El conflicto con Uruguay por las papeleras de Fray Bentos ha escapado de toda lógica.
Mientras el gobierno argentino no da pie con bola para encontrar una estrategia que ponga fin al absurdo, los asambleístas de Gualeguaychú insisten en acciones cada vez más directas para lograr sus objetivos, mientras consideran cualquier intento de arreglo con Uruguay como si fuera una "traición" si no incluye la cancelación (no ya la relocalización) de las papeleras.
Que el gobierno es el gran responsable de esta locura, no cabe la menor duda: primero hizo suya la causa de los asambleístas como forma de lograr respaldo político y llevó la disputa hasta La Haya, pero cuando la Argentina perdió de manera aplastante en la Corte Internacional, intentó volver a poner al genio en la botella y contener a los asambleístas, los cuales a esta altura del partido están tan fanatizados que se hallan fuera de control.
La política del Gobierno busca así los siguientes objetivos:
1) Restaurar las relaciones con Uruguay (
para evitar escaladas de la crisis) pero sin dejar de insistir en la cancelación de las pasteras (
para no aparecer como "traidores" ante la Asamblea ecologista)
2) Desmovilizar a los asambleístas (
para evitar mayores derrotas y futuras denuncias en foros internacionales por los cortes de ruta) pero sin condenarlos explícitamente ni tomar acciones para liberar los cortes (
para no granjearse la crítica de los sectores "progresistas" que constituyen la base de apoyo de Kirchner)
A simple vista, la política del Gobierno es contradictoria e insostenible. Y está condenada al fracaso.
Pero a los asambleístas les cabe una enorme responsabilidad por el actual estado de crisis, al encerrarse en una postura talibana cerrada a cualquier forma de arreglo. Su propia estrategia de cortes de ruta, acciones directas y manifestaciones por tiempo indeterminado es su peor enemigo, ya que permite a Uruguay mostrar ante el mundo que la Argentina emplea (o tolera) acciones de fuerza para lograr sus objetivos. El amor por su tierra natal es entrañable, pero no es justificación para acciones que lleven a una confrontación violenta o para arrastrar a la Argentina a un conflicto. La política exterior no puede estar en manos de masas fanatizadas ni basarse en sus opiniones.
Peor aún, los asambleístas crearon una estructura ideológica que hace imposible el diálogo. Desde hace algún tiempo, sus referentes insisten con la idea de la "licencia social", que en castellano simple es el supuesto derecho que tienen a vetar cualquier acción, sea en la Argentina o en Uruguay y sin importar la legalidad o legitimidad de la misma, que en su opinión pueda afectarlos. Esos referentes también insisten en desconocer cualquier opinión o estudio científico que no respalde su postura, lanzando acusaciones de "ser funcionales a Botnia" o de "conspirar contra la Argentina". Incluso la Corte Internacional de Justicia, que antes de su fallo iba a ser la que reivindicaría la postura de los asambleístas, pasó a ser ahora un ente corrupto y dudoso al servicio de Botnia y Uruguay.
¿Cómo se soluciona el conflicto? Como primero y principal, alguien va a tener que decirle a los asambleístas de Gualeguaychú que se acabó, que su movilización es más perjudicial que beneficiosa y que tiene que terminar, que la postura argentina ha sido derrotada y que no es justo que el resto de la Argentina se vea arrastrada por sus acciones.
Segundo, se le debe exigir al Gobierno que asuma una política seria, consciente, sin contradicciones y sin demagogias respecto del conflicto, el cual debe ser manejado con la seriedad que corresponde. Es imprescindible que Néstor Kirchner entienda de una vez que él no es un ciudadano privado que puede decir lo que se le dé la gana, sino que es el Presidente de la República y que sus palabras van a ser interpretadas por el resto del mundo como la palabra oficial de la Argentina, y que por eso debe ser extremadamente responsable a la hora de hablar.
A esta altura de los hechos, es probable que el conflicto esté fuera de toda solución que regrese al estado de cosas anterior. Sólo queda hacer "control de daños". Teniendo en cuenta la situación actual, la solución más probable debe pasar por:
- Aceptar como hecho irreversible la finalización de Botnia, dadas las derrotas de la postura argentina en todos los foros internacionales, el estado avanzado de construcción, el logro del financiamiento y el apoyo de Uruguay a la inversión.
- Manejar la cuestión al más alto nivel posible (Presidentes, cancillerías y embajadores), evitando y desautorizando la participación de terceras líneas (tales como Jorge Busti, Romina Picolotti y Jorge Argüello) y asegurando una postura uniforme y no contradictoria.
- Cambiar el objetivo de la acción diplomática argentina de "detener las papeleras" a "establecer un sistema de monitoreo, control y protección bipartito y mutuamente satisfactorio".
- Integrar a Gualeguaychú a la nueva situación productiva de la región, como proveedora de bienes y servicios de forma que puedan compartir algunos de los beneficios y ganancias.
- Desmovilizar a los asambleístas y responder contra cualquier tipo de acción directa que agrave la situación. Esto incluye vigilar de cerca a grupos de intereses dudosos como Greenpeace.
Cuanto antes se pueda iniciar con un arreglo serio entre las partes, mejor va a ser para todos.