Una historia paralela de la Argentina (Parte 18)

Una historia paralela de la Argentina (1806 - 2010)

18. Los años de emergencia (1974-1978)

El asesinato del presidente Héctor Cámpora terminó por arrastrar a todas las instituciones del país a una crisis potencialmente terminal. Apenas tres días después del funeral de Cámpora en Rosario, ambas cámaras del Parlamento se reunieron en una sesión de emergencia para encontrar una salida a la compleja situación que había surgido a partir del magnicidio del Presidente.

El 29 de diciembre de 1973 el Senado se reunió para decidir sobre la sucesión extraordinaria de Cámpora, en una sesión que concentró la atención del público como no lo había hecho desde los eventos de 1956 que propiciaron la salida de Perón del poder.

El asesinato del Presidente había desatado una pequeña crisis constitucional, ya que la legislación vigente no preveía una sucesión de emergencia para aquel cargo considerado como puramente ceremonial. Sin embargo, se tornaba indispensable designar a un nuevo Presidente dado que sólo éste podía ordenar la disolución formal del Parlamento en caso de ser necesarias nuevas elecciones; por más que en la práctica fuera el Primer Ministro el que tomara la decisión, la misma carecía de fuerza legal sin el asentimiento del Presidente de la República.

Tras nueve horas de tenso debate en las aguas turbias de la incertidumbre constitucional el presidente del Senado, Nicholas Maitland, anunció que asumiría de manera provisional la Presidencia de la República hasta tanto el Parlamento determinara los pasos a seguir, amparándose en la costumbre constitucional de solicitar al Senado la nominación de un candidato a Presidente.

A pesar de las objeciones que la movida suscitó entre los bloques socialdemócrata y conservador del Senado (Maitland pertenecía al Partido Nacional), el voto mayoritario de la Cámara otorgó su consentimiento a la decisión y Nicholas Maitland se convirtió en Presidente Provisional de la República hasta que la Cámara de Representantes y el Senado decidieran sobre su continuidad o remoción.

La atención pública se concentró cuatro días después en la Cámara de Representantes, en donde parecía inevitable la aprobación de una moción de censura contra el primer ministro Ricardo Balbín. El propio Primer Ministro dijo estar dispuesto a abandonar el cargo si lo pedía la Cámara, pero a pesar de este aparente consenso sobre la necesidad de cambiar el liderazgo, el debate sobre la convocatoria a nuevas elecciones o la formación de un nuevo gobierno se estancó y demoró la decisión de la Cámara hasta la madrugada del 3 de enero.

Aunque estaba prácticamente decidida la censura contra el gobierno de Balbín, no había mayorías para respaldar un pedido para convocar a nuevas elecciones, que era respaldado por los socialdemócratas, o para consagrar a un nuevo gabinete como querían los nacionales ya que su líder, Juan María Bordaberry, era el “candidato natural” para presidir un nuevo gobierno. El fiel de la balanza estaba en manos del Partido Conservador, que había hecho saber que no prestaría su consentimiento para la formación de un gobierno si no había un compromiso formal de plantear la restauración de la monarquía.

A las cinco de la mañana del 3 de enero se produjo un vuelco formidable en el debate. Después de un intercambio de palabras extraordinariamente agrio entre Bordaberry y su contraparte conservadora, Lawrence Helmsford, un disidente de este último partido, Michael Crowe, se levantó de su escaño y se sentó junto a la bancada del Partido Nacional en medio de fuertes críticas a la conducta de su propio partido. Crowe fue sólo el primero de los miembros conservadores de la Cámara que en ese momento abandonaron en tropel la bancada partidaria hasta dejar sólo menos de la tercera parte de los representantes junto a Helmsford. El Partido Conservador tal como había sido conocido nunca pudo recuperarse de la “revuelta de Crowe” y su decadencia acabaría con su virtual disolución a mediados de la década siguiente.

Con el apoyo repentino de los rebeldes conservadores, Bordaberry obtuvo los números suficientes para aceptar la dimisión de Balbín y constituir un nuevo gobierno, el cual fue juramentado a las seis de la mañana por el presidente Maitland ante las cámaras de la ARBC.

Juan María Bordaberry era un veterano político formado en el Partido Nacional de la Provincia del Uruguay y que había llegado a la conducción nacional con la promesa de poner en orden al Partido tras las desastrosas experiencias de Moore y Sabbatini, lo que cumplió con una determinación que sus rivales tildaron de “mano de hierro”. Esa misma determinación sería puesta en marcha desde el primer momento, ya que luego de un breve mensaje en el que urgía al país a permanecer en calma, el flamante Primer Ministro se encerró en la residencia oficial de Fisherton Road a conferenciar con el presidente Maitland, los premieres provinciales y territoriales y los principales dirigentes del nuevo oficialismo y de la oposición socialdemócrata.

No hubo ninguna otra noticia o declaración de Bordaberry durante el resto de la jornada, pero en la madrugada del 4 de enero de 1974 los argentinos tendrían amplia evidencia de lo que se había decidido en Fisherton Road. Empezando a las tres de la mañana y durante buena parte de la jornada, importantes contingentes de tropas y de vehículos militares tomaron posiciones en las principales ciudades del país. Ante la falta de información oficial, cundieron rumores de que había ocurrido un golpe militar y que los comandantes de las fuerzas armadas se harían cargo del poder nacional.

Bordaberry habló al país cerca del mediodía. En un discurso transmitido en cadena nacional, el nuevo Primer Ministro desmintió los rumores de golpe de Estado y anunció que había invocado la Ley de Poderes de Emergencia en todo el territorio nacional para “eliminar” a los grupos terroristas. La disposición suspendía la vigencia de las garantías civiles, fijaba un toque de queda y extendía los poderes policiales de arresto y allanamiento, todas ellas medidas calificadas de “indispensables” para terminar con el accionar violento que estarían en vigencia durante “el tiempo estrictamente necesario” para la eliminación del terrorismo.

El Primer Ministro explicó además que el despliegue militar tenía la misión de custodiar potenciales objetivos terroristas tales como edificios gubernamentales federales, provinciales y territoriales, centrales eléctricas y nucleares, estaciones ferroviarias, puertos y aeropuertos, permitiendo reasignar personal de las fuerzas policiales y las agencias de seguridad a las operaciones antiterroristas, aunque advirtió que podía disponer la intervención militar en tareas de combate contra focos guerrilleros como el de la provincia del Paraguay.

La última parte del mensaje de Bordaberry versó sobre el futuro del proceso político. El Parlamento había optado por no convocar a elecciones generales en atención a la violencia imperante, y posponerlos hasta una fecha “inmediatamente más propicia”, además de confirmar oficialmente a Nicholas Maitland como Presidente de la República por un mandato completo hasta 1978. De todas maneras, Bordaberry también anunció que había incorporado en su gabinete a miembros del Partido Socialdemócrata y de los disidentes conservadores como gesto de unidad y consenso ante la imposibilidad de llamar a elecciones.

Aunque la mayoría abrumadora de la población argentina recibió con alivio todas estas noticias, varios grupos hicieron evidente su descontento e iniciaron una campaña de manifestaciones en las mayores ciudades del país con la esperanza de demostrar que la declaración de una virtual ley marcial fuera apenas una amenaza. Por instrucciones expresas de Bordaberry, las manifestaciones fueron disueltas de manera pacífica o, si no se acataban las directivas policiales o se las resistía violentamente, por la fuerza. Después de los tres primeros días de manifestaciones, que estuvieron acompañados por ocasionales ataques de las organizaciones terroristas, un mínimo orden fue reestablecido en las grandes ciudades argentinas.

Las disposiciones del estado de emergencia entraron en vigor inmediatamente. Al final de la primera semana del gobierno de Bordaberry, más de doscientos sospechosos de actividades terroristas habían sido puestos bajo arresto y esperaban una decisión por parte de los tribunales correspondientes. En contrapartida, la actividad terrorista recrudeció y se produjo una serie de atentados explosivos en todo el país, siendo el más grave el ataque contra el cuartel general de la policía de la provincia de Río Grande en Santa Ana.

La reacción oficial no se hizo esperar, y fue en esos primeros meses cuando el gobierno tomó algunas de sus decisiones más controvertidas. La más notoria ocurrió cuando el gobierno federal dispuso la intervención de la sede de Buenos Aires de la Universidad Nacional del Plata, que estaba ocupada por estudiantes radicalizados desde comienzos del año. El ingreso de los efectivos policiales al campus el 21 de marzo de 1974 provocó incidentes que se saldaron con nueve heridos y ciento cincuenta y ocho detenidos.

Otros incidentes que enfrentaron al gobierno con las universidades ocurrieron cuando se libraron órdenes de arresto contra tres profesores de la Universidad de Córdoba acusados de mantener lazos con el FLH y de hacer proselitismo en sus clases a favor de las organizaciones terroristas. Se produjeron protestas en dicha casa de estudios que sólo se saldaron cuando el gobierno federal aceptó llevar a los profesores en cuestión ante un tribunal que los encontraría culpables en 1977 de apología del delito e incitación a la violencia.

Para coordinar el accionar gubernamental contra el terrorismo, se creó un Consejo Nacional de Seguridad (NSC por sus siglas en inglés) conformado por funcionarios civiles y policiales del nivel federal y provincial, y también por oficiales militares, que tendría a su cargo la dirección de los esfuerzos nacionales contra el terrorismo y la distribución de inteligencia a todas las agencias y organismos involucrados. Además, el gobierno logró que el Parlamento aprobara normas para ilegalizar a los partidos y organizaciones “tapaderas” de los grupos terroristas y para penalizar la tenencia ilegítima de armamento de guerra.

En otro frente y cumpliendo con lo que había anunciado en su discurso, Bordaberry ordenó al Ejército que interviniera con fuerzas de combate para enfrentar al foco guerrillero en la provincia del Paraguay. A las pocas semanas de iniciadas las operaciones militares, Bordaberry logró que el Parlamento aprobara una extensión de los poderes de emergencia que declaraba a toda la provincia del Paraguay como “zona de operaciones”, lo que confería atribuciones especiales a las autoridades militares y establecía un virtual control federal por sobre todas las instituciones del gobierno provincial.

Mientras la policía combatía al terrorismo y las fuerzas armadas se ocupaban de la vigilancia y de las operaciones antiguerrilleras, el gobierno de Bordaberry se ocupaba de poner orden en la desquiciada economía nacional. Tras identificar a la alta inflación como el principal objetivo a vencer, el gobierno dispuso medidas tendientes a contener el aumento de precios y disminuir la progresiva devaluación del dólar argentino; la más dramática de esas medidas fue la suspensión de la flotación monetaria por un período de un año.

El plan económico también promovió la liberalización de las actividades comerciales del sector agropecuario, basándose la decisión en la expectativa de que una vez libre de las restricciones fiscales y aduaneras más distorsivas, se potenciarían las exportaciones y el ingreso de divisas; en tal sentido, la política tuvo éxito, ya que las exportaciones agropecuarias aumentaron casi un 40% entre 1974 y 1976. Aunque el gobierno de Bordaberry estuvo a punto de aplicar esas medidas al sector industrial, la oposición de los grupos empresariales y el temor a un posible incremento en el desempleo disuadieron a la administración.

Otra área en la que Bordaberry debió moderar sus ambiciones fue en lo concerniente a las grandes empresas estatales. Si bien el Primer Ministro era un declarado partidario del ingreso de capitales privados a dichas empresas, la reacción negativa de buena parte del Parlamento y de la dirigencia empresarial lo obligó a contentarse con reorganizar administrativamente las empresas estatales para que pudieran funcionar como corporaciones de pleno derecho por más que la totalidad de sus acciones pertenecieran al Estado.

El frente sindical estuvo agitado durante los comienzos del gobierno de Bordaberry, pero gracias a negociaciones mantenidas por intermedio de dirigentes del Partido Socialdemócrata, se pudo negociar una tregua con las principales centrales sindicales y evitar la realización de nuevos planes de lucha.

Para octubre de 1974 las duras medidas antiterroristas y el accionar coordinado de todas las agencias y fuerzas uniformadas del Estado habían logrado desarticular a los grupos revolucionarios y capturar o poner en fuga a sus principales elencos dirigentes. Lo que quedaba de estas organizaciones debió limitar sus acciones a ocasionales ataques menores a policías o blancos oficiales menos defendidos antes de ser completamente erradicadas, cosa que sólo podría darse por finalizada a comienzos de la década de 1980.

Sin embargo, la situación estaba lo bastante controlada como para que Bordaberry y sus ministros consintieran en suspender la vigencia de las disposiciones más duras de la Ley de Poderes de Emergencia. Fue así que se restauraron las garantías civiles y se dispuso una retirada parcial de los efectivos militares excepto en la custodia de algunos objetivos sensibles, aunque el toque de queda continuó de forma morigerada, entre otras medidas de emergencia que continuaron aplicándose durante los años siguientes.

Aunque casi todas las restricciones de emergencia fueron levantadas a finales de 1975, persistió la prohibición oficial contra los brazos políticos de los grupos terroristas e incluso contra los partidos que proponían el separatismo de cualquier tipo. Esta decisión se vio fortalecida por una controvertida sentencia de la Corte Suprema argentina de mediados de 1976, que consideraba al separatismo “en cualquier especie que se presentara” como un acto “que por su naturaleza intrínseca atentaba contra la nación”.

El primer semestre de 1976 fue el momento propicio para que se llevaran a cabo los juicios contra los terroristas y simpatizantes que habían sido arrestados. Ante las quejas internacionales, el gobierno argentino aceptó que veedores extranjeros presenciaran los procesos que se llevaban a cabo en todo el país. Durante cuatro meses se realizaron casi doscientos juicios contra acusados de actividades terroristas que, de acuerdo con los observadores extranjeros, cumplieron con las garantías civiles esperadas. Aquellos acusados a quienes se los encontró culpables fueron enviados a cumplir sus sentencias en una serie de prisiones de máxima seguridad construidas en las provincias de Tehuelchia y Magellania y en las islas Falkland.

En 1977, mientras el gobierno se ocupaba de consolidar la paz interior, restañar las heridas de los desórdenes previos y apuntalar la recuperación de la economía, Bordaberry impulsó una vasta reforma del sistema militar argentino. Las operaciones militares en el Paraguay contra los grupos guerrilleros dejaron en evidencia problemas de coordinación y cooperación entre las tres fuerzas armadas, como así dificultades en el control político de la defensa nacional. Luego de consultar a un consejo asesor de expertos que estudiaron el sistema de defensa argentino durante casi un año, el gobierno presentó al Parlamento una amplia Ley de Defensa Nacional.

Mediante esta ley el antiguo Ministerio de Guerra y Marina y los departamentos administrativos de las tres fuerzas fueron fusionados en un único Ministerio de Defensa Nacional, que tendría a su cargo la ejecución de la política defensiva de la Argentina y el control político sobre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estas fuerzas, a su vez, fueron amalgamadas en una nueva organización central de la que formarían parte como elementos complementarios y coordinados: las Fuerzas de Defensa Argentinas. Se propiciaron también medidas para estandarizar el equipamiento y la capacitación de uso común entre las tres instituciones armadas y se tendió a una separación estricta de roles y a la minimización de cualquier superposición funcional a lo indispensable.

Las Fuerzas de Defensa Argentinas protagonizarían en 1978 la crisis más seria entre la Argentina y uno de sus vecinos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante las operaciones contra los focos guerrilleros en el Paraguay, las fuerzas argentinas descubrieron que los movimientos revolucionarios tenían bases del otro lado de la frontera con Atacama que abastecían a sus grupos y servían como puntos de preparación para sus incursiones.

Durante dos semanas, el continente vivió con aliento entrecortado las furiosas negociaciones entre Rosario y Salta que siguieron al anuncio de Bordaberry de que si Atacama no emprendía acciones contra las bases guerrilleras en su territorio, la propia Argentina se ocuparía de hacerlo. Finalmente, la crisis se resolvería con un acuerdo entre ambos gobiernos para realizar una operación conjunta para erradicar la presencia revolucionaria en territorio atacameño.

A mediados de 1978 Bordaberry decidió finalmente que era momento de dar un paso al costado y anunció su renuncia como líder del Partido Nacional y posterior retiro de la política, así como la convocatoria a elecciones generales para la Cámara de Representantes. En dichos comicios, que se celebraron en un clima de inusual paz dada la experiencia del pasado reciente, el Partido Socialdemócrata obtuvo una mayoría de escaños que le permitió formar el primer gobierno mayoritario desde la renuncia de Martin Ashley diez años antes.

Y mientras Bordaberry abandonaba la vida pública luego de una gestión tan difícil como controvertida, el nuevo Primer Ministro de la Argentina, William Snowden, asumía el gobierno con intenciones de dar una solución definitiva a la inestabilidad política que había dominado la década anterior.

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Continúa el próximo jueves...

¡Feliz Año Nuevo!

Y bueno, Ella habrá ganado a fuerza de necrofilia, consumismo e incompetencia del enemigo.

Y sí, habrá dado más pasos para convertir a la Argentina en una tiranía en veinte días que en los ocho años anteriores.

Y está bien, a la economía le habrán aparecido más agujeros que los que Moreno puede emparchar con todos sus superpoderes de matón.

Y claro, como ya no bastaba con el lagrimeo constante por Él, y no sirvió mucho hacer el duelo forzoso por el jeropa de Iván Heyn, ahora estamos en primera fila para ver el sacrificio que Ella hace por todos nosotros, mientras Chavito le echa la culpa de todo al super-duper-ultra-mega-hipersecreto aparato de lo'shanki para inducir el cáncer.

Y dale nomás, que la China de la que dependemos para que nos mantenga el curro del monocultivo de soja está viendo cómo se le "derrumba la burbuja", para usar la célebre expresión de la Perra.

Y no alcanza con eso, porque la Europa bolche que humedece las canaletas de la zurda medio letrada (a la iletrada la fascina el berretaje venezolano y el bolchevismo fosilizado de Cuba) se viene abajo a base de vivir haciendo la gran Iván Heyn con el multiculturalismo, el Estado de bienestar y la mar en coche.

Y si las cosas andan mal, peor salieron en el mundo árabe, donde dieron el gran paso de reemplazar sultanatos cleptocráticos y autoritarios con democracias sólidas como flanes que le guardan el lugar a los cavernícolas fundamentalistas que volver al siglo XI es hacer demasiadas concesiones a la modernidad.

Y bueh, River se fue a la B. Dentro de todo lo que pasó, esa fue la más predecible de todas.

Y si no fuera suficiente, tenemos que bancar al lobby de los astrólocos que creen que el 2012 les va a traer un buen fin del mundo como para sacarse el mal trago de boca del Y2K y del 2000 en general, para poder decirle a toda la Humanidad cinco segundos antes del Apocalipsis que "se lo dijimos".

Pero bueno, por hoy dejemos eso de lado. Estamos en vísperas de Año Nuevo, y por lo pronto nos queda desear que este 2012 que empieza sea mucho mejor, más próspero, más exitoso y más satisfactorio para todos.

Eso sí, a bancarse todos los chistes pelotudos del estilo "¡Felisa, me muero!", "nos vemos el año que viene" o "che, desde el año pasado que no te veía". No hay otra.

Mucha suerte para todos, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias y será hasta la próxima.

¡Feliz 2012 para todos!

Una historia paralela de la Argentina (Parte 17)

UNA HISTORIA PARALELA DE LA ARGENTINA (1806-2010)

17. Torbellino político (1967-1974)

El escándalo de corrupción que había acabado con Ashley también arrastró a los socialdemócratas; su mayoría absoluta en la Cámara de Representantes se redujo a un 30% de los escaños, lo que lo colocaba por debajo de las bancas conseguidas por el Partido Nacional que, aunque vencedor, no tenía números suficientes para controlar la Cámara por su cuenta.

A diferencia de otras situaciones similares, no le fue posible al Partido Nacional concertar una alianza con los conservadores, ya que su política de rechazo al sistema republicano los había llevado a declarar que no formarían parte de ningún gobierno que no se comprometiera a reinstaurar la monarquía. Se produjo un impasse en el que la Argentina continuó bajo el gobierno provisorio de Ashley mientras se negociaba infructuosamente la formación de una coalición capaz de hacerse cargo del poder.

Tras tres semanas de negociaciones que no arrojaron el menor resultado el líder del Partido Nacional, Terrence Moore, dio por finalizadas las conversaciones con el Partido Conservador y anunció su intención de solicitarle a la presidente Braddock que le permitiera formar un gobierno aunque no tuviese una mayoría. La Presidenta accedió luego de una reunión con los principales líderes partidarios en la que los conservadores accedieron a regañadientes a “no oponerse” a la formación de un gobierno nacional de minoría.

Predeciblemente, el período de Moore como Primer Ministro estuvo plagado de tensión política. Aunque tanto socialdemócratas como conservadores persistieran en su “no oposición” al gobierno del Partido Nacional, apelaron a una política de obstruccionismo en el Parlamento que hizo virtualmente imposible la aprobación de cualquier legislación propuesta.

Para entonces los problemas empezaban a acumularse. La economía nacional entró en un ciclo recesivo, con importantes consecuencias para el comercio exterior, la estabilidad monetaria y las tasas de desempleo del país, situaciones que requerían de la atención urgente de un gobierno que se veía atascado en un Parlamento hostil.

Pero más peligrosa que la economía era el peligroso aumento de la violencia política, tanto de parte de movimientos extremistas de izquierda como los que por entonces comenzaban a azotar a los países de Sudamérica, como de ultranacionalistas hispanoparlantes. En el caso de estos últimos, se trataba de una consecuencia del breve coqueteo del gobierno de Perón con el nacionalismo hispanoparlante, que a pesar de terminar desde lo institucional con la destitución del líder laborista, había persistido en amplios sectores de la cultura y la intelectualidad.

Surgió entonces una corriente revisionista en la historia y la investigación académica, orientada a la reivindicación de figuras como Juan Castelli y Juan Manuel de Rosas, entre otras “figuras malditas” del nacionalismo hispanoparlante, y no tardaron en formarse grupos de orientación separatista que proponían la secesión de los territorios de mayoría hispanoparlante (como las provincias del Paraná, del Paraguay y de las Misiones) y la constitución de un Estado separado, o que abogaban por la “hispanización” de la Argentina y la depuración de los “elementos del imperialismo cultural británico”.

Ante el fracaso en suscitar apoyo de la comunidad hispanoparlante, mayoritariamente moderada, varios de estos grupos optaron por recurrir a la violencia. Lo que comenzó con ocasionales atentados explosivos contra entidades bancarias y estaciones de policía pronto se transformó en una oleada de ataques a policías, militares, funcionarios gubernamentales municipales y provinciales, y alcanzó difusión nacional con el secuestro, pedido de rescate y posterior asesinato de uno de los empresarios más prominentes del país, William Bourne, a manos de una organización que se hacía llamar “Frente de Liberación Hispana”.

Ante el pánico creciente en la sociedad por la ola terrorista, el gobierno de Moore intentó a comienzos de 1970 aprobar una ley de medidas de emergencia para poder ocuparse de los grupos extremistas. La propuesta desató una reacción furiosa en el Parlamento, en donde los bloques socialdemócratas y conservadores se aliaron para impulsar un voto de censura contra el gabinete. A pesar de todos sus esfuerzos, la moción fue aprobada y Moore debió pedir la disolución de la Cámara de Representantes a la vez que cedía la conducción del Partido Nacional a un encumbrado dirigente paranense llamado Rodolfo Sabbatini.

Casi como en un calco, las elecciones de 1970 repitieron el resultado de las de 1967, sin importar que los nacionales consiguieran algunos pocos escaños más; el principal cambio de la situación fue la notable pérdida de votos del Partido Conservador, al que se lo acusaba de promover la caída del gobierno de Moore por simple despecho, aunque las peculiaridades del sistema electoral argentino hicieron que los conservadores sufrieran sólo una modesta pérdida de escaños.

Basándose en el precedente de 1967, Sabbatini volvió a presentarse ante la presidente Braddock para solicitar su nombramiento como líder de un gobierno de minoría, un pedido al que la Presidente accedió no sin antes dirigir un mensaje a todo el país a través de las cámaras de la ARBC en el que reclamó “patriotismo y voluntad de superación” a una dirigencia política a la que con inusual dureza calificó de “mezquina” y e “incapaz de estar a la altura de las circunstancias”.

Braddock podía hablar sin temor a represalias; su mandato presidencial expiró en septiembre de 1970, siendo reemplazada como Jefe de Estado por un antiguo político del Partido Nacional y ex premier de la provincia del Plata, Héctor Cámpora. La designación de Cámpora no estuvo exenta de escándalo, pues en la sesión en la que se debía tratar su nominación, los senadores socialdemócratas y conservadores abandonaron el recinto sin presentar candidatos, dejando únicamente a la exigua mayoría nacional para escoger al siguiente Presidente de la República.

El gobierno de Sabbatini fue una repetición grotesca del de su predecesor. La hostilidad de los bloques opositores en el Parlamento dejó al gobierno sumido en una impotencia supina, mientras la economía continuaba en declinación y el terrorismo perpetraba golpes más audaces y violentos en distintos puntos del país.

Se multiplicaron las protestas en todo el país, en particular a través de un plan de lucha dispuesto por la principal central sindical del país que paralizó a la Argentina con tres huelgas generales en el mes de marzo de 1971 y numerosas manifestaciones que culminaron con la célebre “Marcha del Trabajo”, en la que ochocientos mil hombres y mujeres se movilizaron frente al Palacio del Parlamento en Rosario para exigir la renuncia del Gobierno.

Luego de casi dos años de agonía política sin remedio, llegaría el golpe de gracia a la golpeada administración de Sabbatini. En febrero de 1972 se produjeron fortísimos desbordes de los ríos Paraná y Uruguay que provocaron graves inundaciones en las ciudades ribereñas de las provincias del Paraná, de la Mesopotamia y del Uruguay. Entre las ciudades afectadas estuvo la mismísima Rosario, que fue puesta bajo ley marcial por disposición de Sabbatini (que había trasladado al gobierno y al Parlamento a Córdoba mientras durara la emergencia) durante tres semanas para contener los desórdenes y saqueos que empezaban a azotar a la capital.

A pesar de los mejores esfuerzos del personal militar y civil desplegado en las áreas afectadas, los operativos de defensa civil y de recuperación luego de las inundaciones adolecieron de graves fallas y se produjeron en medio de un tremendo desorden que provocaron furibundas críticas políticas y una indignación considerable en el público. Para cuando las aguas terminaron de bajar y se dio a conocer la cifra oficial de 545 muertos, el gobierno de Sabbatini estaba herido de muerte; el voto de censura que terminó con su gobierno el 18 de febrero de 1972 no fue más que una formalidad cuyo final era conocido antes de comenzar la sesión.

Las elecciones que se llevaron a cabo un mes después tuvieron la asistencia más baja de la historia argentina, pero bastaron para darle una pluralidad escasa al Partido Socialdemócrata, con lo que su nuevo líder, un veterano parlamentario llamado Ricardo Balbín, pudo convertirse en Primer Ministro.

Los gobiernos anteriores de Moore y Sabbatini habían estado plagados por la impotencia de su condición minoritaria a la hora de enfrentar los crecientes problemas nacionales; el de Balbín sufriría de demasiados problemas como para poder enfrentarlos de forma efectiva. La economía ya estaba en un descontrol notorio y la tasa de inflación alcanzaba niveles peligrosos. Los conflictos sindicales, principalmente motivados por reclamos de aumentos salariales para enfrentar la inflación rampante, se habían tornado endémicos a punto tal de paralizar de manera regular el normal funcionamiento de los servicios públicos.

Y la amenaza terrorista había escalado hasta convertirse en un verdadero riesgo para la seguridad nacional. Por debajo de las dos principales organizaciones terroristas, el nacionalista Frente de Liberación Hispana y las maoístas Milicias Rojas, había media docena de pequeños grupos dedicados al pillaje menor, a la colocación de bombas y al asesinato rutinario de personal policial. Aunque las acciones terroristas ocurrían en todo el país, las provincias más afectadas eran las del Paraná y del Paraguay, en donde para colmo de males habían surgido partidos políticos de ideología abiertamente separatista que fueron capaces de obtener representación en las legislaturas provinciales.

Fue en la provincia del Paraguay, la más hispanoparlante y rural del país, donde los terroristas hicieron su mayor apuesta. A través de sus organizaciones tapaderas y de los partidos políticos que simpatizaban con sus idearios, los grupos subversivos intentaron hacerse con el control de las instituciones provinciales, motorizando una serie de disturbios para forzar la caída del premier Gerardo Rodríguez. Sin embargo, ese intento sería abortado el 8 de agosto cuando el gobierno federal dispuso aplicar la Ley de Poderes de Emergencia en el territorio paraguayo, suspendiendo las garantías civiles y desplegando tropas para ayudar a la policía provincial a restaurar el orden. A pesar de algunas protestas menores en el Parlamento, la medida recibió luego la prórroga necesaria para permanecer en vigor por un período indefinido, en tanto que se daba caza a las organizaciones terroristas.

Mientras tanto se sucedían los hechos de violencia en el resto del país, que tendrían su epítome en el llamado “Verano de Furia”. Ese período, que fue de noviembre de 1972 a enero de 1973, estuvo caracterizado por una ola particularmente violenta de ataques terroristas contra estaciones policiales y cuarteles militares en todo el país, que a la vez sufría un durísimo plan de lucha de las centrales sindicales que llevó al país a la parálisis.

1973 fue una repetición interminable del caos del año previo en el que el primer ministro Balbín y su gobierno deambularon entre intentos tímidos de dureza política que nunca pudieron poner coto a los problemas políticos, económicos o de violencia social. Aquel fue el año en el que el terrorismo demostró mayor audacia y capacidad combativa, protagonizando golpes en todo el territorio nacional.

Tres episodios que conmocionaron a la Argentina en el transcurso de 1973 dieron cuenta de la capacidad de las organizaciones revolucionarias. El primero de ellos tuvo lugar el 22 de mayo, cuando una célula del FLH asesinó a balazos en la capital peruana de Lima al embajador argentino ante ese país, Michael O'Dell, tras un fallido intento de secuestro que fuera desbaratado por la custodia personal del embajador y por agentes de la Policía Nacional del Perú.

El 16 de septiembre, en lo que sería la operación de mayor envergadura de su historia, un centenar de terroristas intentaron tomar el control del cuartel militar de Auchmuty Heights, al sur de Rosario, para apoderarse de armamento, siendo repelidos únicamente tras una fuerte operación conjunta militar y policial ordenada por el jefe de Estado Mayor del Ejército, general Anthony Strossner, mientras Balbín y sus ministros permanecieron ocultos en un lugar desconocido por temor a un ataque directo contra las sedes gubernamentales en la capital.

El 22 de octubre, tres bombas estallaron en el aeropuerto internacional de Edgerton, en las cercanías de Buenos Aires, causando la muerte de treinta y ocho personas y dejando heridas a otras 63, además de provocar la suspensión de todas las operaciones en aquella terminal aérea y un consiguiente caos en el transporte aerocomercial del país.

Pero el ataque más espectacular ocurriría a días de comenzar 1974. El 26 de diciembre una célula de las Milicias Rojas, estratégicamente posicionada bajo la ruta de vuelo que le fue proporcionada por un simpatizante dentro de la Fuerza Aérea, abrió fuego con un misil antiaéreo portátil a un avión militar que viajaba desde la localidad costera de Chapel Cliff a Rosario. La aeronave fue completamente destruida en el aire doscientos kilómetros al sudeste de la capital.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate que fueron despachados a la primera señal de alarma, no hubo ningún sobreviviente entre los veintiocho tripulantes y pasajeros del malogrado vuelo. Entre estos últimos se encontraba el Presidente de la República de Argentina, Héctor Cámpora, su esposa y sus dos hijos, que volvían a la capital tras sus vacaciones en la residencia veraniega oficial de Chapel Cliff.

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La historia sigue la próxima semana, específicamente el martes. Hasta entonces y espero que les esté pareciendo interesante.

Una historia paralela de la Argentina (Parte 16)

UNA HISTORIA PARALELA DE LA ARGENTINA (1806-2010)

16. Los primeros años de la República (1960-1968)

Como estaba previsto, los primeros comicios parlamentarios bajo el régimen republicano tuvieron lugar el 1 de marzo de 1960, pero quizás a tono con los vientos de cambio, esas elecciones encontraron a los partidos políticos argentinos en medio de una profunda reorganización.

El manejo que el gobierno de Peter Leonard había hecho durante el arduo debate entre monarquía y república había puesto en crisis al oficialista Partido Nacional. Si bien muchos de sus miembros simpatizaban con Leonard y consideraban que sus decisiones habían sido las adecuadas, había muchos otros que adherían a los postulados tradicionales de lealtad hacia Gran Bretaña y reticencia a los cambios bruscos y que creían que la proclamación de la República había sido una traición imperdonable a los principios del Partido Nacional. Muchos de esos dirigentes, distanciados de manera irreparable con Leonard y su ala política, prefirieron abandonar al Partido Nacional y encontrar su lugar en el Partido Conservador, que se había atrincherado en un monarquismo cerrado y casi fanático después del referéndum de 1957.

Pero los cambios más fenomenales ocurrirían en la izquierda del espectro político argentino. El Partido Laborista todavía no se había recuperado de la brutal caída de Perón y de las feroces luchas internas que le siguieron, y para 1959 se lo podía describir no como un partido sino como una confederación de pequeños líderes que peleaban por un poder débil y elusivo.

En contraste, el Partido Cívico había salido muy fortalecido de las crisis de la década anterior. La tradición antimonárquica de los cívicos les había reportado un gran apoyo popular durante el debate por la instauración de una república, y sus esfuerzos para no caer en el nacionalismo rabioso de Perón o en la reacción cerril de los conservadores y nacionales más furiosos les habían ganado una reputación de moderación que era bienvenida tras los vaivenes anteriores.

Esto se tradujo durante 1959 en un formidable fortalecimiento del Partido Cívico frente al Partido Laborista que terminó por convertirse en una reacción autosustentable en la que el crecimiento de los primeros derivaba en la decadencia de los segundos. El golpe de gracia llegaría en octubre de 1959 cuando el nuevo líder del Partido Cívico, Arturo Frondizi, ofreció al Partido Laborista una fusión completa entre ambas fuerzas. Esto terminó por desencadenar la fractura definitiva del laborismo entre los que aceptaron formar parte del nuevo Partido Socialdemócrata y los que persistieron en su intransigencia en el Partido Laborista Auténtico.

Renovado en lo político y en la consideración pública, el nuevo Partido Socialdemócrata arrasó en las elecciones de 1960, mientras que el Partido Nacional sufría una sangría de sus votos más tradicionales hacia el Partido Conservador que le quitó cualquier posibilidad de llegar al gobierno. Fue así que el 3 de abril de 1960 Arturo Frondizi fue juramentado por el presidente Glover como el quinceavo Primer Ministro desde la Federación y el primero desde la proclamación de la República.

El gobierno de Frondizi se benefició de las políticas de recuperación económica que había puesto en marcha su predecesor, que en combinación con un clima internacional favorable le dieron la posibilidad de gobernar sin excesivas preocupaciones por la marcha de la economía. Aprovechando esta situación, Frondizi dedicó su gobierno a las relaciones exteriores, en un esfuerzo por reposicionar a la Argentina entre los grandes jugadores de la política internacional.

A nivel mundial, el gobierno de Frondizi profundizó el acercamiento de la Argentina con los Estados Unidos y la alineación con occidente en el marco de la Guerra Fría. Aunque las propuestas argentinas de un “Tratado del Atlántico Sur” con Sudáfrica, Brasil y los Estados Unidos no llegaron a buen término, durante su gobierno se firmaron numerosos acuerdos de seguridad común, cooperación militar y de trabajo conjunto en inteligencia, y se promovió una modernización general de las fuerzas militares argentinas que convirtió a los Estados Unidos en el principal proveedor de armamento de la Argentina en lugar del Reino Unido.

La Argentina también adoptó un rol más activo en los asuntos económicos y de cooperación internacional. Frondizi promovió una mayor participación en el Fondo Monetario Internacional, del que formaba parte la Argentina como país prestamista, e intensificó los lazos de cooperación y asistencia con muchos de los nuevos Estados africanos que surgían del proceso de descolonización.

Frondizi también procuró convertir a la Argentina en un país líder en el mantenimiento de la paz internacional. Si bien la Argentina había enviado personal militar a las primeras misiones de paz de las Naciones Unidas en la década anterior, durante los años '60 se incrementó esta participación hasta convertir a la Argentina en uno de los países más relevantes en el campo de las operaciones de paz, a la par de otros como Canadá.

Sin embargo, el alto perfil de Frondizi en la política internacional le traería considerables problemas. A pesar de su alineamiento con los Estados Unidos, la Argentina se negó a excluir a Cuba del sistema interamericano luego de la revolución de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder. Un episodio que perseguiría a Frondizi durante todo su mandato fue la reunión privada que en ocasión de la Cumbre Interamericana de East Point de 1962 mantuvo con el delegado cubano, el guerrillero de origen argentino Ernesto “Che” Lynch. Aunque Frondizi mantuvo durante toda su vida que se trató de un encuentro estrictamente dedicado a discutir la situación cubana en el escenario regional, los opositores del Primer Ministro lo acusaron de mantener simpatías con el régimen castrista.

Las críticas por algunas de sus posturas internacionales, sumadas a una salud en rápido deterioro luego de un repentino infarto sufrido a comienzos de 1963, obligaron a Frondizi a dejar formalmente la conducción del partido al año siguiente. De la elección interna surgiría un líder para el Partido Socialdemócrata completamente inesperado, que le daría al Partido una identidad propia y distinta de los partidos de los que procedía, y que perdura hasta hoy.

Ese líder era un economista que había sido miembro del Parlamento y Ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Frondizi, llamado Martin Ashley. Oriundo de Buenos Aires, hijo de padre angloparlante y madre hispanoparlante, Ashley era un hombre joven, carismático y atractivo, cuyo dominio perfecto de ambos idiomas oficiales lo tornaba muy aceptable para las dos comunidades lingüísticas del país. Mal que les pesara a los antiguos referentes partidarios, no podía haber mejor líder para los socialdemócratas, pues Ashley parecía haber sido hecho ex profeso para simbolizar lo que la sociedad esperaba en los nuevos tiempos republicanos.

No fue sorpresa entonces que con Ashley como líder los socialdemócratas repitieran en 1963 un triunfo similar al de 1960, que les permitió controlar la Cámara de Representantes frente a una oposición dividida entre nacionales y conservadores. Martin Ashley se convirtió entonces en el nuevo Primer Ministro de la República de Argentina y, con sus 44 años de edad, en el más joven de la historia nacional.

A diferencia de sus predecesores en el cargo, que preferían ocuparse de cuestiones políticas, económicas o diplomáticas, Ashley le imprimió a su gobierno una profunda impronta liberalizadora y secularizadora en los asuntos sociales, a tono con el clima que empezaba a vivirse en Occidente desde comienzos de la década. Si bien la sociedad argentina era más liberal y secular que la norma sudamericana, estaba considerada como uno de los países más conservadores y tradicionalistas en lo que ya empezaba a conocerse como el “Primer Mundo”, y las tensiones empezaban a hacerse sentir.

Atento a esta situación y sin dudar en hacer uso de su formidable mayoría parlamentaria, Ashley logró que el Parlamento aprobara profundas reformas de orden social que transformaron a la sociedad argentina en el transcurso de una década. A la legalización del divorcio vincular en 1964 le siguió la separación de la Iglesia y el Estado y la consiguiente pérdida del carácter oficial del catolicismo y del anglicanismo en 1965, entre otras polémicas medidas que desataron grandes debates en la sociedad, pero que tuvieron un efecto perdurable.

La participación de la mujer en la vida económica, política y laboral del país, un fenómeno que se sentía desde la posguerra, irrumpió con gran fuerza a mediados de los '60 junto a la difusión masiva de los métodos anticonceptivos. Las políticas que el gobierno de Ashley puso en marcha tanto en materia laboral como de salud reproductiva provocaron un fortísimo choque con los sectores más conservadores de la sociedad cuya resolución legislativa, lejos de superar la situación, únicamente la potenció.

Otro ámbito en el que Ashley actuó de manera radicalmente distinta a la de sus predecesores fue en lo relativo a los pueblos indígenas de la Argentina. Aunque las políticas más tajantes de asimilación forzosa habían sido progresivamente desmanteladas, fue Ashley el que anunció ante el Parlamento su intención de integrar a las culturas indígenas a una sociedad argentina “que en la tolerancia y la mutua aceptación demostrara su grandeza”.

Llegado 1965, el final del mandato presidencial de Christopher Glover puso a Ashley en la situación de designar un nuevo Presidente. El nombre que los senadores socialdemócratas presentaron fue el de Gloria Braddock, una veterana dirigente del antiguo Partido Cívico que había hecho historia en 1946 al ser la primera mujer elegida para ocupar una banca en la Cámara de Representantes. Su designación formal como Presidente de la República tras recibir un voto mayoritario del Senado convirtió a Braddock en la primera mujer que llegaba a la jefatura de un Estado occidental no monárquico.

En política exterior el gobierno de Ashley continuó en la línea pro-occidental iniciada por sus predecesores, aunque al igual que Frondizi antes que él, tendría un fuerte encontronazo con los Estados Unidos, esta vez motivado por la guerra de Vietnam. A pesar de los pedidos norteamericanos y de las exigencias de la oposición de colaborar con fuerzas combatientes en el Sudeste Asiático, Ashley se mantuvo firme y limitó la participación militar argentina al envío de personal del Ejército especializado en el combate selvático para adiestrar a los norteamericanos y otros países involucrados.

La buena estrella de Ashley comenzó a apagarse en 1967 cuando salieron a la luz evidencias de que altos funcionarios del Gobierno habían realizado “irregularidades financieras” en el marco de un ambicioso plan de renovación del parque ferroviario de Argentine Railways. Posteriores investigaciones periodísticas dieron cuenta de que a lo largo de los últimos años se había montado un vasto sistema de “peajes” en las empresas estatales de servicios, mediante el cual los funcionarios oficiales exigían sobornos a las empresas interesadas en participar de los contratos públicos.

Aunque en un principio Ashley desmintió cualquier participación en el esquema de corrupción, otro escándalo de “peaje para contratos” que involucraba a la empresa oficial de fomento comercial International Trade Corporation (ITC) salpicó a dos funcionarios de carrera que habían sido designados en el directorio por el propio Ashley durante su paso por el Ministerio de Comercio Exterior.

De mala gana, el Primer Ministro tuvo que consentir a que el Parlamento creara una comisión investigadora que eventualmente descubriría el alcance masivo del esquema de corrupción en un informe que sacudió a la Argentina. Acorralado, Ashley solicitó a la presidente Braddock que disolviera el Parlamento y convocara a nuevas elecciones para el 7 de septiembre de 1967, al tiempo que presentaba su renuncia indeclinable al liderazgo del Partido Socialdemócrata.

* * *

La seguimos el próximo jueves, como de costumbre.

Feliz Navidad

En realidad no era más que dejar de lado toda la depre, la malaria, el pesimismo y las historias alternativas para desearles a todos ustedes una muy Feliz Navidad en compañía de sus familias, seres queridos y amigos, y que Dios los ilumine, los cuide y los bendiga a todos.

Respecto de la cuota de depresión que suelo proporcionar cada sábado en este rincón de la Web, es mejor dejar este día para alegrarnos por lo que tenemos y las personas que comparten nuestra vida, y para mantener las esperanzas de un futuro mejor.

¡Una vez más, muy Feliz Navidad para todos ustedes y hasta la próxima!

Una historia paralela de la Argentina (Parte 15)

UNA HISTORIA PARALELA DE LA ARGENTINA (1806-2010)

15. La crisis de 1956 y el camino a la República (1956-1960)

La crisis política y económica en la que había caído la Argentina alcanzaría su punto crítico en mayo de 1956 cuando el Gobierno presentó su proyecto de presupuesto al Parlamento. Estalló entonces una revuelta que enfrentó a Perón no sólo con sus socios del Partido Cívico sino también contra los miembros laboristas más reacios a su conducción como líder del Partido. Sin embargo y a pesar de esta oposición interna y del renovado fervor con el que los nacionales y conservadores se conducían, Perón hizo uno de los despliegues de disciplina partidaria más feroces en la historia nacional y logró la aprobación del presupuesto en la Cámara.

La crisis no había terminado en la Cámara de Representantes, pues le esperaba una etapa completamente diferente en el Senado. Este cuerpo, en el que no sólo había un mayor balance de fuerzas a causa del mayor peso de los distritos rurales sino que por tradición era más conservador que la Cámara de Representantes, fue escenario de una feroz lucha legislativa montada por los bloques opositores y a la que se sumarían los senadores del Partido Cívico, que a estas alturas se debatía en una abierta rebelión lanzada por los parlamentarios contra el liderazgo partidario afín a Perón. De nada sirvieron las presiones abiertas y disimuladas del Gobierno, ya que por primera vez en la historia nacional el Senado rechazó el proyecto de presupuesto que le había sido presentado y lo devolvió a la Cámara de Representantes para “reconsideración”.

La Argentina cayó entonces en una crisis constitucional: mientras Perón y el laborismo argumentaban que según la tradición parlamentaria sólo la Cámara de Representantes podía decidir en materia impositiva y fiscal, la oposición sostenía que el Senado tenía poderes bajo las normas constitucionales vigentes para negar el uso de fondos públicos al Gobierno y por tanto precipitar su remoción del poder o la eventual disolución de la Cámara de Representantes. Si bien hubo intentos de negociación, las posiciones eran demasiado extremas como para llegar a algún compromiso aceptable.

Esta crisis se prolongó durante todo el mes de mayo y principios de junio sin que ninguna de las partes pudiera hacer valer su punto de vista, hasta que el 9 de junio de 1956 Perón declaró en un mensaje a la nación que las negociaciones estaban oficialmente rotas y que iba a hacer uso de una facultad constitucional nunca antes ejercida para solicitar al gobernador general Raymond Clarence la disolución del Senado y la convocatoria a elecciones para dicha cámara.

La reunión que Perón celebró con Clarence en Mandeville Hall el 10 de junio, empero, tuvo un resultado inimaginable. Amparándose en una opinión consultiva pedida a la Corte Suprema, el gobernador general informó a Perón que había decidido hacer uso de sus poderes de reserva para destituirlo del cargo de Primer Ministro de manera inmediata y nombrar a Peter Leonard al frente de un gobierno interino hasta tanto se celebraran nuevas elecciones en un plazo de sesenta días.

Aunque ninguno de los protagonistas las confirmó jamás, circularon versiones de que el Gobernador General había contactado previamente y por canales oficiosos a los comandantes de las Fuerzas Armadas, recibiendo de éstos su disposición a intervenir si Perón no acataba la decisión. De cualquier modo, tal recurso fue innecesario, ya que el acorralado Perón accedió a cumplir con la disposición de Clarence a la brevedad y sin mayores objeciones.

El mandato interino de Leonard estuvo enteramente dedicado a las elecciones de emergencia, en las que él mismo se encontró disputando el cargo con el hombre al que había reemplazado de manera tan abrupta, contando para ello con el pleno respaldo del Partido Nacional. Luego de una feroz pelea interna contra los dirigentes que más lo cuestionaban, Perón fue reafirmado como líder del Partido Laborista y como opción de dicha fuerza para formar gobierno. Los otros grandes partidos llegaron a las elecciones embrollados en sus propias crisis, a pesar de que estuviera claro para todo el mundo que independientemente de sus resultados, el grueso de los cívicos apoyaría a Perón y los conservadores a Leonard.

El resultado de las elecciones de 1956 fue tan atronador como el de los comicios de 1953, sólo que en el sentido opuesto: el malestar económico, los escándalos de corrupción y la tensión política que marcaron los años de Perón se tradujeron en un fulminante voto castigo que privó al laborismo de su mayoría propia y lo condenó a tener menos del diez por ciento de los escaños, muy por debajo del Partido Cívico. En cambio, el Partido Nacional recibió un respaldo inesperado del electorado que se tradujo en una mayoría sólida y en la consagración de Peter Leonard como Primer Ministro por derecho propio.

La derrota electoral selló la suerte de Perón en el liderazgo laborista. Menos de dos semanas después de la derrota, una coalición de dirigentes partidarios reclamó a Perón que llamara a elecciones internas. Sabedor de que ya no contaba con el suficiente respaldo del consejo partidario como para mantenerse al frente del laborismo, Perón optó por evitar una nueva humillación y dejó la conducción del Partido.

Si bien con su renuncia a la conducción del laborismo Perón había desaparecido como riesgo político, la situación del país estaba lejos de calmarse por completo y los cimbronazos de lo que ya se conocía como “la Destitución de Clarence” todavía sacudían a las instituciones argentinas.

Aunque las opiniones sobre Perón y la necesidad o conveniencia de su destitución estuvieran naturalmente divididas, había dos cosas en las que todos coincidían independientemente de su posición política. Primero, que el Gobernador General había actuado conforme a sus prerrogativas constitucionales al remover al Primer Ministro, y segundo, que conferirle a un funcionario no electo el poder de remover a un gobierno elegido representaba un riesgo significativo para la estabilidad democrática.

Ante las críticas que llegaron de todos los ámbitos de la política y sintiendo que su continuidad “ponía en riesgo la pacificación y la concordia de los espíritus”, como lo dijo en su anuncio oficial, Raymond Clarence presentó su renuncia como Gobernador General de la Argentina el 30 de septiembre de 1956, menos de un mes después de las elecciones especiales que él mismo había propiciado.

A pesar de que debía nombrar a un sucesor para Clarence, la magnitud de la crisis desatada convenció al primer ministro Leonard de que la mejor opción pasaba por “prorrogar” la designación de un nuevo Gobernador General hasta que “las circunstancias fueran más propicias” y dejar al decano de los gobernadores provinciales, Teodoro Mosca de la Mesopotamia, como “Funcionario Administrador del Gobierno”, quedando técnicamente vacante por tiempo indefinido la jefatura formal del Estado. Esta decisión de Leonard provocó un serio entredicho con Londres; si bien el Reino Unido ya no intervenía en los asuntos internos argentinos, al estar representada la Corona en la Argentina a través de la Gobernación General quedaba afectada la propia investidura de la reina Isabel II y su status constitucional como soberana de la Argentina.

Leonard no cejó ante las presiones británicas o a las críticas de los segmentos más conservadores de su partido y la Gobernación General siguió vacante, pero los desacuerdos entre Londres y Rosario sólo acentuaron los cuestionamientos públicos a la institución del Gobernador General y por ende a la de la monarquía en la Argentina. La cuestión que Perón había tratado de instalar para distraer a la opinión pública de la agonía de su gobierno se tornó en una controversia nacional genuina tras su salida del poder.

El debate entre quienes proponían la instauración de una república y los que defendían la continuidad monárquica cobró fuerzas y se convirtió en el tema prioritario de la agenda política por el resto de 1956 y el comienzo de 1957. Mientras que cívicos y laboristas promovían la creación de una institución presidencial que podía ser un simple jefe de Estado ceremonial al estilo europeo o un gobernante ejecutivo como en los Estados Unidos (lo que era un punto de debate entre ambos partidos), los nacionales y los conservadores asumían una postura de defensa de la monarquía.

Pero conforme transcurría el año, comenzaron a surgir grietas en el frente monárquico del Partido Nacional y varios de los parlamentarios más moderados, particularmente los que provenían de circunscripciones urbanas o de mayorías hispanoparlantes, se sumaron a las posturas republicanas de la oposición. Este disenso creció hasta tal punto que no se descartaba una revuelta partidaria o por lo menos una ruptura con el liderazgo que pusiera en riesgo la continuidad del gobierno de Leonard.

Estas circunstancias se exacerbaron para el momento en que Leonard presentó su proyecto de presupuesto al Parlamento, amenazando con hacer caer su gobierno ante el posible voto contrario no sólo de la oposición cívica y laborista sino también de sus disidentes. Acorralado y sin la menor intención de someter al país a una nueva crisis de gobierno apenas un año después de una gran crisis constitucional, Leonard optó por una salida inusual y propuso al Parlamento que se llamara a un referéndum nacional para que fuera la propia ciudadanía la que optara o no por convertir a la Argentina en una república.

La propuesta de Leonard fue aprobada y el Parlamento convocó a un referéndum nacional para el 27 de diciembre de 1957, aunque en el mismo acto fue aprobada una moción de la oposición para pedir el reemplazo del conjunto de normas británicas que organizaban al país por una verdadera constitución nacional, dado que al tratarse en rigor de leyes aprobadas por Westminster, su modificación o reemplazo quedaban exclusivamente en manos del Parlamento del Reino Unido.

Fue esta propuesta adicional la que empeoró las controversias entre el Reino Unido y la Argentina. En un mensaje entregado a Leonard por el alto comisionado británico en la Argentina, el primer ministro Harold Macmillan declaró oficialmente que pedirle a Westminster que debatiera una reforma de tal magnitud era “embrollar al Parlamento y al gobierno de Su Majestad en el centro de una disputa política eminentemente argentina”, por lo que declinaba de plano cualquier propuesta en tal sentido y limitaba el alcance de cualquier reforma a transferir los poderes existentes de la Gobernación General a la nueva institución presidencial. Sin embargo y como oferta para limar asperezas, Macmillan comunicó a Leonard que la reina Isabel estaba dispuesta a encontrarse con él para conferenciar sobre la situación argentina.

La cumbre entre la Reina y el Primer Ministro argentino tuvo lugar en el Palacio de Buckingham el 25 de noviembre, y de ella saldría Leonard con una declaración oficial de la monarca británica en la que expresaba “su plena y absoluta confianza en que el pueblo del Dominio de la Argentina estaría a la altura de las circunstancias y que sabría escoger con inteligencia el camino más conveniente para la prosperidad de su país” y que “los lazos de fraterna amistad entre el Reino Unido y la Argentina siempre estarán por encima de cualquier debate sobre la forma material en que esas relaciones se conduzcan”. Aunque la lectura oficial de la “Declaración de Buckingham” fue una de estudiada neutralidad, muchos entrevieron una aceptación, o incluso resignación, ante la transformación de la Argentina en una república.

El referéndum se llevó a cabo tal cual estaba previsto. Las condiciones establecidas para una victoria del “sí” a la creación de una república incluían una mayoría absoluta a nivel nacional y a su vez una mayoría absoluta en al menos siete de las once provincias del país. Dichas condiciones fueron superadas con creces: 63% de los electores del país votaron en favor de la república, alzándose con la victoria en todas las provincias a excepción de Tehuelchia y Magellania. Cabe destacar que aunque hubo fluctuaciones comprensibles, el respaldo a la república fue notoriamente similar en los electorados angloparlantes e hispanoparlantes.

La Argentina había decidido romper sus vínculos con la Corona británica; sólo restaba decidir cómo se romperían. Con el bloqueo infranqueable que Londres había puesto a cualquier modificación sustancial de la South America Constitution Act de 1885 (excepto en lo relativo al poder de la Corona, que se presumiría derogado en cuanto entrara en vigencia la República), el gobierno de Leonard se encontró incapacitado de promover cambios en los poderes y mecanismos de designación que la Presidencia heredaría de la Gobernación General.

Una vez más Leonard debió apelar a su ingenio. En la ley que presentó al Parlamento para implementar la decisión tomada durante el referéndum, el Primer Ministro propuso aceptar que el cargo presidencial conservase los mismos poderes, prerrogativas y limitaciones que el de Gobernador General, aunque insinuó la posibilidad de dejar esta cuestión (y la necesidad implícita de revisar el esquema constitucional vigente) para “un momento futuro más propicio”.

En cuanto a la modalidad de elección del titular de la Presidencia, Leonard también reconoció ante el Parlamento que excepto en lo que hacía al asentimiento real para la designación, no se podía modificar el mecanismo impuesto en la ley vigente, que en la práctica dejaba la cuestión en las manos exclusivas del Primer Ministro. Sin embargo, Leonard anunció que solicitaría al Senado que “recomendara” a los posibles candidatos a Presidente; en la práctica, lo que el Primer Ministro buscaba era transferir la elección del Presidente al Senado mediante un precedente que sentara una tradición constitucional.

La jugada tuvo éxito y recibió una clamorosa aprobación por parte del Parlamento, aunque para conseguir el respaldo del Partido Conservador, innecesario desde el punto de vista parlamentario pero deseable para dotar de un consenso amplio a la nueva institución republicana, Leonard debió consentir en un “período de adaptación” que se extendería hasta el 1 de enero de 1960, en el que se acomodaría el sistema institucional y legal del país (con excepción de las normas que sólo Londres podía alterar) a la nueva condición de ser una república.

Zanjado el debate entre monarquía y república, el gobierno argentino dedicó los años de 1958 y 1959 a recomponer la precaria situación económica nacional. Se puso en marcha un plan de control de la inflación que pronto reduciría a la mitad la tasa de aumento de precios y se redujeron los impuestos al comercio exterior, aunque el Gobierno no pudo avanzar tanto como hubiera deseado en la liberalización de las normas económicas o en la reversión de algunas de las medidas adoptadas por Perón, por temor a crear un mayor grado de tensión social.

A pesar de estas limitaciones, la Argentina fue capaz de avanzar en una modesta pero sostenida recuperación económica que mejoró las expectativas de la sociedad y brindó un muy necesario oxígeno al Gobierno tras unos años difíciles y complejos.

La adaptación al inminente sistema republicano consistió fundamentalmente de la modificación de las normas y estatutos vigentes para remover cualquier referencia a la Corona británica, aunque también tuvo aspectos tan prosaicos como la eliminación de las referencias monárquicas de los nombres oficiales de las instituciones públicas (con excepción de los regimientos del Ejército, en honor a su historial militar), la modificación de la bandera y del escudo de armas para quitar cualquier elemento monárquico, la emisión de una nueva serie de billetes y monedas de dólares argentinos desprovistos de efigies de la Reina y el reemplazo del “God Save The Queen” por “Hail Argentina” como himno nacional en sus versiones en inglés y castellano. Una modificación curiosa dentro de las emprendidas fue el cambio de nombre de la radiodifusora pública, que pasaría a llamarse “Argentine Republic Broadcasting Corporation” (ARBC) para conservar las iniciales y a la vez proclamar la nueva situación del país.

El último paso que quedaba fue la designación del primer Presidente de la República, que el Gobierno puso en marcha en septiembre de 1959. Cumpliendo con su promesa, Leonard pidió al Senado que propusiera candidatos para que él los designara, aunque dio a entender a los senadores que designaría al candidato con más respaldo de la cámara independientemente de sus preferencias personales. Sin embargo, como líder del Partido Nacional, Leonard tenía influencia directa para elegir al candidato de su propio partido, una posibilidad que no dudó en aprovechar en una jugada que hasta sus opositores calificaron de magistral.

La elección de Leonard como candidato del Partido Nacional a la Presidencia de la República era ni más ni menos que Christopher Glover, el hombre que como Primer Ministro había conducido los destinos de la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. La candidatura del histórico líder nacional obtuvo un apoyo estruendoso en el Senado, incluso entre los senadores conservadores, quienes con su voto permitieron que a sus 74 años de edad Christopher Glover fuera elegido por virtual unanimidad para cumplir un mandato de cinco años al frente del Estado.

Con todos los preparativos y pasos previos cumplidos, entre ellos un llamado a elecciones para el 1 de marzo de 1960, el primer ministro Peter Leonard pudo presidir en la noche del 31 de diciembre de 1959 al 1 de enero de 1960 una fastuosa ceremonia en la explanada del Palacio del Parlamento en Rosario, en la que se juramentó a Christopher Glover como el primer Presidente de la República de Argentina, mientras se interpretaba por última vez a “God Save the Queen” como himno nacional y se arriaba el viejo pabellón del Dominio con su Union Jack para izar la nueva bandera nacional acompañada de una salva de 21 cañonazos.

Tras 153 años de sujeción formal a la Corona británica y 73 de existencia como Estado unificado, nacía la República de Argentina.

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Continúa el próximo martes... hasta entonces y espero que les esté resultando de interés.

Una historia paralela de la Argentina (Parte 14)

UNA HISTORIA PARALELA DE LA ARGENTINA (1806-2010)

14. Auge y declinación de Perón (1951-1956)

Al frente de un gabinete en el que dos tercios de los ministros eran laboristas y el resto cívicos, Juan Sebastián Perón no tardó en delinear un gran plan económico y social a ser implementado en los siguientes cinco años, con el fin de alcanzar “la justicia social en nuestro tiempo”.

El componente central del plan era una política de acción social sin precedentes en la historia argentina; en menos de un año, Perón logró que el Parlamento estableciera un sistema universal de seguridad social, un nuevo plan de cobertura médica estatal complementario de la medicina privada y un seguro nacional de desempleo, entre otras medidas literalmente revolucionarias para el país.

Esta política también se extendía a los servicios públicos, a los que el gobierno de Perón intentó nacionalizar en la medida de lo posible. Las grandes empresas ferroviarias del país fueron adquiridas y fusionadas con la antigua Imperial Railways Corporation para crear una única corporación nacional de transporte ferroviario: había nacido Argentine Railways. También se procuró la nacionalización de las empresas de electricidad y servicios de agua corriente, mientras que varias empresas dedicadas a la explotación petrolífera fueron adquiridas y fusionadas dentro de Argentine Petroleum.

En lo económico, el gobierno de Perón promovió un desarrollo industrial acelerado tendiente a sustituir en la medida de lo posible las importaciones extranjeras por productos de fabricación nacional. En ese sentido, la Argentina experimentó una explosión de inversiones en emprendimientos industriales que diversificarían considerablemente las capacidades productivas del país y pondrían muchas comodidades modernas al alcance de la población general, aunque muchos de estos emprendimientos tenían problemas para sostenerse sin la ayuda estatal.

Para sostener este vasto esquema, Perón estableció una política de fuertes subsidios y protecciones arancelarias que en parte eran financiadas por los ingresos provenientes de las exportaciones agropecuarias. Ya en el primer año de su gobierno, ciertas versiones que indicaban que el Primer Ministro pensaba nacionalizar el comercio exterior como parte de su plan de desarrollo industrial provocaron una reacción encendida entre los productores rurales del interior del país que encontraría eco sobre todo en el Senado, siempre sensible a lo que acontecía en las provincias menos pobladas.

La reacción de Perón ante ese estallido opositor fue maquiavélica: lejos de intentar desmentir las afirmaciones, Perón presentó al Parlamento un plan de nacionalización del comercio exterior más radical que lo que se había dado a conocer y que desató las más furiosas reacciones en todo el arco político. De manera predecible, sólo los parlamentarios laboristas votaron a favor de la medida, pues hasta los miembros del Partido Cívico, con el que simpatizaban muchos hispanoparlantes del interior, se sumaron al rechazo opositor.

Aprovechando las medidas impositivas que contenía el proyecto rechazado como prueba de que el Parlamento le había negado el uso de fondos públicos y por lo tanto lo había privado de la confianza legislativa, Perón solicitó al gobernador general Raymond Clarence la disolución de la Cámara de Representantes y el llamado a nuevas elecciones para el 15 de abril de 1953.

De esas elecciones, en las que galvanizó a sus seguidores hasta el paroxismo contra el “obstruccionismo” de los demás partidos, Perón emergería con una mayoría propia en la Cámara de Representantes, aunque el Senado le resultaría más esquivo. La coalición con el Partido Cívico se mantuvo aunque más no fuera para facilitarle al gobierno el control del Senado, pues en la Cámara de Representantes el laborismo podía sostenerse por su cuenta.

Con su posición política fortalecida, Perón prosiguió con su agenda económica, aunque curiosamente nunca volvió a presentar el proyecto de nacionalización del comercio exterior. Sin embargo, fue capaz de darle un fuerte sesgo proteccionista y redistribucionista a su política impositiva que le permitió financiar sus planes de desarrollo y el cada vez más extenso y completo sistema de cobertura social.

Otro cambio que Perón propuso y que fue aceptado fue la transformación de los territorios de Patagonia, Tehuelchia y Magellania en provincias integrantes de pleno derecho de la federación argentina, con lo que adquirirían participación igualitaria en el Senado, la posibilidad de constituir sus propias autoridades y el fin de su dependencia legal del gobierno federal. Por razones estratégicas y políticas respectivamente, los territorios de las Islas del Atlántico Sur y de la Capital se mantuvieron como tales y quedaron por fuera de la provincialización.

Fue en este período, en el que su apoyo público alcanzaba picos inimaginables en la historia argentina, que la estrella de Perón comenzó a decaer.

Uno de los grandes detonantes del cambio de fortuna que viviría el primer ministro Juan Sebastián Perón estuvo dado por la recepción que el público argentino hizo de su cada vez más evidente nacionalismo hispanoparlante. Perón nunca había ocultado sus simpatías nacionalistas, pero después de las elecciones de 1953 las llevó a un punto que comprometía quizás el mayor logro de la Argentina desde la Federación: la concordia entre las comunidades hispanoparlantes y angloparlantes del país.

Al principio el nacionalismo de Perón se manifestó de formas comprensibles, como lo fue la creación de Radio y Televisión Argentina (RTA) como división hispanoparlante de la Argentine Broadcasting Corporation, o el incremento en las horas de clase impartidas en castellano en las escuelas públicas. Dichas medidas obtuvieron un razonable respaldo de la sociedad, aunque en los sectores angloparlantes hubo algunas muestras de disgusto hacia estas medidas, cuyo anuncio por parte de Perón tenía ciertos visos de revanchismo nacionalista.

Pronto las muestras de nacionalismo del Primer Ministro se tornaron conflictivas y abrieron fisuras en la sociedad. Entre estas muestras estuvo la aplicación tácita de “cuotas hispanoparlantes” en todos los niveles del gobierno e incluso en la conducción militar, pero quizá el más controvertido episodio fue la inclusión de un retrato de Juan Manuel de Rosas, el polémico líder de la insurrección de 1845-1846, en una galería inaugurada por Perón en el palacio del Parlamento para a conmemorar a los “padres fundadores de la Argentina”; de ese episodio se derivaría un agrio debate sobre el significado de Rosas en la historia argentina en el que el gobierno no intervino de manera directa, aunque Perón no hacía ningún esfuerzo por ocultar su posición revisionista.

En enero de 1955 salió a la luz el llamado “escándalo de los ferrocarriles”, en el que se comprobó que muchos de los directores que el gobierno nombró en Argentine Railways habían recibido importantes sumas de dinero de las empresas adquiridas por el Estado. Ese fue tan sólo el primero de una seguidilla de escándalos de corrupción que pusieron al gobierno de Perón a la defensiva, y que envalentonaron a los opositores al punto de constituir una Comisión Investigadora en la Cámara de Representantes presidida por el nuevo líder del Partido Nacional, Peter Leonard.

La economía se convirtió en otro flanco débil para Perón y los laboristas. El mismo deterioro económico que había condenado a O’Donnal unos años antes persistía a pesar de los vastos planes sociales y económicos que Perón había puesto en marcha. Una mala cosecha en 1955 descalabró la balanza de pagos internacional y envió ondas de choque por toda la economía argentina, propiciando una disminución de la actividad industrial, un aumento del desempleo y un brusco salto de la inflación, que llegó a tasas del 7% mensual.

Ansioso de lograr una distracción pública, Perón puso sobre la mesa otra idea cara a sus sentimientos nacionalistas: una propuesta para desvincular a la Argentina de la Casa de Windsor y convertir al país en una república. Se trataba de un viejo anhelo del nacionalismo hispanoparlante, que siempre había guardado recelo hacia la Corona británica por razones históricas, lingüísticas e incluso de corte religioso, ya que la exigencia legal de que el monarca británico perteneciera a la comunión anglicana tornaba controvertida su situación como jefe de Estado de un país en el que casi el 60% de su población se declaraba católico.

El debate que se desató entre los sectores monarquistas (principalmente angloparlantes pero con un importante componente hispanoparlante) y los partidarios de una república constitucional (predominantemente hispanoparlantes de clases media y baja, aunque había una respetable cantidad de angloparlantes de tendencia liberal) dominó buena parte de los últimos meses de 1955 y de los primeros de 1956, mientras Perón ideaba formas de resucitar su alicaído gobierno y enfrentar las tensiones que surgían en la sociedad argentina.

Pero ni siquiera el debate sobre la conveniencia de transformar a la Argentina en una república pudo detener la ola de descontento que sobrevino en 1956 al empeorar la situación económica y salir a la luz nuevos escándalos gubernamentales. En medio del descontento estalló una nueva señal de alarma cuando varios sindicatos del sector industrial protagonizaron una huelga en Buenos Aires, White Bay y Córdoba; era la primera vez en la historia argentina que los sindicatos desafiaban abiertamente a la conducción del Partido Laborista con un paro.

En cuestión de pocos años, e incluso de meses, un gobierno que se perfilaba como arrollador e incontenible en su empuje se encontró acorralado y a la defensiva ante una sociedad conflictiva, una política en creciente tensión, una economía en estado crítico y una opinión pública cada vez más adversa. Aunque se barajaron tantas explicaciones para este sorprendente declive como opiniones hay sobre Perón, tal vez la más adecuada fue la que hizo Arturo Frondizi, por entonces un prominente parlamentario del Partido Cívico: “No sabremos nunca si Perón era un militar que no pudo adaptarse a la política, un supino incompetente, un genio incomprendido o un aspirante a tirano, pero lo que si tenemos perfectamente claro es que, sea lo que fuere que quería hacer, lo quiso hacer demasiado rápido”.

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Continúa el próximo jueves...

Los perros se parecen a sus dueños

Ya sé que esto caería dentro de la categoría de las perogrulladas, pero en estos días estuve cayendo en la cuenta de cuánto se parecen los Estados a las clases de personas que detentan el poder a lo largo de la historia. Acepto sus chocolates por la noticia, pero no muchos que todavía tengo que pasar las Fiestas.

Pongámoslo así; en la antigüedad, aquellas naciones gobernadas por una élite guerrera eran más bien un Ejército con un aparato estatal que lo abastecía y le cumplía las tareas administrativas, y el principal negocio de estas naciones era el expansionismo armado. Quizás el más claro ejemplo de esto sea el Imperio Romano, que en la práctica terminó siendo no ya una dictadura militar (que es algo transitorio y excepcional) sino una verdadera estratocracia, es decir, un sistema político en donde el poder estaba en manos de los jefes militares. A tal punto es esto que la traducción más apropiada para el término que nos legaron para definir al líder del imperio, imperator, es "comandante en jefe".

O veamos sino las teocracias: no son más que un culto con poder político, en donde las decisiones políticas y las acciones de gobierno tienen menos que ver con cuestiones administrativas o de gestión que con nebulosas interpretaciones de la voluntad de la deidad de turno. Su expansionismo, si existe y es muy probable que así sea, está no tan orientado a la conquista de los territorios sino a la de los corazones y mentes.

Pasando a las grandes potencias mercantiles de los siglos XVI a XIX, nos encontramos con Estados que en la práctica no eran más que vendedores excepcionalmente agresivos de sus productos e intereses comerciales, al menos hasta que decidieron que no venía mal una buena dosis de expansionismo territorial. Más que en los franceses o en los británicos (cuyas colonias empezaron como factorías), pienso más en los holandeses o en los portugueses, países de comerciantes si los hay.

Ni qué hablar de los regímenes totalitarios de partido único, sean inaceptables para la corrección política como el nacionalsocialismo o el fascismo o "perdonables" para la progresía como los sistemas comunistas. Nada importa más en estos sistemas, nada es tan eficiente, nada es tan vital, como el aparato de control y represión que construyen para uniformar el pensamiento y la opinión, para infiltrar cada aspecto de la vida individual y social y pervertirlo al servicio del Partido, para poner al líder o a la ideología de turno al tope de la pirámide de lealtades y afectos de las personas.

Hasta ahora muy bien, pero ahora apliquemos todo esto a las democracias occidentales de corte moderno.

Convengamos que la idea de base de las repúblicas democráticas es admirable: crear un régimen en donde todos los habitantes sean iguales ante la ley y en donde el criterio para gobernar no sea algo basado en principios hereditarios, teocráticos, comerciales o en la fuerza bruta misma, sino en la razón y el sentido común compartido por la mayor parte posible de la sociedad.

El problema es la degeneración que hemos estado experimentando, quizás más acá en la Argentina y en Sudamérica que en otros lados, pero ciertamente extendida por todo el mundo occidental. Esa visión racional que mencioné en el párrafo anterior pasó a convertirse en un verdadero pacto suicida entre una sociedad caprichosa, vaga y deseosa de ser mantenida en sus fantasías y caprichos a como dé lugar, y una clase dirigente que sabe que el camino al éxito pasa por decirle al vulgo lo que éste quiere oír, por recompensar con subsidios y prebendas convenientemente a aquellos que vienen a adornarlos, y por manejar bien el arte de ser la nada misma para después poder dar la impresión de ser todo para todos.

¿Tenemos derecho a sorprendernos entonces de que los Estados democráticos modernos sean masas disfuncionales de burocracias obesas e inútiles que no hacen más que cuidar las quintitas de los acomodados de siempre, y que no sean capaces de actuar de otra forma que no sea repartiendo prebendas y perpetuando la ilusión insostenible de que se puede vivir de arriba?

¿Nos podemos sorprender de que siendo el principal criterio para llegar al poder la habilidad de caerle bien al vulgo, nuestras elites dirigentes sean incapaces de tomar decisiones difíciles que les hagan perder popularidad y prefieran siempre esconder el problema para que le explote a otro?

¿Nos tenemos que dar por sorprendidos de que en Estados en donde se privilegia "la toma de decisiones políticas" por sobre la habilidad o la competencia, las políticas que se pongan en marcha sean de una incompetencia supina y criminal, sea acá, en los Estados Unidos Obamistas o en la Unión Catástrofeuropea?

Elegimos demagogos; no tenemos derecho a quejarnos de que el resultado sea demagogia.

No sé, son cosas en que me puse a pensar.

En otro orden de cosas, también pensé un rato sobre esta maratón legislativa en la que vive nuestro Congreso de rascabolas y que nos desayuna con las noticias de leyes próximas a ser aprobadas que establecen controles al papel de diarios y una redefinición tan vaga de lo que constituye "terrorismo" (me mata sobre todo la parte que dice que es terrorismo cuando se quiere obligar a que el gobierno haga o deje de hacer algo) que prácticamente cualquier cosa cae en la volada.

Lo único que tengo para decir al respecto es que el pueblo argentino decidió en el referéndum cotidiano de la vida que la libertad y la ley no valen un escroto y que de nada sirve insistir en el valor de esos principios, porque como siempre suele suceder, recién van a descubrir su importancia y su valor cuando la Argentina los haya perdido por el simple expediente de no haber sabido ni merecerlos ni custodiarlos.

Que este futuro del 54% sea con felicidad.

Una historia paralela de la Argentina (Parte 13)

UNA HISTORIA PARALELA DE LA ARGENTINA (1806-2010)

13. Posguerra (1945-1951)

En una conferencia llevada a cabo en Mandeville Hall tres días después del anuncio del llamado a elecciones anticipadas, los principales líderes partidarios del país acordaron poner fin a la Coalición Nacional que los había unido desde 1930. Este segundo anuncio no provocó mayores inquietudes en la sociedad argentina, que al igual que el resto del mundo estaba todavía viviendo la euforia del fin de la guerra.

Durante la campaña, que se llevó a cabo con inusual calma, los partidos políticos hicieron hincapié en sus planes para devolver a la Argentina a la normalidad y adaptar las fuerzas nacionales empleadas para la guerra a los desafíos que exigía la paz reconquistada. Aunque la Coalición Nacional ya había sido disuelta, los distintos partidos acordaron poner en práctica ciertos principios comunes para el “retorno a la normalidad”, en particular en lo referido a la desmovilización militar e industrial.

Quizás por asociación con la figura de Christopher Glover, el Partido Nacional obtuvo una mayoría propia en la Cámara de Representantes y ungió a su nuevo líder y antiguo Ministro de Industria Nacional, Harold Townsend, como Primer Ministro. El Partido Cívico se convirtió en la oposición oficial, mientras que conservadores y laboristas alcanzaban una virtual paridad en cantidad de escaños.

El gobierno de Townsend anunció entonces su plan de “retorno a la normalidad”. Un complejo cronograma de desmovilización elaborado por el Ministerio de Guerra y Marina preveía el retorno a un nivel de fuerza correspondiente a las necesidades nacionales en tiempo de paz, en base al cual los conscriptos serían dados de baja del servicio paulatinamente de acuerdo a su edad y tiempo en servicio, y los regimientos de reserva que habían sido movilizados volverían a su situación previa. Se les dio prioridad especial a aquellos miembros de las fuerzas armadas que por sus capacidades y educación serían vitales para la reconversión nacional a una economía de paz. Al cabo de ocho meses, casi setecientos mil argentinos volvieron a la vida civil, dejando a las fuerzas armadas con un total combinado de ciento cincuenta mil efectivos.

En cuanto a la estructura de tiempos de paz de las Fuerzas Armadas, la misma puso énfasis en las capacidades que requería la Real Armada Argentina para controlar las aguas en torno al Cono Sur y el Pasaje de Drake, y garantizar la protección de las vitales vías de comunicación marítima de las que dependía el comercio exterior del país y el respaldo logístico y material de las tropas argentinas estacionadas en el Viejo Continente en caso de que la incipiente “guerra fría” entre Occidente y la Unión Soviética se tornara caliente. Aunque la vasta flota de tiempos de guerra pronto fue reducida, lo que quedó fue una fuerza cohesionada, profesional y tecnificada centrada en dos portaaviones ligeros y capaz de hacer valer su peso en el Atlántico Sur sin el cada vez más tenue apoyo de la Royal Navy británica.

No se descuidó al Ejército, que abandonó su tradicional concepto de milicia territorial complementaria del Ejército Británico para convertirse en una verdadera fuerza profesional con abundancia de medios blindados y mecanizados, aprovechando las lecciones duramente aprendidas durante la guerra, mientras que la Fuerza Aérea aprovechó el auge de la propulsión a chorro para reinventarse como una fuerza militar altamente capacitada en misiones de apoyo a las fuerzas de tierra, transporte estratégico y defensa aérea.

La desmovilización económica se realizó a través de devoluciones de los materiales y propiedades incautados para usos militares, de la venta de propiedades y bienes adquiridos y producidos para satisfacer las necesidades bélicas y de la disolución de numerosas empresas y corporaciones constituidas para ayudar al esfuerzo de guerra. A excepción del material bélico que se conservaría para el servicio militar en tiempos de paz, lo que no pudo reconvertirse para usos civiles fue puesto en reserva, vendido al extranjero como rezago o desmantelado.

La repentina irrupción en la fuerza laboral de los soldados desmovilizados, de los trabajadores de las antiguas industrias de guerra y de las mujeres que habían sido movilizadas para colaborar con el esfuerzo bélico provocó una verdadera revolución en la economía nacional, una que al principio amenazó con romper el delicado balance necesario para la reconversión.

En tal sentido, el gobierno de Townsend propuso al Parlamento una ley que, en la línea de la “G.I. Bill” norteamericana, garantizara a los militares desmovilizados el acceso a la educación universitaria o técnica de su elección y un seguro de desempleo de un año máximo de duración. Esta norma, junto al plan nacional de viviendas que aprobó el Parlamento, demostró su validez rápidamente, ya que en los años inmediatamente posteriores a la guerra se produjo una explosión demográfica que convirtió a una gran cantidad de los desmovilizados en padres de familia.

En materia diplomática, Townsend dio un fuerte apoyo a las Naciones Unidas al tiempo que propiciaba la colaboración militar de la Argentina en la ocupación de Alemania y Japón. Además, este gobierno dio comienzo a un gran viraje en la política exterior argentina, al perseguir una relación cercana y cooperativa con la gran potencia emergente de la guerra, los Estados Unidos, en detrimento de los lazos históricos de la Argentina con el Reino Unido.

Dentro de estos lineamientos políticos, la Argentina se convirtió en parte fundadora del naciente sistema interamericano y de la Organización de Estados Americanos, y al producirse en 1950 la invasión de Corea del Sur por sus vecinos comunistas del norte, el gobierno argentino dispuso el envío de tropas para que se integraran a las fuerzas de las Naciones Unidas en la península coreana.

A pesar de este clima de vuelta a la normalidad, ya estaban puestas las bases para un cambio significativo en la política argentina. La guerra y las medidas de posguerra habían traído aparejados cambios sociales radicales, que iban desde la irrupción incontenible de la mujer en el mundo laboral hasta la explosión de natalidad y una expansión sin precedentes de la población con educación universitaria. Por más “retorno a la normalidad” que Townsend y su gobierno impulsaran, la sociedad argentina jamás volvería a ser lo que fue hasta 1939.

Los partidos tradicionales de la sociedad argentina eran conscientes de estos cambios y comenzaron a surgir nuevos liderazgos que con mayor o menor éxito, dependiendo de las resistencias internas que debieran enfrentarse. Si bien se produjo entre 1948 y 1950 un recambio generacional significativo en todos los partidos políticos, en ninguno de ellos fue tan estruendoso como en el Partido Laborista, quien encontró por primera vez a un líder tanto carismático y movilizador como capaz de ganarse el apoyo de otros sectores además de los que tradicionalmente seguían al partido.

A primera vista, nada tenía que hacer en la dirigencia del Partido Laborista un militar retirado; las fuerzas militares eran vistas por el laborismo clásico como herramientas opresoras de la burguesía, mientras que si había un partido al que los militares argentinos veían con recelo, era el mismísimo laborismo. Sin embargo, nadie pudo intuir lo que ocurriría en las elecciones internas del laborismo que se celebraron a fines de 1948.

En esas internas se enfrentó a la hasta entonces todopoderosa línea de Henry Dickmann una nueva agrupación cuyos fundadores eran en su mayoría antiguos militantes del Partido Cívico desencantados con la Coalición Nacional, pero cuyo personaje más llamativo y relevante era el brigadier Juan Sebastián Perón, recientemente retirado del Ejército Argentino.

Perón era un nombre familiar para la sociedad argentina por sus hazañas en la Segunda Guerra Mundial, primero al frente del tercer batallón del Real Regimiento Argentino y luego como comandante de la Quinta Brigada de la FEA en el frente italiano, destacándose particularmente durante los brutales combates de Monte Cassino. Aunque la guerra consagró a muchos líderes militares en el imaginario público, Perón era uno de los pocos que podía presumir de haber combatido en el frente en lugar de dirigir la guerra desde un cuartel general.

A su retorno a la Argentina, Perón fue destinado como representante militar del plan de desmovilización, para lo cual debió visitar prácticamente cada acantonamiento de tropas argentinas disperso por el mundo e informar a los miembros de las Fuerzas Armadas sobre las medidas que el gobierno había tomado para facilitar su reinserción en la vida civil. Fue en cumplimiento de estas tareas que Perón se convirtió en el rostro visible de la vida que les esperaba a los cientos de miles de argentinos de uniforme que serían desmovilizados.

Con sus posibilidades de ascenso reducidas a causa de la vasta reducción de las Fuerzas Armadas a niveles apropiados para una situación de paz, el brigadier Perón pasó a retiro en 1948 e inmediatamente entró en contacto con figuras del Partido Cívico. A pesar de su imagen favorable, Perón no logró hacer pie en el partido tradicional de la comunidad hispanoparlante, que por entonces experimentaba una feroz lucha interna motivada en parte por el legado de la Coalición Nacional. Sin desanimarse, Perón reunió en torno suyo a muchos jóvenes descontentos del Partido Cívico y los condujo a la disputa interna del Partido Laborista.

En las internas laboristas Perón obtuvo un triunfo resonante y completamente inesperado, que muchos atribuyeron a su perfil como héroe de guerra, a su presencia pública y a su cercano vínculo con los cientos de miles de combatientes desmovilizados, lo que contrastaba con el tradicional liderazgo laborista que encarnaba el anciano líder Henry Dickmann.

Con Perón al frente, el Partido Laborista dio un giro copernicano en su plataforma política. Atrás quedaron las antiguas proclamas socialistas, reemplazadas por un discurso ajustado a la clase media que surgía de la posguerra, y la histórica afinidad con la Unión Soviética, país hacia el que Perón y los “jóvenes turcos” que lo rodeaban sentían una profunda desconfianza. La ideología personal de Perón era más nebulosa y presentaba un pragmatismo feroz, pero en líneas generales tenía reminiscencias del ideario de Juan Manuel de Rosas: nacionalismo hispanoparlante (aunque atemperado considerablemente), tradicionalismo católico, una concepción estatista de la economía e ideas de corte más norteamericano que británico en lo político.

De cualquier forma, el nuevo rostro que Perón logró imprimirle al laborismo y su carisma personal fueron determinantes para que el partido prácticamente duplicara su caudal de votos en las elecciones generales de 1949. En esos comicios el laborismo continuó ocupando el tercer lugar, pero estaba a sólo ocho escaños del Partido Cívico y había logrado impedir que el Partido Nacional obtuviera una mayoría por derecho propio, lo que forzó al nuevo líder nacional, Geoffrey O’Donnal, a labrar una difícil alianza con el Partido Conservador para poder convertirse en Primer Ministro.

La gestión de O’Donnal estuvo plagada de problemas desde el primer día. No sólo debía enfrentar a la formidable presencia de Perón en la oposición, sino que su propia coalición con los conservadores se vio dificultada por la reticencia de estos últimos hacia las políticas sociales puestas en marcha por el gobierno de Townsend. Las arduas negociaciones para la conformación del gabinete fueron sólo el comienzo de una compleja y difícil relación entre los dos socios de la coalición de gobierno.

Fue por decisión de O’Donnal que la Argentina envió tropas a la guerra de Corea, lo que Perón aprovechó para presentar al Primer Ministro como un belicista que no comprendía el deseo de paz de la sociedad argentina tras la Segunda Guerra Mundial, y mostrar al laborismo como un partido adecuado a los anhelos de la generación de posguerra.

El gobierno del Partido Nacional también debió lidiar con una brusca desaceleración de la economía a comienzos de 1950, una vez que el efecto de la readaptación a una economía de tiempo de paz quedó en el pasado y se acercaba el momento de pagar los considerables empréstitos contraídos durante la guerra. Esta compleja situación, sumada a los perjuicios provocados por una tasa de inflación que se mantenía constante desde el final de la guerra, erosionó la confianza de la ciudadanía en la capacidad de gestión del Partido Nacional.

O’Donnal no sólo debió enfrentar el desafío opositor, sino también las tensiones en la alianza con los conservadores e incluso el surgimiento de liderazgos alternativos dentro de su propio partido. Conforme el equilibrio de fuerzas en la Cámara de Representantes se tornaba más inestable, el programa legislativo del gobierno de O’Donnal sufrió trabas y demoras de todo tipo, llevando la situación del gobierno a un punto insostenible.

El final de la breve y vertiginosa agonía de Geoffrey O’Donnal llegó el 5 de marzo de 1951 cuando, con el voto de laboristas, cívicos y numerosos nacionales y conservadores disidentes, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto para aumentar los aranceles a las exportaciones. En una repetición de las circunstancias que llevaron a la caída del gobierno de Hipólito Irigoyen 29 años antes, O’Donnal no tuvo más alternativa que acatar la tradición constitucional que fijaba que el rechazo parlamentario a un presupuesto o a una medida impositiva equivalía a un voto de censura contra el gabinete, al que se debía responder o presentando la renuncia o disolviendo el Parlamento y llamando a nuevas elecciones.

La decisión de O’Donnal fue disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas para el 28 de abril de 1951. La campaña de ese año fue el opuesto completo de la de 1945 y está considerada como una de las más agrias y conflictivas de la historia argentina, con ataques e idas y vueltas entre los candidatos que superaban cualquier tipo de respeto previo. Conforme se acercaba la fecha de las elecciones y crecía el laborismo, O’Donnal y el Partido Nacional actuaban con mayor nerviosismo, lo que les hizo cometer gravísimos errores como insinuar que Perón tenía simpatías nazis; en una respuesta que algunos dicen que le hizo ganar la elección y desacreditar por completo a O’Donnal, Perón mostró ante las cámaras las heridas que recibiera en Monte Cassino, explicando que los agujeros de bala eran “lo único nazi” que tenía en su cuerpo.

Los resultados de las elecciones fueron categóricos: el Partido Nacional había quedado tercero en cantidad de bancas, mientras que los conservadores apenas pudieron mantener un tercio de los escaños previos a la elección. Aunque no obtuvo suficientes bancas para alzarse con una mayoría absoluta, el Partido Laborista de Perón podía contar con el respaldo del Partido Cívico para tener un control indiscutido de la Cámara de Representantes. En el Senado, en cambio, la relación de fuerzas era más equilibrada, lo que le daba a nacionales y conservadores la posibilidad de complicar los planes del nuevo gobierno.

El 1 de mayo de 1951 el brigadier Juan Sebastián Perón fue juramentado como Primer Ministro de Argentina, convirtiéndose en el primer laborista en ocupar el máximo puesto del gobierno nacional.

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