación de las formas de elección, períodos de mandato, facultades, derechos y prerrogativas del Presidente, de los miembros del Parlamento Federal, de los miembros del Poder Judicial o de las autoridades provinciales sólo entrará en vigor después de las siguientes elecciones para el cargo en cuestión, para evitar así que cualquier reforma beneficie al que ocupa el cargo al momento de sancionarse.

Queda prohibida terminantemente cualquier reforma que apunte a establecer la reelección presidencial o reelecciones adicionales a las ya disponibles para los miembros del Parlamento.

Disposiciones Generales

Las Disposiciones Generales son "lo que sobra", lo que no corresponde en ninguna otra parte de la Constitución, lo que tiene aplicación transitoria, etcétera.

  1. Se establece un plazo máximo de un año después de la entrada en vigor de la Constitución para que el Parlamento sancione y apruebe todas las leyes orgánicas necesarias para el funcionamiento de todos los poderes y organismos públicos que lo requieran. El plazo podrá ser prorrogado sólo por un año y sólo por una vez mediante el voto de dos terceras partes de los miembros de las Cámaras.
  2. Se establece un plazo máximo de dos años para que el Parlamento Federal dicte los Códigos Civil, Penal, Comercial, de Trabajo y de Seguridad Social.
  3. Se establece un plazo máximo de un año, prorrogable sólo una vez y sólo por un año adicional, para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, según corresponda, dicten todos los reglamentos y normativas necesarios para la implementación de las disposiciones de la Constitución.
  4. Las autoridades provinciales deberán dictar en un plazo no mayor a un año, y no extensible por más de un año adicional, los regímenes de organización municipal y local y extender las cartas municipales a todos los poblados que cumplan con los requisitos fijados por dicha legislación.
  5. El calendario gregoriano es el calendario oficial de la República Argentina, y el empleado para la datación y establecimiento de fechas y períodos.
  6. El castellano es el idioma oficial de la República Argentina, pero el Parlamento Federal podrá, por el voto de dos terceras partes de sus miembros, establecer idiomas oficiales adicionales si existe una población numéricamente significativa que haga uso de dichos idiomas a tal grado que sea indispensable la prestación de servicios públicos en dichas lenguas.

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Acá, señoras y señores, después de todas estas largas semanas, termina el proyecto de Constitución.

Sin embargo, queda todavía una nota final, un último artículo de esta serie que tratará sobre la pregunta fundamental de todo este asunto: "Muy lindo todo esto, ¿pero cómo va a poder funcionar?"

Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.

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sábado, 15 de noviembre de 2008

Una nueva Constitución (12): Sobre funcionarios civiles, diplomáticos, militares y de seguridad.

Lo que nuestra Constitución Nacional dejó convenientemente en el tintero es la cuestión de quiénes iban a ser los encargados de ejecutar todas las leyes y decretos aprobados por los distintos poderes públicos. No me estoy refiriendo al Poder Ejecutivo cuando hablo de esto, sino a la espina dorsal de la administración pública: a los funcionarios del Estado.

El estereotipo de la empleada pública que popularizó Antonio Gasalla es un fiel reflejo de lo que es el servicio civil de nuestra administración pública: empleados poco calificados para sus tareas, prepotentes y descuidados. A eso debemos sumarle la existencia de un sistema que considera al empleo público como una mezcla de seguro de desempleo y botín político para los amigos de la causa, con lo que tenemos el resultado de una administración pública exageradamente grande y terriblemente ineficiente. Y cuando tenemos la combinación letal de un sindicalismo descontrolado y la "estabilidad del empleo público", los resultados son devastadores.

Incluso los estatistas tienen que entender que un Estado "fuerte" es absolutamente inútil si la gente que realiza las tareas del día a día, ya sea atendiendo al público en una oficina o moviendo documentos de aquí a allá, es manifiestamente inepta para sus tareas.

El proyecto de Constitución que vengo publicando en esta página dedica un capítulo completo a los "Servicios del Estado Federal", es decir, a las entidades a través de las cuales las decisiones políticas y legislativas se llevan a cabo. Se trata de tres servicios principales, cada uno de ellos responsable de un ámbito determinado de la acción del Estado, y que por lo tanto cuentan con prerrogativas, obligaciones y facultades específicas para su tarea. Son los siguientes:

  • Servicio Civil Federal: encargado del manejo cotidiano de los asuntos administrativos y funcionales de todas las reparticiones del Estado. Cuenta con distintos escalafones de acuerdo a las funciones que se desempeñan, y comprenderá a la gran mayoría de los funcionarios del Estado.
  • Servicio Diplomático: encargado de la gestión de los asuntos políticos, económicos y de otra índole de la República en el exterior, así como del manejo de las relaciones entre la República y los gobiernos extranjeros y organismos internacionales.
  • Fuerzas Armadas y de Seguridad: encargadas de la administración del monopolio de la violencia legítima en el ámbito exterior (FFAA) o interior (FFSS), de acuerdo con las leyes y directivas de los poderes públicos.

El objetivo de esta etapa del proyecto es sentar las bases de lo que la Argentina más necesita de su Estado: un cuerpo de funcionarios profesionales y capacitados para sus funciones, que funcione en base al mérito y la capacidad y que sea realmente útil al interés nacional. Como siempre, se trata sólo de una base; la voluntad política y las leyes subsiguientes se harán cargo de llevarlo a la realidad.

Servicio Civil Federal.

Como organización funcional de la Administración Pública, sus funciones serán las siguientes:

- Formular y definir los estándares, calificaciones, evaluaciones y escalafones para el personal operativo de todas las reparticiones del Gobierno Federal, según lo dispuesto por el mismo a través del ministerio encargado de la administración pública y sujeto a revisión y aprobación parlamentaria.

- Ejecutar la política del Gobierno para el personal civil del Estado y participar en su formulación.

- Realizar cursos de capacitación laboral para el personal público que lo requiera.

- Mantener un registro de todo el personal empleado por el Estado en cualquiera de sus reparticiones.

- Seleccionar y contratar mediante concurso público y abierto y sujeto a revisión, a pedido y requerimiento de cualquier órgano o agencia de la República, al personal competente para desempeñar cargos y funciones vacantes, por fuera de los cargos cuya designación esté fijada de otra manera por la Constitución o las leyes.

Autoridades del Servicio Civil:

- La máxima autoridad del Servicio Civil Federal estará depositada en un "Secretario General de la República", nominado por el Presidente y directamente dependiente de éste, que será confirmado por el Senado Federal para un mandato de cinco años con posibilidad de una reelección.

- Para ser Secretario General se requiere ser un empleado administrativo del Estado Federal con más de veinte años de servicio y que ocupe una jerarquía equivalente a la de Director, además de los requisitos que establezca una ley especial al respecto.

- El Secretario General tendrá a su cargo la dirección general del Servicio Civil Federal, la coordinación del trabajo administrativo de los Administradores Generales de las reparticiones públicas, la participación en la formulación de políticas relativas al Servicio Civil y la representación del Servicio Civil ante el Gabinete Federal y el Parlamento.

- A nivel ministerial, de repartición y de agencia, un Administrador General asistirá al ministro o responsable del área en la supervisión del trabajo diario del personal civil, del que será su jefe inmediato en el ámbito del área.

- Los Administradores Generales serán nominados conjuntamente por el Primer Ministro y el Ministro o funcionario a cargo de la repartición en cuestión de entre los miembros del Servicio Civil del área con no menos de quince años de servicio y serán confirmados en acuerdo del Gabinete Federal, pudiendo ser posteriormente removidos por el Ministro o funcionario a cargo de la agencia en la que se desempeñen.

Servicio Diplomático.

Como organización encargada de la gestión de los asuntos exteriores de la República, el Servicio Diplomático será un cuerpo de diplomáticos profesionales comisionados por el Estado Federal e instruidos en los institutos de formación que a tal efecto se constituyan, encargado de la representación de la República Argentina y de sus intereses nacionales ante los Estados extranjeros y organizaciones internacionales de las que forme parte, y la representación consular en ciudades extranjeras.

La organización y regulación del Servicio Diplomático, sus escalafones y escalas retributivas, y los derechos y deberes inherentes a sus miembros, estarán fijados por una ley que al respecto dicte el Parlamento Federal.

Tanto el Servicio Diplomático como sus miembros se atendrán a lo dispuesto por la normativa internacional en materia de derecho diplomático para el ejercicio de sus funciones.

El titular del Servicio Diplomático será el propio Presidente de la República en su condición de primer embajador, y el mismo Servicio dependerá administrativa y funcionalmente del ministerio del Poder Ejecutivo encargado del manejo de las relaciones internacionales.

El nombramiento de los embajadores y cónsules de la República quedará en manos del Poder Ejecutivo (Presidente y Primer Ministro), con el correspondiente acuerdo del Senado Federal, y le quedará terminantemente prohibido al Poder Ejecutivo nombrar a personas ajenas al Servicio Diplomático para encabezar representaciones internacionales.

Sólo en casos excepcionales de representación, o en el caso de los embajadores plenipotenciarios por tiempo limitado y con atribuciones conferidas específicamente por el Senado, se podrá nombrar a personas ajenas al Servicio Diplomático para representar a la República.

Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Siendo que la defensa nacional y el mantenimiento de la seguridad, paz y orden internos son obligaciones irrenunciables del Estado, es responsabilidad ineludible del Estado el organizar, capacitar y mantener adecuadamente estructuras de comando, administrativas y de fuerzas dedicadas a la consecución de dichas obligaciones.

Dado además que la provisión de la defensa común y la consolidación de la paz interior son objetivos fundamentales del Estado, toda disposición, directiva o instrucción que comprometa conscientemente y sin garantía alguna la capacidad del Estado de proveer a la defensa y seguridad nacional traerá sujeta las penas que la ley prevea para aquellos que las propongan, formulen, consientan o aprueben.

La defensa nacional del país ante agresiones externas, la protección de la independencia, la garantía de los intereses nacionales y la preservación de la soberanía sobre los espacios terrestres, marítimos y aéreos bajo la jurisdicción de la República quedará en manos de Fuerzas Armadas profesionales organizadas, entrenadas y equipadas apropiadamente a tal efecto.

Por otro lado, con el fin de asegurar el mantenimiento de la ley en las fronteras y espacios marítimos, fluviales y lacustres, garantizar la seguridad de las instalaciones del Estado o que sean consideradas de interés especial y para combatir y prevenir el accionar de elementos organizados que representen una amenaza para la seguridad pública, el Estado Federal organizará y equipará Fuerzas de Seguridad.

Tanto las Fuerzas Armadas y de Seguridad serán consideradas como agencias del Gobierno Federal para el uso y aplicación de la fuerza legítima, e independientemente de su estado, sus autoridades serán designadas por el Presidente de la República, con el consejo del Primer Ministro y del ministro encargado del ramo (el ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, el ministerio con responsabilidad sobre la seguridad interior en el caso de las FFSS). Sin embargo, en ambos casos el Presidente de la República será el Comandante en Jefe de las FFAA y FFSS.

El Parlamento Federal tiene a su cargo la formulación y sanción, mediante mayoría de dos tercios de sus miembros en ambas cámaras, de las leyes orgánicas que fijen la organización, administración y normativa de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En ambos casos, el régimen del personal militar y de seguridad estará comprendido en una ley específica para cada tipo de personal, que deberá basarse en el régimen general de los empleados y funcionarios del Estado, pero contemplando sólo aquellas prerrogativas, derechos y deberes que sean estrictamente necesarios e imprescindibles surgidos de la función militar, de seguridad o policial.

Siendo que las Fuerzas Armadas y de Seguridad son instituciones esencialmente obedientes a las autoridades federales, a sus miembros les quedará terminantemente prohibido, mientras estén en servicio activo, la realización de actos de naturaleza política, la participación en los mismos haciendo uso del uniforme u otra demostración de su carácter de miembro de las fuerzas, y la manifestación pública o mediática de opiniones de corte político sin obtener previamente el consentimiento y aprobación de los Ministros responsables y las máximas autoridades de las fuerzas. Estas obligaciones no se aplican al personal retirado o dado de baja.

De igual forma, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen el deber constitucional de negarse a obedecer cualquier orden o directiva tomada por sus superiores militares o civiles que se hallare en violación abierta y directa de lo establecido por esta Constitución. Estos actos de no obediencia requerirán la investigación posterior al hecho por parte de juntas evaluadoras de la inconstitucionalidad de la orden, que en caso de ser confirmada, significará la exención de cualquier castigo o sanción para el personal que haya incurrido en su desobediencia.

Esta obligación de preservar la Constitución le impone además a los miembros de las FFAA y FFSS el deber constitucional de denunciar ante los superiores que correspondieren a cualquier otro miembro que actúe o planee actuar en violación a lo establecido por la Constitución y sus leyes.

Pero esto también implica una prohibición explícita de la interferencia política en el seno de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por su condición de instituciones profesionales. Es por esto que el proyecto establece la prohibición terminante al Gobierno Federal y a los partidos políticos de realizar actos proselitistas, manifestaciones políticas o difusión de doctrina política alguna entre el personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, con una prohibición especial de cualquier actividad orientada al adoctrinamiento ideológico del personal de dichas fuerzas.

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En la próxima entrega de la serie, vamos a tratar cuestiones variadas como los mecanismos de reforma y disposiciones adicionales de la Constitución.

Gracias por su atención y hasta la próxima.

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sábado, 8 de noviembre de 2008

Una nueva Constitución (11): De Provincias, Regiones y Municipios.

La Argentina es una república representativa y federal, nos dice el Artículo 1 de la Constitución Nacional.

Al margen de que la experiencia histórica nos diga que de república ha tenido y tiene muy poco, y que la representatividad es cuestionable, el carácter de "federal" de nuestro país no pasa de ser una broma de triste gusto.

Podemos verlo todos los días con gobernadores que tienen que mendigar fondos en Buenos Aires para sostener sus provincias (independientemente de que sus propios fondos terminen engrosando sus cuentas bancarias), lo cual logran a cambio de humillaciones abyectas. Podemos verlo en provincias que por varias razones son inviables, y también lo podemos ver en el mastodonte ingobernable que se hace llamar "Provincia de Buenos Aires".

Es por eso que hoy me voy a ocupar del federalismo.

Está claro que resolver los problemas de las provincias y lograr que al menos puedan sostenerse por sí mismas, sin necesidad de sacrificar su autonomía por los mendrugos que les tira el Gobierno Central, es un trabajo de años que deben realizar las propias provincias. A nivel federal lo único que puede hacerse es sentar las reglas de juego del sistema, tanto para las relaciones entre el gobierno federal y las provincias como entre las propias provincias.

Y si queremos que el federalismo sea algo real y no una simple intención, entonces las reglas de juego que la Constitución tiene que consagrar deben ser lo más favorables posibles a las Provincias, y lo más restrictivas que sea factible respecto del Gobierno federal.

Al comenzar con este proyecto estaba convencido de que la forma de organización provincial tal como está establecida en la Constitución nacional era inviable e insostenible. Estaba convencido de que hacía falta transformar la división política del país para lograr unidades políticas más reducidas, más sostenibles, más cercanas a la ciudadanía (y por tanto más fáciles de controlar por parte de los ciudadanos) y que faciliten la representación a nivel federal.

Estaba convencido de que era necesario abolir las 23 provincias y la Ciudad Autónoma y reemplazarlas por 100 departamentos (a falta de un mejor nombre) de menor extensión geográfica, cada uno con un representante en un Poder Legislativo federal unicameral. Estaba convencido de que esa propuesta permitiría, entre otras cosas, que ciudades tan distintas como Mar del Plata, San Nicolás, Olavarría, Tandil y Bahía Blanca, entre otras, pudieran tener su propia voz a nivel nacional y el manejo de sus propios recursos, en vez de tener que pasar por el agujero negro de La Plata. Idéntica situación con otras ciudades como Río Cuarto, Rosario, Comodoro Rivadavia, etcétera...

Pero por el momento creo que un plan como ese es un salto impracticable. Existen demasiadas razones históricas y culturales contra una idea semejante, sin mencionar que no se puede transformar la identidad regional de un país con un simple decreto. Es por eso que en siguientes revisiones del proyecto abandoné la idea del legislativo unicameral y del rediseño de la división política por algo más clásico.

Aunque todavía guardo una versión de ese proyecto original.

En fin, tal como quedó, el proyecto contempla los siguientes niveles de división y organización política, con sus correspondientes facultades, prerrogativas y limitaciones. Del financiamiento no hablo por haberlo tratado en la quinta nota de la presente serie.

PROVINCIAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS

- Son libres y autónomas bajo los términos de la Constitución, se dan sus propias Constituciones y organizan sus gobiernos en base a las disposiciones de las mismas, respetando la forma republicana y representativa del Gobierno, la separación y control mutuo de los poderes y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.

- Sus Constituciones no pueden contradecir o incluir elementos que representen una violación directa de la Constitución federal, so pena de nulidad absoluta e insanable de la Constitución provincial entera.

- Los Gobiernos Provinciales se hallan limitados en su accionar por la Constitución Federal, la Constitución Provincial y las leyes federales y provinciales aplicables.

- Ejercen todos los poderes que la Constitución no le ha cedido a la República (ver nota 7 de esta serie), así como aquellos poderes que el Parlamento Federal les ceda por ley al considerarlos mejor manejados a nivel provincial o local. De igual manera, las Constituciones que concedan a las Provincias poderes que les están expresamente prohibidos o reservados al Gobierno Federal son absoluta e insanablemente nulas. En los casos de facultades concurrentes y compartidas, si las hubiera, las competencias serán asignadas mediante ley especial del Parlamento Federal.

- Los límites provinciales son garantizados por el Gobierno Federal; toda modificación de los límites territoriales de las Provincias, así como la creación o disgregación de una Provincia, o la fusión de varias en una, o la erección de una Ciudad Autónoma en el territorio de una Provincia, requerirá la aprobación concurrente del Parlamento Federal y de las Legislaturas provinciales interesadas.

- El Gobierno Federal garantiza la naturaleza republicana y representativa de los Gobiernos Provinciales y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en su territorio, e interviene cuando estén en riesgo, previa aprobación por mayoría de dos tercios en el Senado.

- Las provincias son jurídica y legalmente iguales entre sí, y los actos públicos, registros y regulaciones de cualquiera de ellas gozarán de entera fe y crédito en el resto de las provincias, a través de los mecanismos de prueba que establezca el Parlamento. Ninguna Provincia podrá impugnar política o judicialmente los actos públicos y registros de otra.

- Las Provincias no podrán unirse en alianza o pacto sin consentimiento del Parlamento, ni podrán firmar convenios internacionales o mantener relaciones diplomáticas sino a través del Gobierno Federal, que deberá ratificar mediante ley del Parlamento los acuerdos internacionales concertados por las Provincias.

- En caso de conflicto, la ley federal tendrá primacía sobre la ley provincial.

- Las Provincias tienen prohibido: acuñar moneda o emitir unidades utilizables como medio de compraventa, contraer créditos en el extranjero sin la intermediación federal, armar y equipar fuerzas militares, establecer aduanas, percibir derechos de importación o exportación, hacer la guerra entre sí o separarse de la República. En los casos de conflictos armados interprovinciales o intentos separatistas, el Gobierno Federal estará autorizado a intervenir militarmente.

- Las Provincias tienen a su cargo el mantenimiento del orden público, para lo que podrán establecer fuerzas policiales provinciales adecuadas a tal responsabilidad y complementarias con las policías locales si éstas fueran establecidas. Podrán equipar milicias exclusivamente para servir como reserva de las Fuerzas Armadas federales, las que podrán ser puestas bajo control federal con la sola voluntad del Presidente como Comandante en Jefe; la negativa a federalizar las milicias provinciales será considerada como sedición si proviene del Gobierno Provincial, o como amotinamiento si surge de los propios miembros y autoridades de la milicia.

- Las Provincias gestionan sus propios sistemas educativos y de salud pública, implementando los planes que fueran formulados por el Gobierno Federal, y dictan normas sobre su propia administración.

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Si bien la idea de disolver las Provincias y reemplazarlas por departamentos quedó en el tintero (o en el teclado) creo que es necesario e indispensable en el caso de la Provincia de Buenos Aires. No le hace bien a la salud institucional tener un mastodonte poblacional y económico como la Provincia de Buenos Aires teniendo un peso desproporcionado en comparación con las demás, y considero que existe demasiada variedad en su territorio como para mantenerla unificada.

Por lo tanto, propongo que la Provincia de Buenos Aires sea disgregada en cuatro nuevas Provincias, que pasarán a tener la porción que le corresponda de la representación parlamentaria y del Colegio Electoral que tenía Buenos Aires, además de ganar sus propios representantes en el Senado y su autonomía.

Las nuevas provincias que propongo y los territorios de las mismas (según la actual división electoral de la Provincia de Buenos Aires) son las siguientes:

* Provincia de La Plata: Constituida a partir de las actuales Secciones Electorales III y VIII

* Provincia de Mar del Plata: Constituida a partir de la actual Sección Electoral V

* Provincia de San Nicolás: Constituida a partir de las actuales Secciones Electorales VI y VIII

* Provincia de Bahía Blanca: Constituida a partir de las actuales Secciones Electorales I, II y IV

LAS REGIONES

Si bien el engendro constitucional de 1994 estableció la posibilidad de formar regiones para potenciar el desarrollo de las provincias, dado que eso quedó en la nada salvo honrosas excepciones, considero que una nueva Constitución debe dar un mayor impulso a la regionalización del país, dando directivas claras y concretas que ayuden a convertir a las regiones en realidades tangibles y no sólo buenas intenciones.

Es por esto que el proyecto contempla otorgar un plazo máximo de un año desde la puesta en vigor de la Constitución para que las provincias conformen mediante acuerdos entre sus representantes las Regiones que las agrupen, con el fin de fomentar el desarrollo de sus economías y sociedades, y gestionar intereses comunes que no queden bajo la autoridad del Gobierno Federal. Ninguna Provincia podría formar parte de más de una Región o quedar excluida de las mismas.

La estructura organizativa de cada Región será la que las provincias integrantes se den en el tratado constitutivo, asegurándose siempre de garantizar la debida e igualitaria representación de los ciudadanos de las Provincias en sus órganos decisorios y legislativos.

Una vez constituidas, las Regiones gozarán de personería jurídica y podrán ser parte en casos judiciales, gozando de las siguientes atribuciones:

* Podrán dictar normativas tendientes al desarrollo y fomento de sus economías regionales, a la promoción de los intereses comunes de las Provincias que las constituyan y a la promoción de las inversiones extranjeras y nacionales directas.

* Podrán diseñar e implementar planes de infraestructura vial, y gestionar en nombre de sus Provincias constitutivas el financiamiento federal o internacional de los mismos.

* Podrán diseñar planes estratégicos de desarrollo de sus economías.

* Podrán celebrar convenios internacionales que no sean incompatibles con la política exterior del Gobierno Federal.

* Podrán establecer agencias de seguridad especializadas y complementarias de las policías provinciales y locales, y dictarán las normas que regulen su funcionamiento y organización.

* Podrán ejercer los poderes que le deleguen tanto el Estado Federal como los Gobiernos Provinciales.

* Podrán constituir entes reguladores de servicios públicos regionales.

* Podrán establecer Tribunales Arbitrales o de solución de controversias no judiciales que se presenten entre sus Provincias constitutivas.

* Podrán autorizar, licitar y regular la explotación de los recursos minerales que se hallen en el territorio de sus provincias constitutivas, las cuales deberán prestar consentimiento a través de sus órganos legislativos.

Aunque le queda prohibido a las Regiones establecer tributos e impuestos de cualquier clase, su financiamiento se asegurará a través de la contribución de las provincias que las constituyen, de los cánones percibidos por la actividad de las empresas radicadas en ella, de los peajes que se establezcan para el mantenimiento de su red caminera, y de las contribuciones directas que pudiera recibir de parte del Estado Federal para propósitos específicos.

LOS MUNICIPIOS

El nivel municipal es el más próximo al ciudadano de entre todas las estructuras del Estado. Es el que se ocupa de sus preocupaciones diarias y el que más efecto tiene en la calidad de vida inmediata de las personas. Es por esta razón que propongo que el nivel municipal pase a recibir nuevas competencias y facultades que por un lado hagan que tenga más peso e influencia en la vida cotidiana que lo que tienen las provincias o el Estado Federal, y que por el otro lado permita un control más cercano de la ciudadanía respecto de la acción gubernamental: es más fácil estar al tanto de lo que hace el intendente de una ciudad que vigilar al gobernador o al Presidente.

En lo relativo a los municipios, el proyecto de Constitución que describo tiene los siguientes puntos:

El régimen municipal será dictado por cada provincia de acuerdo a los principios y condiciones de la Constitución, aunque independientemente del régimen adoptado, las Provincias estarán obligadas a reconocer una serie de potestades a los gobiernos municipales.0

Las características de los regímenes municipales deben incluir las siguientes:

- Un régimen electivo de autoridades,

- separación de poderes entre el jefe del gobierno local, el órgano deliberativo y la justicia local,

- derecho a representación en los órganos legislativos provinciales,

- autarquía financiera y administrativa,

- capacidad para dictar ordenanzas en materias que sean de su competencia,

- facultades para la gestión, provisión y mantenimiento de los servicios públicos básicos,

- facultad para organizar policías locales para el mantenimiento del orden público y la represión del delito,

- facultad para imponer tasas y contribuciones por los servicios públicos y de limpieza que sean de gestión pública, así como multas para las violaciones contravencionales,

- competencia en lo relativo a la administración del sistema educativo local, de acuerdo a los lineamientos y normativas federales y provinciales,

- competencia judicial en materia contravencional y de faltas,

- opinión y participación en proyectos federales y provinciales que incumban directamente a los municipios.

Podrán establecerse distintos grados de autonomía municipal, dependiendo de la población del municipio, y las Provincias podrán otorgar cartas municipales que establezcan la organización de las autoridades locales y las prerrogativas y derechos municipales a los poblados que cumplan con los requisitos necesarios para constituirse como municipios. La revocación de las cartas municipales de aquellos municipios que incurran en violaciones groseras del régimen municipal, de la Constitución Provincial y de la Constitución Federal, quedará en manos de los gobiernos provinciales y requerirá la anuencia del Gobierno Federal.

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Aquí concluye la sección dedicada a la organización provincial y territorial. En la próxima entrega, hablaremos del personal del Estado, específicamente de los empleados públicos (el servicio civil), de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, y del Cuerpo Diplomático.

Muchas gracias y hasta la próxima.

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sábado, 1 de noviembre de 2008

Una nueva Constitución (10): El Poder Judicial

Excesivo control del poder político. Falta de independencia. Lentitud y congestionamiento de las causas. Deficiente calidad de los jueces en todos los niveles. Falta de transparencia en la designación y remoción de jueces y fiscales. Susceptibilidad a las presiones. Corrupción. Y tantos otros atributos más que caracterizan al Poder Judicial de la República Argentina.
Transformar al sistema judicial argentino en un verdadero poder independiente que pueda controlar los actos del Gobierno y preservar los derechos de la ciudadanía es una tarea titánica, y tal vez sea la más vital de las transformaciones necesarias para hacer que la Argentina sea una república de una vez por todas.
Debo aclarar que no soy abogado. Es por eso que el capítulo dedicado al Poder Judicial en la propuesta de una nueva Constitución no pretende ir más allá de algunos postulados básicos de reorganización del sistema judicial nacional. Además y como siempre, el aporte de cualquier lector con conocimientos judiciales es más que bienvenido.
La Corte Suprema
  • Compuesta por cuatro Salas permanentes, cada una con cinco jueces ("ministros de la Corte") que permanecen en sus cargos de manera vitalicia y mientras dure su buena conducta.
  • Cada Sala de la Corte Suprema tendrá una competencia determinada: Constitucional, Civil, Criminal y Comercial.
  • El presidente de la Sala Constitucional es además presidente de la Corte Suprema y cabeza del Poder Judicial de la República.
  • Para ser ministro de la Corte es necesario ser abogado federal debidamente registrado y con un mínimo de ocho años de práctica del Derecho.
  • Los precandidatos a ocupar asientos en la Corte Suprema son nominados en ternas por el Consejo de la Magistratura, quedando a cargo del Presidente de la República la selección de uno de los ternados. El candidato designado deberá presentarse en audiencias ante las Comisiones de Justicia y de Acuerdos del Senado, previo al voto de confirmación de la Cámara Alta, que deberá juntar una mayoría de dos tercios de los presentes y votantes para confirmar al candidato como miembro de la Corte Suprema.
  • Si el Senado rechaza la nominación del candidato, el Presidente puede insistir una vez más con el mismo candidato. Si vuelve a ser rechazado, entonces el Consejo de la Magistratura deberá presentar una nueva terna de precandidatos.
Los Tribunales Inferiores
  • Pueden ser establecidos por Ley del Parlamento Federal en los puntos de la República que se estimen convenientes, con un mínimo de tres tribunales federales por provincia.
  • Los Tribunales Federales, además de versar sobre las causas que la Constitución reserva a la Justicia Federal, podrán recibir y tratar apelaciones de fallos de las justicias provinciales.
  • Cada Tribunal tendrá tres jueces, con uno de ellos como Juez Presidente del Tribunal.
  • Para formar parte de un tribunal federal se exigen los mismos requisitos y procedimientos que los fijados para la Corte Suprema.
  • Se constituirán tribunales federales únicos de jurisdicción nacional y exclusiva en materias electorales, aduaneras, de almirantazgo y derecho marítimo, y de crímenes políticos y de terrorismo.
Competencias
  • La Justicia Federal tiene competencia en las causas que traten sobre cuestiones regidas por la Constitución y las leyes subsiguientes, sobre conflictos entre residentes o gobiernos de distintas provincias, sobre interpretación de tratados y convenios internacionales, sobre almirantazgo, derecho marítimo y pesca, y aquellas en donde el Estado Federal sea parte.
  • Las Salas de la Corte Suprema ejercen su jurisdicción por apelación, excepto en los casos que involucren a personal diplomático extranjero acreditado ante la República, o que tengan a una Provincia como parte querellante o acusada. En estos casos especiales la jurisdicción de la Corte será inmediata, exclusiva y originaria.
  • Las decisiones de las Salas de la Corte Suprema de Justicia son finales e inapelables.
  • Todas las causas que no estén explícitamente asignadas a la Justicia Federal por la Constitución quedan reservadas a los tribunales provinciales.
  • El gobierno del Poder Judicial queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, según la legislación pertinente que el Parlamento apruebe.
El Consejo de la Magistratura
  • Se encarga de seleccionar a los precandidatos para los tribunales federales y la Corte Suprema, y de administrar el Poder Judicial junto con la Corte.
  • Está compuesto por el Presidente de la Corte Suprema y otros dos ministros de la Corte, tres jueces de los tribunales federales, tres académicos del derecho, tres abogados de la matrícula federal, tres senadores del bloque mayoritario y dos de la primera minoría, tres diputados del bloque mayoritario y dos de la minoría, y un representante especial nombrado por el Presidente de la República.
  • Los miembros del Consejo provenientes del Parlamento Federal serán propuestos conjuntamente por el Primer Ministro y por las Comisiones de Justicia de cada Cámara, debiendo ser confirmados en el cargo por el voto de dos tercios del total de miembros de las respectivas Cámaras.
  • Los miembros del Consejo que sean Ministros de la Corte Suprema o Jueces de los Tribunales Federales serán elegidos por todos los Ministros de la Corte Suprema mediante voto mayoritario.
  • Los miembros del Consejo en representación de los abogados serán elegidos por la comisión directiva del principal Colegio de Abogados del nivel federal.
  • Los miembros del Consejo en representación del ámbito académico serán elegidos por los decanos de las Facultades de Derecho de las principales universidades nacionales.
  • Todas las decisiones del Consejo se toman por una mayoría de al menos quince miembros.
  • Las funciones del Consejo incluyen: seleccionar ternas de candidatos para ocupar las vacancias en los Tribunales Federales, elevar dichas ternas a consideración del Presidente y del Primer Ministro, administrar los recursos asignados por el presupuesto del Poder Judicial y dar cuenta de sus gastos ante la Auditoría General, dictar reglamentos sobre organización del Poder Judicial, ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados federales, y abrir y conducir los procedimientos de remoción de los magistrados federales, y presentar las acusaciones ante la Cámara de Diputados.
La Procuración General de Justicia
  • La Procuración General se encarga de la investigación de los hechos delictivos y de aquellos involucrados, del ejercicio de la acción penal pública, y de la protección y preservación de los testigos, sin que le quede impedido a los ofendidos por el delito ejercer la acción penal.
  • No tiene facultades judiciales ni jurisdicción sobre causa alguna.
  • Provee los defensores públicos que requieran aquellos ciudadanos que estén acusados ante un Tribunal Federal y que no cuenten con los servicios de un abogado.
  • Los fiscales de la Procuración General pueden impartir órdenes directas a las fuerzas de seguridad federales y a las policías provinciales en lo referido a su investigación, pero requerirán de la autorización de un juez para cualquier acción que prive a un imputado de los derechos constitucionales de los que goza.
  • La organización de la Procuración General y los requisitos para los fiscales y defensores públicos serán establecidos por ley del Parlamento Federal.
  • Los presupuestos asignados a las funciones fiscales y de defensoría deberán ser idénticos.
  • La Procuración General estará encabezada por un funcionario con el título de Procurador General de la República, que deberá ser abogado con al menos diez años de ejercicio profesional, cuarenta de edad y seis de ciudadanía. El Procurador General es nominado por el Presidente y confirmado por mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes del Senado para un mandato único de seis años. Si el candidato es rechazado por el Senado, el Presidente podrá proponer a un nuevo candidato hasta que sea aprobado.

Con esto doy por terminado el capítulo del Poder Judicial, y una vez más les aviso que no soy abogado, así que cualquier ayuda que estén interesados en dar los profesionales del derecho, es más que bienvenida y agradecida.

La próxima nota tratará sobre los gobiernos provinciales, regionales y municipales. Ya veremos de qué se trata exactamente.

Gracias una vez más y hasta la próxima.

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sábado, 25 de octubre de 2008

Una nueva Constitución (9): El fusible del Estado.

Como mencioné en el último artículo de la serie, la idea que este proyecto tiene para el Poder Ejecutivo es la de dividirlo en una Jefatura del Estado y una Jefatura del Gobierno, para así evitar que todo el poder se concentre en una única persona, con las consecuencias nefastas que cualquiera puede encontrar con sólo ver la historia reciente de la República Argentina.
Pero no es únicamente la preocupación por la concentración del poder lo que motiva esta división del Ejecutivo en dos esferas; también tiene que ver con una importante lección de la historia argentina.
La Argentina es, para ponerlo en términos clínicos, un país tremendamente jodido para gobernar.
Es un país con una economía tan vertiginosa que haría envidiar a una montaña rusa, cuenta con una población que pasa de la mansedumbre al frenesí en muy poco tiempo y generalmente sin aviso, y tiene una serie de instituciones intermedias (sindicatos, uniones empresariales, "oenegés" y "movimientos sociales") muy conscientes de su propio poder y de lo que puede ser una amenaza para ellas.
En ese contexto, un gobierno que asume el poder aupado en el amor y confianza absoluta de un pueblo feliz puede convertirse en meses en una administración odiada y culpada de todos los problemas del país, y la oposición que permaneció escondida en los momentos de gloria del oficialismo aparece con un cuchillo entre los dientes para comerse crudo al Gobierno a la primera señal de debilidad.

Y si a eso le sumamos un Poder Ejecutivo como el nuestro, con condiciones extremadamente limitadas de reemplazo fuera de las elecciones, y cuyos titulares tienden a ser tan tercos que sólo abandonan el poder con los pies para adelante o después de que varias decenas de argentinos salen de los hospitales de igual manera, estamos entonces en el peor de los mundos: un país inestable con un gobierno rígido y poco adaptable.
Tampoco es posible mantener políticas de Estado si el titular del Ejecutivo debe pasar todo el tiempo ocupándose de lo urgente y no de lo importante.
La creación del cargo de Primer Ministro está pensada para proveer la adaptabilidad que actualmente le falta al sistema de gobierno argentino. En efecto, al ser un cargo que depende para asumir de una mayoría favorable en la Cámara de Diputados y que puede ser removido por un simple voto de la misma cámara, sin juicio político ni ninguna otra complicación mayor, el Primer Ministro puede funcionar como el fusible que necesita el sistema político argentino para sobrevivir a una eventual crisis sin llevar al Estado y al país al borde del colapso.
De igual manera, mientras que el Presidente se ocupa de las cuestiones más permanentes del Estado (como la política exterior, la defensa nacional y otras políticas de Estado), resguardado por su mandato fijo y por un menor involucramiento en los temas cotidianos del Gobierno, el Primer Ministro puede dedicar todo su esfuerzo a la gestión diaria del Estado, en especial de los asuntos domésticos y económicos... que son los que más pueden hacer necesario el recambio del fusible. Así, el Estado puede mantener una continuidad de sus políticas más permanentes a través de un Presidente que funciona como Jefe del Estado, y puede adaptarse a los cambios de circunstancias económicas y de humor político a través de un Primer Ministro responsable ante el Parlamento y dependiente del respaldo mayoritario del mismo.
Esto significa que, de darse la circunstancia, puede llegar a haber un Presidente perteneciente a un partido y un Primer Ministro y un Gabinete que provienen de la Oposición, en caso de que ésta consiga una mayoría propia en la Cámara de Diputados.
Hablemos ahora de las características del cargo de Primer Ministro, y por extensión, del resto del Gabinete.
  • El Gabinete del Poder Ejecutivo se compone del Primer Ministro y de los demás ministros cuyas carteras sean establecidas por ley del Parlamento Federal, y estará encargado de la administración diaria de los asuntos de la República y de las demás facultades que le sean delegadas por ley.
  • Después de una elección general para la Cámara de Diputados, el partido que cuente con mayoría absoluta, o en su defecto una coalición de partidos que cuente al menos con la mitad más uno de los miembros de la Cámara, o la primera minoría en caso de no formarse una coalición y sólo si cuenta con no menos del 40% de los escaños de la Cámara, deberá nominar a un candidato a Primer Ministro que requerirá del voto mayoritario de la Cámara y de la confirmación del Presidente para ocupar efectivamente el cargo de Primer Ministro y la titularidad del Gobierno.
  • En el primer caso (partido con mayoría absoluta) tendremos un gobierno de mayoría; en el segundo (coalición de partidos), tendremos un gobierno de coalición, y en el tercero (primera minoría con no menos del 40% de los escaños) tendremos un gobierno de minoría. Si no se da ninguno de estos casos, deberá convocarse a una nueva elección para la Cámara de Diputados.
  • El Primer Ministro permanece en su cargo mientras conserve una mayoría en la Cámara de Diputados (o no tenga una mayoría contraria en caso de ser un gobierno de minoría), y deberá renunciar a su cargo si la Cámara de Diputados aprueba una moción de censura en su contra o si el proyecto anual de Presupuesto es rechazado por el Parlamento. Puede también renunciar a su cargo por propia voluntad, pero NO puede ser forzado a renunciar por el Presidente de la República.
  • Las mociones de censura sólo podrán ser presentadas si se forma una coalición de partidos que tengan la mitad más uno de los escaños de la Cámara que nomine a su propio candidato a Primer Ministro, y deberán ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de la Cámara.
  • Para evitar la posibilidad de un frenesí legislativo para hacerse con el cargo de Primer Ministro, si se destituye consecutivamente a tres Primeros Ministros en el lapso que transcurre desde una elección para Diputados hasta la siguiente, el Presidente de la República asumirá todas las funciones y facultades del Primer Ministro hasta la siguiente elección general. En esta circunstancia, la Cámara de Diputados puede votar su propia disolución y un llamado a nuevas elecciones para completar el período parlamentario en curso, con el fin de formar un nuevo gobierno y evitar que el Presidente concentre todas las funciones del Ejecutivo.

Poderes del Primer Ministro.

  • El Primer Ministro recomienda al Presidente a los candidatos a ocupar los distintos ministerios (excepto Defensa y Relaciones Exteriores, que quedan a criterio del Presidente), para que éste último los nomine ante el Senado para que esta Cámara preste su consentimiento.
  • El Primer Ministro es Jefe del Gobierno y de la administración pública, y tiene a su cargo la implementación de las leyes de la República y de las directivas presidenciales, a través de los demás ministros del Gabinete.
  • Puede redactar proyectos de decretos y presentarlos al Presidente para que éste los promulgue.
  • Participa de la formulación de la política del Estado y refrenda todos los decretos y directivas presidenciales; si el Primer Ministro y una mayoría de los ministros del Gabinete no firman, el decreto no podrá ser puesto en vigor.
  • Expide las normas reglamentarias necesarias para poner en práctica las leyes, sin poder modificarlas.
  • Aconseja al Presidente en lo relativo a los nombramiento de funcionarios que la Constitución reserva al jefe del Estado, y se encarga de los nombramientos no reglados de otra manera en la Constitución.
  • Preside las reuniones del Gabinete y fija su agenda.
  • Participa de las sesiones de la Cámara de Diputados pero no vota en ellas, y presenta los informes que el Parlamento solicite al Poder Ejecutivo, además de hacer presentaciones regulares a ambas Cámaras cada dos meses.

El Gabinete.

  • Está presidido ordinariamente por el Primer Ministro, y en ausencia o inhabilidad de éste, por el ministro encargado de las Relaciones Exteriores. El Presidente participa de las reuniones e interviene en las discusiones.
  • Los ministros sólo tienen poder ejecutivo y administrativo sobre los asuntos relativos a sus carteras, según se lo permitan la Constitución, las leyes y las delegaciones de poder que pudiera hacer el Presidente.
  • El Gabinete es colectivamente responsable de la implementación de las leyes de la República, y podrá recomendar y proponer legislación para consideración del Parlamento; los ministros podrán hacerlo individualmente en lo referido a sus propias carteras.
  • El Gabinete supervisa a los ministerios, departamentos, oficinas, agencias e institutos del Gobierno Federal, y cada ministro hace lo propio con lo que dependa de sus propias carteras.
  • Los ministros estarán encargados de seleccionar, nominar y remover a los encargados administrativos de las distintas dependencias de sus ministerios, salvo que la Constitución y las leyes lo dispongan de otra manera.
  • El Gabinete es colectivamente responsable de proponer y definir prioridades para la asignación presupuestaria, así como de la rendición de cuentas ante el Parlamento por los gastos hechos en los presupuestos aprobados.
  • El Gabinete o cualquiera de sus ministros podrá pedirle a un tribunal que se expida de manera consultiva sobre la legalidad o constitucionalidad de un asunto de su interés.
  • A través de los ministros encargado de la economía y de las finanzas públicas, el Gabinete elabora el proyecto de presupuesto general de gastos, inversión y servicios, el cálculo de recursos públicos y la cuenta de inversión del período precedente, así como proyecciones presupuestarias plurianuales.
  • Una vez aprobado el Presupuesto, le está prohibido al Primer Ministro o a cualquier ministro del Gabinete la reasignación de partidas o la modificación de la distribución de fondos.
  • El rechazo del proyecto de Presupuesto será considerado como una declaración de censura del Parlamento respecto del Primer Ministro, y forzará su renuncia inmediata.
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Concluimos así con el Poder Ejecutivo; la próxima vez, pasamos al Poder Judicial.
Espero que les haya parecido interesante y será hasta el próximo artículo de la serie.

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sábado, 18 de octubre de 2008

Una nueva Constitución (8): Domando a la Bestia

Ah, la Presidencia de la Nación.

La verdadera bestia política del sistema argentino. El cargo del que todo depende en este bendito país.

En teoría, la Presidencia cumple la función de jefe de Estado y de Gobierno de una república con división de poderes. En la práctica y debido a numerosos factores históricos y políticos, la Presidencia es prácticamente la corona de una monarquía absoluta, y su poder no depende tanto de las limitaciones constitucionales sino de la personalidad y poder propio del ocupante del cargo.

No hablemos de fantasías como independencia judicial y autonomía del Congreso, porque son conceptos que sólo entran en vigor cuando el Presidente de turno tiene el poder político de un helecho o cuando ya es un pato rengo.

Es así que la Argentina oscila entre caudillos hegemónicos y avasallantes como lo fueron Perón, Menem y ambos Kirchner, y pobres diablos que no pueden manejar ni un triciclo, como De la Rúa, Isabelita y Frondizi.

De más está decir que un cargo que alterna entre extremos de impotencia rotunda y supremacía incuestionable es algo muy poco sano para la salud institucional de la República Argentina.

Es por eso que lo que la propuesta de una nueva Constitución tiene pensado para el Poder Ejecutivo apunta a limitar lo más posible el alcance y discrecionalidad de sus poderes, desconcentrar las facultades que se le confieren y fomentar la autonomía de los demás poderes.

El primer punto consiste en la separación entre la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno. La primera quedará en manos del Presidente mientras que el gobierno (la administración cotidiana de los asuntos públicos) pasará al nuevo cargo de Primer Ministro, completando de esa manera la "parlamentarización" del sistema argentino que se intentó a medias creando al Jefe de Gabinete en la reforma de 1994. Del Primer Ministro, que como vimos en pasadas entregas requiere del apoyo de la Cámara de Diputados para alcanzar y mantenerse en el cargo, hablaremos en otra oportunidad.

El objetivo de dividir el Ejecutivo en una cabeza del Estado y una cabeza del Gobierno es primero desconcentrar los poderes que actualmente tiene el Presidente de la Nación, y después facilitar el desarrollo de políticas de Estado (que quedarían bajo el resguardo de la nueva Presidencia) menos dependientes de los asuntos políticos cotidianos (que son responsabilidad del Primer Ministro.

El segundo punto tiene que ver con la elección y duración del mandato presidencial. La propuesta contempla abandonar el sistema actual de mandato de cuatro años con una reelección inmediata y posibilidad de nuevos mandatos luego de un intervalo, y reestablecer el sistema que fijaba en toda su sabiduría la Constitución de 1853: un mandato presidencial único y sin reelección de seis años.

A diferencia de la Constitución de 1853, la prohibición de la reelección sería explícita y total: un Presidente que concluye su mandato no podrá ser reelegido jamás, no importa cuántos otros períodos pasen desde el final de su mandato. Como "premio consuelo", y reconociendo que nuestros ex-presidentes jamás se retiran de la vida pública, la propuesta les concede a los presidentes cuyo mandato hubiera terminado una banca vitalicia en el Senado.

El sistema electoral presidencial que contempla la propuesta también implica un retorno al sistema de 1853. La eliminación del Colegio Electoral ha sido un desastre rotundo para la institucionalidad argentina, al concederle un peso desproporcionado al Conurbano bonaerense, lo que le permite a un candidato erigirse victorioso si cuenta con el apoyo de los distintos partidos bonaerenses que rodean a la Capital, despreciando de esta manera a las provincias más pequeñas que, en teoría, son iguales en derechos a la Provincia de Buenos Aires.

El nuevo sistema de colegio electoral prevee concederle a cada provincia una cantidad de "votos electorales" igual a la cantidad de diputados y senadores que manda al Parlamento Federal; los votos electorales de cada provincia se asignarán a cada candidato proporcionalmente a la cantidad de votos obtenidos. Para ser Presidente de la República, un candidato deberá contar con una mayoría de estos "votos electorales", además de haber ganado individualmente en la mayoría de las Provincias. Además, se elimina el infame "sistema Corach" por el cual se requiere el 45% de los votos o más del 40% con una diferencia de 10% sobre el segundo para ser Presidente: se vuelve a la mayoría absoluta (mitad más uno) para alzarse con la victoria.

En caso de que nadie alcance las mayorías requeridas o que haya discrepancia, es decir un candidato que gana en la mayoría de las provincias y otro que gana la mayoría de los votos electorales, se procederá a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados. Si después de esta segunda vuelta ningún candidato consigue la doble mayoría necesaria, la Presidencia irá al candidato que saque una mayor ventaja sobre el otro en el requisito cumplido (por ejemplo, si el candidato A sacó 60% de los votos electorales y el candidato B ganó en 13 de los 24 distritos, el candidato A se convierte en Presidente de la Nación).

Por supuesto, también existe un cargo de Vicepresidente, para el que aplican las mismas reglas y limitaciones que para el Jefe del Estado; la única excepción es que el Vicepresidente sí tiene permitido candidatearse para la Presidencia al finalizar su mandato.

Pasemos ahora a las facultades y poderes del Presidente.

  • Continúa siendo el Jefe de Estado de la República Argentina.
  • Es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y encabeza personalmente el Cuerpo Diplomático como primer embajador de la República Argentina.
  • Promulga las leyes aprobadas por el Parlamento o las veta en su totalidad: el Presidente no podrá vetar parcialmente una ley o eliminar una parte y promulgar el resto según su criterio.
  • Reglamenta las leyes mediante la promulgación de decretos que no pueden modificar la esencia de la ley ni tratar sobre cuestiones penales, impositivas, electorales, de ciudadanía, presupuestarias o de reforma constitucional. Los decretos presidenciales están sujetos a la revisión del Parlamento y de la Justicia, pudiendo ser objetados por ambos.
  • Nombra a los ministros del Poder Ejecutivo a recomendación del Primer Ministro, con excepción de los ministros encargados de la defensa nacional y de las relaciones exteriores, los cuales son nombrados por propia y única voluntad del Presidente en su carácter de comandante en jefe y primer embajador. En todos los casos, los ministros deben ser confirmados en sus cargos por el voto mayoritario del Senado.
  • En caso de muerte, renuncia o censura de tres Primeros Ministros entre una elección general y la siguiente (tres años), asume los poderes y facultades correspondientes al Primer Ministro hasta que se celebren las siguientes elecciones generales.
  • Nombra y remueve por sí solo a los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y promueve a los oficiales superiores con acuerdo del Senado en tiempo de paz, y por sí sólo en tiempo de guerra.
  • Propone ante el Senado, con el consejo y recomendación del Primer Ministro, a los candidatos a ocupar los cargos de Auditor General, Fiscal General, Secretario General y Defensor General de la República.
  • Declara el estado de sitio y la ley marcial por sí mismo durante el receso parlamentario y con acuerdo del Parlamento durante el período ordinario en caso de conmoción interior; en caso de ataque exterior, el Presidente puede declarar por sí solo el estado de sitio.
  • Inaugura las sesiones anuales del Parlamento y detalla ante las Cámaras el estado de la República.
  • Concluye y firma tratados, acuerdos y concordatos con potencias extranjeras, los que deberán recibir luego ratificación legislativa.
  • Efectúa nombramientos en comisión durante el receso legislativo, y esos nombramientos deberán ser confirmados por el Parlamento durante las siguientes sesiones ordinarias.
  • Declara la guerra y hace un cese al fuego o llega a la paz, con aprobación parlamentaria.

Esto concluye la propuesta de convertir a la Presidencia de la Nación en un cargo más limitado y acotado, y más acorde con lo que requiere una verdadera república moderna.

Para la próxima, sea cuando sea, el tema versará sobre el Primer Ministro y los demás ministros del Gobierno Federal.

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sábado, 27 de septiembre de 2008

Una nueva Constitución (7): De las leyes y su cocción.

En la entrega de hoy, vamos a tratar principalmente sobre las leyes: cuál es el proceso que debe seguirse para su sanción y cuáles son los asuntos que pueden ser legislados por el Parlamento Federal.
En mi opinión, considero que el Parlamento argentino debe tener una lista de poderes y competencias claramente definida, que sea lo más restrictiva posible para el Gobierno federal, para así poder preservar mejor el federalismo y la división de poderes.
PODERES LEGISLATIVOS
Asuntos fiscales:
  • Establecer impuestos indirectos al comercio y a las transferencias de capital; recomendar la implementación de impuestos directos, sujeta a la aprobación y ratificación de cada Legislatura provincial.
  • Establecer derechos y tasas aduaneras sobre la exportación e importación de bienes, servicios y recursos.
  • Aprobar los préstamos internacionales contraídos y arreglar su pago.
  • Establecer una moneda nacional, fijar su valor de cambio inicial y castigar su falsificación.
  • Aprobar anualmente el Presupuesto y el Cálculo de Recursos para el año siguiente y aprobar o desechar la Cuenta de Inversión del año en curso.
  • Legislar sobre los salarios de los funcionarios de los tres poderes del Estado; los cambios aprobados sólo entrarán en vigor después de la siguiente elección general, o un año después en el caso del Poder Judicial.
Relaciones Exteriores:
  • Ratificar o rechazar los tratados celebrados por el Poder Ejecutivo.
  • Supervisar el manejo de las relaciones internacionales.
  • Autorizar al Poder Ejecutivo a declarar la guerra o firmar la paz.
Defensa, Seguridad y Orden Público:
  • Establecer Fuerzas Armadas para la defensa nacional, y legislar sobre su organización y presupuesto.
  • Establecer Fuerzas de seguridad federales para la protección de las fronteras y espacios marítimos, y para el combate de grupos criminales organizados.
  • Establecer Agencias para la prevención, investigación y represión de los delitos, y para la recolección de información útil para la seguridad y la defensa.
  • Autorizar la intervención federal para restaurar el orden y el funcionamiento institucional en una o más provincias.
  • Declarar el estado de emergencia en todo el país, o en puntos determinados del mismo, en caso de ataque exterior o disturbios internos que impidan el funcionamiento de las instituciones. Confirmarlo o suspenderlo en caso de haber sido establecido por el Presidente durante el receso legislativo u otra circunstancia que haga imposible la sesión del Parlamento.
  • Autorizar la declaración de la ley marcial y la suspensión de los derechos y libertades constitucionales por un plazo no mayor a 30 días, si los desórdenes no pueden ser controlados exclusivamente por las fuerzas de seguridad y policiales, de acuerdo con los mandatos de una Ley de Poderes de Emergencia sancionada con anterioridad al hecho. En caso de ser necesario, puede prorrogar la ley marcial por otros 30 días.
Economía, Sociedad y Servicios:
  • Establecer un sistema postal nacional y promover el progreso de las comunicaciones escritas y audiovisuales.
  • Legislar sobre herencias, sucesiones y bancarrotas.
  • Legislar en materia educativa y universitaria.
  • Legislar en materia sanitaria y del sistema de salud.
  • Legislar sobre la operación de los sistemas bancarios públicos y privados.
  • Legislar sobre la regulación y emisión de licencias para ciertas profesiones, y regular los privilegios legales de los doctores en derecho, medicina y filosofía.
  • Promover el progreso de las artes y las ciencias
  • Aprobar cualquier adquisición por parte del Estado de una parte del paquete accionario de una empresa, y fiscalizar sus ejercicios y actividades comerciales.
  • Realizar un censo nacional cada diez años, y ajustar en consecuencia la asignación de bancas en la Cámara de Diputados.
Funcionamiento del Estado:
  • Dictar códigos de legislación civil, criminal, comercial, laboral, de seguridad social y de regulación de la práctica del derecho.
  • Nombrar a todos los funcionarios cuya designación no sea establecida de otro modo por la Constitución.
  • Comisionar a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y aprobar sus ascensos a los grados superiores.
  • Nombrar a los embajadores y ministros del Cuerpo Diplomático para representar al país ante otros gobiernos.
  • Designar a las autoridades superiores del Servicio Público Civil.
  • Legislar sobre los contratos, condiciones laborales, salarios, mecanismos de conciliación y beneficios sociales de los empleados públicos.
  • Supervisar el ejercicio de los poderes conferidos por la Constitución al Estado Federal y sancionar las leyes que sean necesarias.
Administración de Justicia:
  • Dictar un código que regule la práctica del derecho a nivel federal.
  • Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema.
  • Sostener por igual a las Fiscalías y Defensorías Públicas.
Límites territoriales y provinciales, modificación de las provincias e inclusión de nuevas provincias:
  • Establecer los límites nacionales.
  • Modificar los límites provinciales con el consentimiento de las legislaturas provinciales interesadas.
  • Fusionar a varias provincias en una sola, con el consentimiento de las legislaturas provinciales interesadas.
  • Dividir una provincia en varias, con el consentimiento de la legislatura provincial interesada.
  • Declarar la autonomía de una ciudad, con el consentimiento de la legislatura provincial interesada.
  • Aceptar la incorporación de los territorios extranjeros que soliciten formar parte de la República, y legislar en forma exclusiva sobre ellos durante el período de transición hasta que se conviertan en provincias de la República.
Adicionales:
  • Fijar el sistema de pesos y medidas.
  • Fijar la hora oficial.
  • Definir los símbolos nacionales y legislar sobre su uso, exhibición y las ofensas a su dignidad.
CÓMO SE COCINAN LAS LEYES.
Iniciativa
Un proyecto de ley puede ser presentado por:
  • El Presidente de la República.
  • El Gabinete de Ministros.
  • Un diputado nacional o varios en conjunto.
  • Un senador nacional o varios en conjunto, en los casos en los que le corresponda la iniciativa al Senado (ver abajo)
  • Una petición presentada ante la Comisión Electoral, que cuente con las firmas de al menos tres por ciento de todo el padrón electoral.
  • Un gobernador provincial, con el consentimiento y aprobación de su Legislatura y a través de uno de los senadores de su provincia.
Cámara de origen
  • La Cámara de Diputados es la cámara de origen de todos los proyectos legislativos, salvo las excepciones reservadas al Senado. Los proyectos son tratados primero en la comisión correspondiente, y si obtienen el dictamen, pasan a ser tratados por el plenario de la Cámara.
  • El Senado sólo será cámara de origen en los casos de proyectos de ley sobre coparticipación federal, distribución de competencias entre el Gobierno federal y las provincias, modificación de las circunscripciones electorales y todos los proyectos presentados por un gobernador provincial con el consentimiento de su legislatura. En estos casos, el procedimiento es igual que en la Cámara de Diputados.
Posibles resultados (el procedimiento es el mismo si el proyecto tuvo origen en el Senado).
  • Diputados rechaza el proyecto: el proyecto cae y no puede ser tratado por el resto del año.
  • Diputados aprueba el proyecto por mayoría simple, y el Senado lo aprueba sin modificaciones: Pasa al Ejecutivo para promulgación o veto.
  • Diputados aprueba el proyecto pero el Senado lo rechaza: el proyecto cae y no puede volver a ser tratado por el resto del año.
  • Diputados aprueba el proyecto por mayoría simple, pero el Senado lo modifica por mayoría simple: Vuelve a Diputados para que se aprueben las modificaciones o se insista sobre el proyecto original. CASO 1: Si Diputados insiste sobre el proyecto original con mayoría de dos tercios, el Senado tiene que aprobarlo o rechazarlo sin poder modificarlo. CASO 2: Si se aprueban las modificaciones, el proyecto pasa al Ejecutivo para promulgación o veto.
  • Diputados aprueba el proyecto por mayoría simple, pero el Senado lo modifica por mayoría de dos tercios: Pasa al Ejecutivo para promulgación o veto.
  • Diputados aprueba el proyecto por mayoría de dos tercios: el Senado debe aprobarlo o rechazarlo sin introducir modificaciones. CASO 1: Si el Senado lo aprueba, pasa al Ejecutivo para promulgación o veto. CASO 2: Si el Senado no lo aprueba, el proyecto cae y no puede volver a ser tratado por lo que queda del año.
  • En todos los casos, la sanción debe ser expresa, jamás tácita o asumida.
El Vicepresidente.
  • Si hay empate en el Senado, le corresponde desempatar al Vicepresidente de la República. Su voto vale doble en estas circunstancias.
Veto Presidencial.
  • Si un proyecto es aprobado por las dos Cámaras, pasa al Ejecutivo para su promulgación como ley o su veto.
  • El veto del Ejecutivo es absoluto: el Presidente no puede vetar algunas partes de la ley y dejar otras en vigor, como hasta ahora. Tampoco puede modificar el proyecto.
  • Si el proyecto es vetado, vuelve a la Cámara de Diputados. Si es aprobado por dos tercios de los votos, pasa al Senado. Si en el Senado es aprobado por dos tercios de los votos, entonces es despachado de vuelta al Presidente para que lo promulgue como ley.
  • Si el Presidente no promulga o veta un proyecto de ley en un plazo de diez días hábiles, se considera que el proyecto se convierte automáticamente en ley.

Mayorías.

  • Mayoría simple: la mitad más uno de los miembros presentes en cada Cámara.
  • Mayoría especial calificada: Para los proyectos que traten sobre impuestos, contribuciones, coparticipación impositiva, reclutamiento de tropas, reforma constitucional, materia penal, régimen electoral y régimen de los partidos políticos, se exigirá la aprobación por parte de dos tercios del total de miembros de cada Cámara, que representen a su vez al menos al 65% de la población nacional. Para esto, se asume que cada diputado aporta la representación del porcentaje de habitantes del país que viven en su circunscripción de origen de acuerdo al último censo nacional. En el caso de los senadores, cada senador aportará la representación de la tercera parte de los habitantes de su provincia. Los senadores vitalicios no tienen peso representativo, sólo cuentan por su voto.

ORGANISMOS AUXILIARES Y DEPENDIENTES DEL PODER LEGISLATIVO.

Además, considero oportuno mencionar los organismos especiales que dependerán del Poder Legislativo, aunque contarán con absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones.

A dos de ellos ya los tenemos en nuestra Constitución actual: a la Auditoría General y a la Defensoría del Pueblo. Además de estos, agrego uno nuevo, una Comisión Electoral Federal para garantizar la transparencia y legalidad de todo el proceso electoral y la independencia del control electoral.

Comisión Electoral Federal

Composición: Nueve miembros que permanecen nueve años en sus cargos, renovándose la Comisión por tercios cada tres años después de cada elección general. Cada uno de los tres bloques mayoritarios en la Cámara de Diputados tiene derecho a nominar un candidato a Comisionado Electoral, que deberá ser confirmado por el Presidente para que pueda ejercer su cargo. No podrá haber más de tres comisionados electorales que pertenezcan a un mismo partido o coalición.

Procedimientos: Todas las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría de dos tercios de sus integrantes. La Presidencia de la Comisión Electoral rotará anualmente entre sus miembros.

Facultades:

- Habilitar la participación de todo partido y candidato que cumpla con las condiciones establecidas por la Constitución y la ley.- Asesorar al Parlamento sobre legislación electoral y de partidos políticos.

- Colaborar en proyectos tendientes a mejorar la calidad de las elecciones.

- Organizar las elecciones federales y supervisar su legalidad y normal desarrollo.

- Recibir e investigar denuncias de fraude o irregularidades de financiamiento.

- Efectuar el recuento de los votos.

- Elevar denuncias al Tribunal Federal Electoral.

- Exigir y recibir información detallada de cada partido sobre sus cuentas y aportes de campaña, y publicar dicha información.

- Confeccionar los proyectos de modificación de los distritos electorales luego de recabados los resultados de los Censos nacionales, y elevar los proyectos al Senado para su tratamiento legislativo.

- Imponer multas y sanciones a los partidos que violen la legislación electoral y el régimen de partidos políticos.

Auditoría General de la República

Encabezada por un Auditor General nominado por el principal partido de oposición y designado por el Presidente de la República con el acuerdo de dos terceras partes del Senado. El Auditor General deberá ser un abogado con diez años mínimo de práctica, y ejercerá su cargo por un período de seis años sin posibilidad de reelección.

Poderes:

- Controlar la legalidad de los actos de la Administración Federal.

- Fiscalizar los ingresos e inversiones de los fondos públicos.

- Examinar las cuentas de los responsables de los fondos públicos.- Supervisar la contabilidad de la República.

Defensoría del Pueblo.

Encabezada por el Defensor General de la República, designado por el Presidente con el acuerdo del Senado, y que puede ser removido por el mismo Senado con una mayoría de dos tercios de los votos. Dura seis años en su cargo y puede ser reelegido una sola vez.

Funciones:

- Defender y proteger los derechos, garantías e intereses constitucionales frente a los actos u omisiones de la Administración.

- Iniciar causas judiciales por su propia cuenta o patrocinar aquellas abiertas por particulares en defensa de sus derechos y garantías.

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Eso es todo por esta vuelta. Como siempre, muchas gracias por su atención.

La próxima vez nos metemos con la verdadera Bestia Política del sistema argentino... el Presidente.

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sábado, 20 de septiembre de 2008

Una nueva Constitución (6): De la "escribanía" al Parlamento.

Hoy vamos a dejar atrás toda la parte conceptual y declarativa, para tratar lo institucional. Y para empezar con las instituciones, esta entrega va a tratar sobre el Poder Legislativo.
Todos conocemos los defectos de nuestro actual poder legislativo: su tendencia a funcionar como una escribanía formada por "levantamanos" cuando el Ejecutivo es poderoso, su carencia de poder y autoridad frente al Presidente, y un sistema electoral para la Cámara de Diputados que resulta en listas de diputados que son, como los domingos en familia de "Los Benvenutto", una caja de sorpresas.
En este proyecto, el Legislativo va a estar depositado en un Parlamento Federal compuesto por dos Cámaras. En la entrega anterior mencioné que uso "Parlamento" y no "Congreso" por una razón, que es la siguiente: en un sistema como el que tenemos actualmente, el Poder Ejecutivo no responde ante el Congreso y es independiente de él, pero en un sistema parlamentario, el Ejecutivo es responsable políticamente ante el Legislativo y depende de la confianza de éste último para mantenerse en el poder.
En resumen, un Congreso no interviene en la formación o composición del Poder Ejecutivo excepto en una situación extraordinaria, mientras que un Parlamento sí puede hacerlo en condiciones normales, y además tiene el poder para forzar un cambio en el Ejecutivo.
¿Por qué pasar del "Congreso" actual a un "Parlamento"? Porque la historia argentina demuestra de manera clara que es indispensable poner coto al Poder Ejecutivo y evitar que se convierta en el elemento dominante del sistema político. No sólo los asuntos nacionales son demasiado complejos para que queden en manos de una sola persona, sino que no se puede permitir que todo el Estado esté sujeto a las decisiones del titular de turno del Poder Ejecutivo.
En la medida en que el sistema parlamentario establece controles firmes al Ejecutivo y le impone a éste responsabilidad de sus actos frente al Legislativo (sin mencionar la posibilidad de forzar cambios radicales del elenco gobernante), entonces se hace posible evitar las presidencias dominantes que hemos visto hasta ahora e impulsar un sistema más consensuado y menos sujeto a los caprichos de una sola persona.
Ahora bien, ¿cómo debe ser este Parlamento Federal?
Cuando empecé con este proyecto, estaba convencido de que necesariamente tenía que ser unicameral. El sistema de dos cámaras me parecía excesivo e innecesario, especialmente si se le transfieren más facultades a las provincias y municipios, por no decir que hacían más complejo el proceso legislativo. Estaba convencido de que lo único que necesitaba el Estado federal para legislar era una cámara única, un Senado Federal.
Después la realidad se ocupó de hacerme reevaluar la utilidad del bicameralismo, en un momento marcado por las frases: "Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo, mi voto es en contra."
El sistema bicameral permite que haya otra representación en el Legislativo además de la del "pueblo", para balancear el poder de las eventuales mayorías: en los Estados multiétnicos, la Cámara alta puede representar a las distintas comunidades en un pie de igualdad, en otros la Cámara alta puede representar a la aristocracia (aunque esto está en decadencia), y por último, en los Estados federales (como aspiramos a que sea la Argentina), las Cámaras altas sirven para representar los intereses de los distintos Estados miembros de la federación, llámense "Estados", "provincias", "regiones" o como sea.
Además, como lo demostró el caso de las retenciones móviles, el sistema bicameral permite una mayor capacidad de reflexión, revisión y modificación de los proyectos de ley, que las que tendríamos si hubiera solamente una cámara legislativa.
Actualmente tenemos un sistema bicameral en el que el pueblo de la Nación tiene su voz en la Cámara de Diputados, mientras las provincias y la ciudad están representadas en el Senado. En principio, esto se ajusta a lo que debería tener la Argentina.
Pero no significa que no se le puedan hacer grandes cambios.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Composición: Para esta propuesta, la Cámara de Diputados continuará siendo la representación en el Parlamento del pueblo de la Nación, pero estará integrada de una manera diferente. Actualmente, la Cámara está formada por diputados elegidos en listas únicas en cada provincia y en la ciudad de Buenos Aires; las bancas se distribuyen de manera proporcional entre los partidos políticos según el caudal de votos que reciben.
Como primer resultado de este sistema, existe un profundo desconocimiento de los ciudadanos sobre quiénes son sus "representantes", siendo común que en cada elección se conozca a lo sumo los dos primeros nombres de cada lista de candidatos; del tercero para abajo, se trata de desconocidos (y muchos "tapados" que terminan siendo de triste reputación) que pasan inadvertidos y aumentan el caudal de levantamanos en el Legislativo.
El proyecto propone hacer que los diputados sean elegidos mediante el sistema de circunscripciones electorales uninominales. Así, el territorio de cada provincia se divide en tantas circunscripciones como diputados le correspondan, y cada una de esas circunscripciones elegirá un único diputado para que la represente en la Cámara.
Las circunscripciones serán asignadas de la siguiente manera: a cada Provincia y Ciudad Autónoma le corresponden automáticamente tres diputados, a los que se les agregará un diputado más por cada 300.000 habitantes (si se respetara la proporción actual de 33.000 habitantes por diputado que manda la Constitución, tendríamos una Cámara de 1212 diputados). Luego de cada Censo Nacional, se reacomodará la distribución de bancas y circunscripciones para adaptarse a los cambios poblacionales que hubieran tenido lugar.
De esta manera y después de cierto redondeo, las bancas en la Cámara se distribuirán de la siguiente manera: 53 para la Provincia de Buenos Aires (de la que hablaremos más tarde), 14 para Córdoba, 14 para Santa Fe, 13 para la Ciudad de Buenos Aires, 9 para Mendoza, 8 para Tucumán, 7 para Entre Ríos, 7 para Misiones, 7 para Salta, 6 para Chaco, 6 para Corrientes, 6 para Santiago del Estero, 5 para Formosa, 5 para Jujuy, 5 para Neuquén, 5 para Río Negro, 5 para San Juan, 4 para Catamarca, 4 para Chubut, 4 para La Pampa, 4 para La Rioja, 4 para San Luis, 3 para Santa Cruz y 3 para Tierra del Fuego, para un gran total de 201 diputados en la Cámara.
Para evitar el "gerrymandering" (el diseño de las circunscripciones para favorecer a un partido determinado o perjudicar a otro), las circunscripciones electorales deberán respetar los límites de las divisiones administrativas de cada provincia o ciudad autónoma, llámense "departamentos", "partidos" o "comunas", y las propuestas de reforma de las circunscripciones deberán ser elaboradas por una Comisión Electoral independiente, de la que hablaremos en otra entrega.
Elecciones: Actualmente, los diputados duran cuatro años en sus cargos y la Cámara de Diputados se renueva por mitades cada dos años. El resultado es que con tantas elecciones frecuentes, la Argentina tiende a vivir en un estado de campaña electoral permanente. Además, los diputados tienen la posibilidad de la reelección ilimitada, de la cual mientras menos se diga, mejor para la salud.
La propuesta postula que haya elecciones generales ordinarias para la Cámara de Diputados una vez cada tres años, y que en dichas elecciones se renueve la totalidad de la Cámara.
Habrá elecciones extraordinarias si la Cámara es disuelta antes de tiempo por su propio voto, así como elecciones especiales en una circunscripción si su diputado muere, renuncia, es destituido o su mandato es revocado por el voto de sus electores. En ambos casos, los mandatos de los nuevos diputados sólo durarán hasta la siguiente elección ordinaria.
Se habilita también la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio contra los diputados, aprovechando que con el nuevo sistema, cada distrito sabrá bien quién es su "representante".
Para evitar una de las mayores críticas al sistema uninominal (que los diputados pueden ser elegidos con una simple pluralidad de votos, dando como resultado que pueda haber una mayoría de votos contrarios al diputado elegido), las elecciones a la Cámara serán con doble vuelta. Si un candidato no obtiene la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, irá a ballottage con el que le sigue en votos, para que cada diputado tenga el respaldo de una mayoría de sus votantes.
Además, se limita la reelección de los diputados a un total de cuatro mandatos, o 12 años.
Relación con el Ejecutivo: De acuerdo con el control del Ejecutivo que existe en un sistema parlamentario, la Cámara de Diputados tendrá un papel fundamental. En efecto, para poder ejercer su cargo, el Primer Ministro deberá tener el respaldo de al menos la mitad más uno de los diputados, ya sea que esta mayoría sea de su propio partido o de una coalición que lo respalde. El Presidente, que es legalmente el encargado de designar al Primer Ministro, no podrá rechazar a un candidato que cuente con el respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados. Más sobre esto en la entrega que hablará del Ejecutivo.
De la misma manera, si la Cámara decide quitarle su respaldo al Primer Ministro (ya sea votando para destituírlo o nombrando a un nuevo Primer Ministro en su lugar), éste deberá renunciar junto con todo su gabinete, a la espera de que surja un nuevo Gabinete que cuente con mayoría en la Cámara.
Este sistema permite además que el gabinete quede en manos del partido o coalición con mayoría en la Cámara, independientemente de si es el partido del Presidente o no. De esta manera, se evita la situación de "gobierno dividido" (un Ejecutivo de un partido y un Legislativo controlado por la oposición) que tantas veces ha llevado a la parálisis gubernamental en nuestro país.
Para remover al Presidente o Vice, y a los miembros de la Corte Suprema, sin embargo, se seguirá utilizando el sistema de juicio político. Al igual que hasta ahora, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de acusar a alguno de los antes mencionados para que el Senado los juzgue.
Poderes: Aunque de esto hablaremos en la siguiente entrega, el proyecto propone que la Cámara de Diputados sea la cámara de origen de toda la legislación, dejando al Senado como cámara revisora excepto en determinadas circunstancias en las que será el Senado el encargado de iniciar la legislación.
EL SENADO
Composición: Actualmente el Senado se compone de tres miembros por cada provincia y por la ciudad de Buenos Aires elegidos por el voto directo, dos por la mayoría y uno por la primera minoría electoral.
De acuerdo a la propuesta, se mantendrían los tres miembros que le corresponden a cada provincia y ciudad autónoma, pero el mecanismo de elección será distinto.
  1. Un senador elegido en la misma boleta con el gobernador y vicegobernador.
  2. Un senador por el partido con la mayoría en la Legislatura provincial.
  3. Un senador por el partido con la primera minoría en la Legislatura provincial.
¿Por qué de esta manera? Porque la idea que propongo es que el Senado no sólo represente los intereses provinciales, sino que además represente la correlación de fuerzas políticas en su provincia de origen, para que pueda haber una mayor sintonía entre lo que pasa en la provincia o ciudad y sus representantes en el Senado.
Veamos el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo. Actualmente, el gobierno de la Ciudad lo ejerce el PRO, que además tiene la mayor cantidad de bancas en la Legislatura porteña (27 bancas sobre 60, no las suficientes para que sea mayoría propia). El partido que le sigue en representación legislativa es el Frente para la Victoria, con 12 bancas. ¿Cómo se distribuyen las bancas de Capital en el Senado actualmente? Dos para la Coalición Cívica y una para el Frente para la Victoria.
Un caso parecido ocurre en Santa Fe, que teniendo un gobernador socialista y una mayoría socialista en su Cámara de Diputados, tiene dos senadores nacionales por el Frente para la Victoria y uno por el Partido Socialista.
Me parece necesario que, para que haya una clara defensa de los intereses provinciales en el Senado, las bancas reflejen lo más posible la situación política de cada provincia, y creo que este sistema puede servir para ello.
Además de estos senadores provinciales, considero oportuno que los ex-presidentes constitucionales que no hayan sido destituidos o sometidos a juicio político tengan bancas vitalicias en el Senado. Resignémonos a que los ex-presidentes en la Argentina no se van a jubilar o resignar a convertirse en conferencistas de lujo como en Estados Unidos, pero para evitar que se vuelvan excesivamente poderosos, dejémoslos con una posición de moderado poder político como es una banca en el Senado.
Con todo esto, si este sistema se implementara hoy, el Senado tendría un total de 78 miembros: 72 por las provincias, y seis ex-presidentes que todavía siguen vivos (Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde y Néstor Kirchner). Isabelita sigue viva pero no me parece que convenga darle una banca en el Senado... pero esa es mi opinión personal.
Elecciones: Debido a la composición que propongo para el Senado, nos vamos a encontrar en la situación de que no va a haber elecciones específicas para los senadores nacionales, y que sus mandatos van a tener distinta duración dependiendo de la provincia a la que representan y al mecanismo por el que fueron elegidos.
Los senadores elegidos en conjunto con los gobernadores y vicegobernadores irían en la misma boleta que éstos, por lo que cada boleta para las elecciones ejecutivas provinciales constaría de tres nombres: el del candidato a gobernador, el del candidato a vicegobernador y el del candidato a senador nacional. La duración de sus mandatos sería exactamente la misma que la de sus respectivos gobernadores provinciales, pero no será afectado por la renuncia o destitución de éstos. Estos senadores podrán ser reelegidos, si consiguen un lugarcito en las boletas de la siguiente elección a gobernador.
Los senadores que representan a las bancas en la Legislatura provincial también irán en boletas de otras elecciones, en este caso, las de los miembros de las legislaturas provinciales. Cada boleta legislativa provincial tendrá entonces un mínimo de dos nombres: el del diputado provincial (si es circunscripción uninominal, y cuantos diputados sean si es con un sistema de lista) y el del senador nacional postulado por el partido. Los dos partidos que consigan más bancas en la legislatura, ganarán cada uno una banca en el Senado para sus candidatos, y éstos durarán en sus cargos hasta la siguiente elección legislativa en su provincia... pudiendo ser reelegidos si consiguen la nominación de sus partidos para las siguientes elecciones.
Los senadores de cada provincia deberán responder por sus actos ante sus legislaturas provinciales, y éstas los podrán remover de sus cargos con una mayoría especial. Además, también existirá la posibilidad de revocar el mandato de un senador mediante el voto mayoritario de los ciudadanos de su provincia de origen, en un referéndum.
Relación con el Ejecutivo: El control que el Senado ejercerá sobre el Ejecutivo está dado por la exigencia de que cada candidato a ministro del Gabinete cuente con el acuerdo de una mayoría en el Senado. Todos los que sean propuestos para ministros deberán pasar por audiencias ante las comisiones del Senado y tendrán que conseguir el respaldo mayoritario del mismo para poder ejercer sus cargos.
De igual manera, el Senado podrá remover a un ministro determinado con el voto de la mayoría de sus miembros, pero no podrá hacer caer a todo el Gabinete de una sola vez, facultad que le corresponde a la Cámara de Diputados.
En cuanto al Presidente y a la Corte Suprema, el Senado podrá removerlos mediante el juicio político, previa acusación de la Cámara de Diputados.
Poderes: Como mencioné antes, en esta propuesta la Cámara de Diputados será la cámara de origen de casi todos los proyectos de ley, dejando al Senado como cámara revisora en la mayoría de los casos. Las únicas excepciones serán los proyectos de coparticipación federal, de modificación de las circunscripciones electorales para la Cámara de Diputados, y todos los proyectos que sean pedidos por el gobernador provincial con el respaldo mayoritario de la Legislatura.
El objetivo es hacer que el Senado sirva como freno moderador de la Cámara de Diputados y que fomente la defensa de los intereses provinciales en el nivel nacional.
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Bueno, una vez más termino con una entrega excesivamente larga, por la que les pido disculpas desde ya y les agradezco su paciencia. Espero que el tema les parezca interesante.
En la próxima entrega: la formación y sanción de las leyes, y los órganos especiales del poder Legislativo.
FE DE ERRATAS: Hubo un pequeño error numérico con el total de miembros del Senado, ya ha sido convenientemente corregido.

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